Del Moral confía en que la mesa de diálogo con los cargadores continué su trabajo y pide flexibilidad a ambas partes

28/05/2018 AEUTRANSMER

Así lo manifestó el Director General de Transporte Terrestre en la Asamblea General de la Asociación de Empresas de Transporte Internacional (ASTIC), que tuvo lugar el pasado viernes en Madrid.

Marcos Basante, presidente de ASTIC, hizo un balance de la situación que vive la asociación que representa y que está integrada por pocas empresas, pero de tamaño grande y que dan empleo a un elevado número de trabajadores.

El sector está atravesando un momento de profundos cambios y tiene que hacer frente a un conjunto de amenazas entre las que se encuentran el incremento del precio del combustible, el alza de los intereses o la escasez de conductores.

Tampoco hay que olvidar según Basante otras cuestiones que dificultan su trabajo, como son la Coordinación de Actividades Empresariales, el nuevo Real Decreto de Inspección Técnica (estiba), el mal estado de la red viaria, o la sombra de la economía colaborativa que supondría una competencia desleal frente a otras empresas que soportan una alta carga fiscal. En palabras de su presidente, ASTIC se mostrará beligerante en este tema.

Por su parte, el Director General de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral comenzó su intervención recordando que los costes de las empresas de transporte siguen creciendo mientras que los precios no lo hacen al mismo ritmo. Confía del Moral en que la mesa de diálogo con los cargadores continué su trabajo y pide flexibilidad a ambas partes. Deja claro que su administración no apoyará ninguna modificación de las masas y dimensiones si no hay acuerdo entre transportistas y cargadores.

En relación al ROTT, informa que estará publicado entre octubre y noviembre, para entrar en vigor el 1 de enero de 2019.

Por último, respecto al paquete de movilidad, informa del Moral que las posturas de los diferentes Estados Miembros están todavía muy enfrentadas, por lo que no se vislumbra un próximo acuerdo. Mientras tanto, se ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta según la cual, transcurrido un plazo que oscilaría entre 4 a 6 semanas, el camión estuviera obligado a volver a la sede de la empresa, lo que contribuiría a la lucha contra las empresas buzón.

 

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