03/09/2018 EL ECONOMISTA

La tregua de la estiba corre el riesgo de llegar a su fin. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto la lupa sobre el acuerdo de subrogación universal incluido el año pasado en el IV Acuerdo Marco para poner fin a la escalada de tensión y la oleada de huelgas en los puertos y está a un paso de declararlo ilegal. Y es que, el superregulador ultima una multa millonaria a las compañías de la estiba por firmar acuerdos con los sindicatos contrarios a la ley que liberalizó el sector a través del Real Decreto Ley 8/2017 respaldado por el Congreso de los Diputados con los votos en contra del PSOE y Podemos. El Gobierno del PP se vio obligado a cambiar la legislación después de que Tribunal de Justicia de la UE concluyera en 2014 que la Ley española violaba el artículo 49 del Tratado de la UE sobre la libre prestación de servicios.

El superregulador envió a las partes en julio la Concreción de Hechos del expediente sancionador abierto en 2017 en el que se explica «la conducta ilícita que se ha encontrado, se justifica con hechos concretos y se señala la sanción», informan fuentes cercanas a la investigación. Las empresas de la estiba y los sindicatos liderados por Coordinadora ya han presentado sus alegaciones. Ahora el expediente volverá a ser estudiado por el Consejo de la CNMC y en los próximos meses (septiembre-octubre) se publicará la resolución en la que, tal y como informan fuentes de sector, se declarará ilegal el acuerdo de subrogación universal y se multará a las compañías portuarias. La sanción puede llegar a ser el 10 por ciento de la facturación anual de la filial española y en este caso se pondría la más alta. Esta sería la segunda multa que Competencia pone a las empresas de la estiba por sellar pactos con los sindicatos contrarios la ley. La primera fue en Vigo.

Pactos contra la libre competencia
Así, fuentes del sector apuntan a que el organismo que preside José María Marín Quemada considera que es ilegal que patronal y sindicatos firmen acuerdos que obliguen a las empresas a contratar a todos los estibadores de las SAGEP, que están llamadas a reconvertirse en Centros Portuarios de Empleo (CPE), y que están integradas por familiares de los estibadores. Una opinión que comparte Joaquim Coello, presidente de la patronal Asoport, que aseguró en declaraciones a este diario que «la subrogación de los estibadores tal y como está planteada incumple directamente el espírtu de la ley que se aprobó el año pasado y es ilegal».

No en vano, fue este acuerdo lo que hizo saltar por los aires la unidad de la patronal Anesco. Una parte de las empresas que la componían, entre las que se encuentran Algeposa, Erhardt, Ership, Grupo Nogar, Noatum Maritime, Pérez Torres Marítima, Servimad o Toro y Betolaza, se negaron a firmar la subrogación y abandonaron la patronal para crear otra: Asoport. Aun así, Anesco sigue teniendo la mayoría de la representación del sector por lo que la renegociación del convenio colectivo recae sobre ella. Esta asociación está compuesta por los grandes grupos como APM Terminals, de Maersk, TTI Algeciras o Tercat, que operan en los pueros con mayor tráfico de contenedores: Algeciras, Barcelona y Valencia.

Aunque Anesco es el interlocutor prioritario para aprobar el V Acuerdo Marco, que debe establecer las bases de las nuevas relaciones laborales entre estibadores y empresas tras el cambio legislativo, lo cierto es las negociaciones llevan casi un año bloqueadas. Fuentes del sector explican que lo primero que quiere blindar Coordinadora es la subrogación universal, un punto que las empresas de Anesco no quieren firmar ante el temor de que sea declarado ilegal y se jueguen más sanciones. «Las negociaciones del V Acuerdo Marco siguen su curso pero lógicamente necesitan del desarrollo normativo para poder prosperar», explican otras fuentes empresariales.

Bajo la lupa de Competencia… y de la UE
Así, tanto Coordinadora como Anesco está esperando a que el Gobierno apruebe el desarrollo normativo del Real Decreto Ley para saber que pueden pactar. El segundo borrador del texto, que lleva meses guardado en un cajón, deja vía libre a las partes a pactar la subrogación universal en el convenio colectivo. Un punto que no está bien visto ni por la CNMC ni por la UE, que todavía no ha cerrado el expediente abierto contra España a la espera de ver como se aplica la normativa. El secretario de Estado, Pedro Saura, aseguró en julio que el texto todavía tenía que mandarse a Bruselas para que diera luz verde a ayudas a las prejubilaciones.

El problema con la subrogación universal es que va en contra de los principios de la ley aprobada el año pasado que incluye una disposición transitoria que obliga a la empresas a cubrir el 75% de su actividad con personal de las SAGEP durante el primer año; del 50%, el segundo y del 25% el tercero. El resto de la mano de obra la pueden contratar de los CPE, otras ETT o del mercado incorporándolos a sus plantillas.

Ante la falta de acuerdo y la ausencia del desarrollo normativo, el pasado mes de mayo, cuando decaía el IV Acuerdo Marco, y ante la amenaza de una nueva huelga, el Gobierno aplazó seis meses más la vigencia del mismo. Plazo que empezará a contar cuando se apruebe el texto legal.

Así, en los puertos donde operan las empresas que pactaron la subrogación, la situación no ha cambiado todavía. Sin embargo, en ciertos puertos de pequeño tamaño, como son los gallegos a excepción de Vigo, Huelva o Cartagena; se está llevando a cabo la disolución de las SAGEP e incorporación de las plantillas a las empresas, lo que permite a las firmas tener una mayor capacidad de organización del trabajo.