09/07/2018 EL PAÍS
El comercio mundial es marítimo, más del 90% se hace por mar. En España también, el 95% con terceros países y el 55% con la Unión Europea (UE). El Tribunal de Justicia de la UE condenó a España en diciembre de 2014 por una legislación portuaria contraria al artículo 49 del Tratado de la Unión. La ley española obligaba a las empresas estibadoras, encargadas de gestionar la carga y descarga de los barcos en los puertos, a participar de manera obligatoria como accionistas en los pools, que en cada puerto disponen de la mano de obra que se utiliza para este fin, y a subcontratarles esta en exclusiva.
El problema viene de lejos. La carga y descarga de los barcos era en el pasado, con un tráfico mucho menor que el actual, un trabajo discontinuo. Ahora, con la globalización, no es así. Los puertos son, por su naturaleza, críticos para el comercio y, por tanto, para la economía nacional. Una paralización de los puertos de una semana supone daños económicos para España de 350 millones de euros y unas pérdidas para el sector de la estiba de 60 millones. Esta es la clave de por qué domina el sector un solo sindicato que engloba a más del 90% de los trabajadores. La empresa que se opone a sus intereses sufre huelgas encubiertas “dedicadas”, ritmos lentos de trabajo o vandalismo que, por su efecto económico e impacto comercial, las empresas no están en condiciones de soportar.
Este monopolio, protegido hasta ahora por la ley, ha tenido tres efectos: el trabajo es organizado rígidamente por el sindicato, que asigna quién trabaja y dónde, y no por las empresas, y no es por tanto eficiente. Las horas de trabajo no son las 1.700 horas al año de una jornada laboral normal, sino 1.500 horas porque los estibadores se contratan diariamente por barco y no por terminal. El tercer efecto son salarios entre dos y tres veces superiores a cualquier otro sector con habilidad profesional y experiencia equivalente. Las subidas salariales han sido en los últimos ocho años superiores en un 10% al IPC. Por tanto, no es extraño que la Comisión Europea (CE) haya obligado a España a modificar una ley tan opuesta a la libre competencia.
El Gobierno negoció con la CE la modificación de la legislación española para cumplir la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. El Real Decreto Ley (RDL) correspondiente fue aprobado por las Cortes el 12 de mayo de 2017. La base es la liberalización progresiva del sector. La voluntad de los sindicatos de mantener la situación actual ha forzado a las empresas bajo amenaza de huelga a mantener las actuales condiciones del monopolio obligando a subrogar por las empresas a todos los trabajadores. Esta situación, contenida en el Convenio Colectivo sectorial, incumple el espíritu y la letra del RDL. De hecho, supondría la violación del pacto del Gobierno con la CE. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto de oficio expediente contra la resolución de subrogación que considera contraria a la competencia. La CE, igual que la CNMC, no aceptará que el Gobierno español anule la reforma en curso cediendo ante el sindicato.
Se confirma una vez más una regla de oro del mercado: nunca un monopolio puede ser eliminado por pacto entre las partes como pretende el sindicato; debe ser regulado por ley, que obligue necesariamente a quien lo detenta, es decir al sindicato. La reforma de la estiba es importante, no tanto por la situación de privilegio de unos trabajadores, sino para devolver a las empresas el control y organización del trabajo, hoy en manos del sindicato, que va en perjuicio de la economía española. La criticidad de una huelga en los puertos, que tiene un efecto devastador en la economía, es la palanca utilizada por este para mantener el abusivo monopolio actual. El Reglamento que el Gobierno pretende ahora aprobar en desarrollo del RDL y el alargamiento de los plazos para la negociación colectiva recogida en su propuesta de modificación de la ley de Presupuestos consolidaría este incumplimiento. Es por ello que los conflictos del Gobierno español con la CE y de la CNMC con el Sindicato continuarán.
El fin de ese monopolio supondrá un incremento de las exportaciones de unos 500 millones de euros al año y un incremento del PIB nacional de 2.000 millones. Es nocivo e ilegal mantenerlo.