En busca de soluciones para el dumping social

23/02/2018 DIARIO DEL PUERTO

La nueva reforma de la Directiva de trabajadores desplazados que el Parlamento Europeo y el Consejo están en estos momentos negociando tiene previsto abordar aspectos específicos del sector del transporte por carretera ante la necesidad de evitar el dumping social y luchar contra el fraude. La reforma incluirá una directiva específica para el transporte por carretera y prevé equiparar la remuneración de un trabajador desplazado con un trabajador local.

En principio, esta normativa permitirá que un trabajador desplazado tenga la misma remuneración que el trabajador local si esta última es superior en cuanto a salario mínimo y otros complementos remuneratorios.

En marzo de 2016, la Comisión Europea lanzó la propuesta de reforma de la vigente Directiva de trabajadores desplazados con el objetivo de, entre otros, evitar prácticas de competencia desleal y luchar contra el fraude existente en el sector del transporte europeo de mercancías por carretera.

Según un estudio sobre el transporte internacional de mercancías por carretera publicado por el Ministerio de Fomento en 2016, en el mercado español se evidenció ese año un crecimiento de empresas transportistas radicadas en países del Este de Europa.

Un alto porcentaje de ese crecimiento correspondían a empresas deslocalizadas que pertenecían a empresas españolas con un gran número de flota y que controlaban casi una tercera parte del transporte internacional con origen o destino en España. A esta práctica se le conoce como dumping social. Las empresas trasladan su sede para reducir costes contratando a sus trabajadores con salarios más bajos y condiciones laborales inferiores.

Ante esta situación, las asociaciones de transporte españolas como ASTIC, CETM o Fenadismer han venido reclamando la exclusión del sector del transporte por carretera de la directiva de 2014 vigente alegando que perjudica gravemente al sector, fomentando el fraude. En palabras de Ramón Valdivia, director general de ASTIC, esta directiva vigente “no se adapta a las necesidades del transporte por carretera”.

Diferencias salariales
La directiva de 2014, conocida como “directiva de garantía de cumplimiento”, modernizó la legislación original y reforzó las medidas laborales para los trabajadores desplazados de la UE. Sin embargo, esta legislación siguió permitiendo las diferencias salariales entre trabajadores desplazados al establecer como salario mínimo el del país que contrata al trabajador, que en muchos casos puede llegar a variar hasta en un 50% con el salario mínimo del país de acogida, según datos del Parlamento Europeo.

En opinión de ASTIC, puesto que no parece viable que se excluya al sector de la directiva vigente ante las previsiones de la nueva reforma en camino, la patronal pide que se tome una medida particular: “Que no se considere al conductor como desplazado si realiza el descanso una vez cada cuatro semanas en el país de origen”.

Algunos países como Francia, según ASTIC, no son partidarios de excluir al transporte por carretera de la normativa, teniendo en cuenta que en Francia el transporte internacional supone el 8% del transporte total, cuando en España este porcentaje representa un tercio del transporte nacional. Para Fenadismer, la propuesta de ASTIC de no considerar al conductor que opera en transporte internacional como desplazado si realiza el descanso una vez al mes en el país de origen no es una solución factible.

El presidente de la Federación, Julio Villaescusa, rechaza la idea de considerar a un transportista meramente como un trabajador “transeúnte”, puesto que todo transportista debe estar bajo los parámetros del país de origen y en el que esté operando.

Julio Villaescusa explica que “la exclusión del transporte por carretera de la directiva no quita responsabilidad a la UE de aplicar un control a este tipo de trabajadores”, puesto que es necesario, “debido a la peculiaridad de este tipo de trabajadores, que se aplique una serie de medidas adecuadas a la situación de este tipo de profesionales”.

En esta idea también coincide Miguel Pereira, responsable de Relaciones Laborales de CETM, quien defiende la idea de que un conductor que realiza transporte internacional no se debe considerar trabajador desplazado, sino como un trabajador “móvil”. Sin embargo, asegura Pereira, las últimas prácticas de dumping social y empresas buzón que han aparecido en los últimos años y que perjudican al sector han provocado “que nos planteemos la necesidad de buscar una solución a los abusos”.

Esta solución vendría, coinciden las asociaciones, con la aplicación de una directiva específica al sector del transporte por carretera tal y como parece proponer Europa en su reforma. El presidente de Fenadismer insta a las autoridades europeas a “analizar con profundidad la situación de los trabajadores desplazados y establecer los mecanismos necesarios para poderlo controlar”.

Tramitación
En el mes de octubre de 2017, la Comisión de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores del Parlamento Europeo y los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE aprobaron su posición y dieron luz verde a comenzar las negociaciones con el Consejo, con el objetivo de encontrar un equilibrio entre los derechos sociales de los trabajadores y la competencia económica.

Dentro de estos derechos sociales, la nueva regulación quiere garantizar unas condiciones salariales justas y una protección social sólida para estos trabajadores desplazados, así como unas condiciones equitativas para las empresas.

Según lo acordado el 11 de octubre en el Comité Europeo, la reforma pretende garantizar una misma remuneración para el trabajador desplazado y el trabajador local, establecer el tiempo para dejar de considerar a un trabajador desplazado como tal a partir de los 12 meses, que se podrá extender a 18 meses. A partir de entonces no se consideraría a un trabajador desplazado y debe aplicarse la normativa del país de acogida.

Además, fijará la fecha de aplicación de la modificación de la directiva. Los Estados miembros deberán adoptar y publicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para cumplir la normativa antes de haber transcurrido tres años a partir de la entrada en vigor de la Directiva; y abordará la citada directiva específica para el desplazamiento en el transporte por carretera, como pedían las asociaciones españolas.

La aplicación de la Directiva en el sector del transporte por carretera se abordará mediante normas específicas que también reforzarán la lucha contra el fraude y el abuso, según el Parlamento Europeo. El programa de trabajo de la Comisión para este año 2018 incluye también la propuesta de la creación de una autoridad europea en materia laboral para abordar todos los problemas de movilidad laboral y seguridad social.

Competir
Con la aprobación de esta reforma, ha asegurado el Parlamento Europeo, las distintas empresas que contratan trabajadores desplazados podrían competir entre ellas ofreciendo distintas condiciones de trabajo y remuneración pero siempre que estas condiciones sean más favorables que las que exige el respectivo estado miembro de acogida.

La directiva pretende que exista una libertad de competencia y se garanticen unas condiciones laborales dignas para los trabajadores, impidiendo de ese modo la práctica del dumping social. De este modo, un trabajador desplazado de origen polaco que opere en España deberá tener unas condiciones laborales igual o superiores que un trabajador español.

De momento, han asegurado fuentes del Parlamento Europeo a este Diario, el Parlamento y el Consejo confían en comenzar a negociar en noviembre con la intención de lograr un acuerdo en “primera lectura” y teniendo en cuenta que la legislatura se agota en junio de 2019.

Por su parte, las asociaciones han intentado dar pasos hacia adelante e impulsar las negociaciones. CETM, asegura Miguel Pereira, se reunió en 2017 con la Dirección General de Empleo de España para abordar un posible estudio para la creación de una directiva específica para el transporte por carretera. Aunque la reunión terminó con un compromiso por parte del Ministerio, no se han vuelto a retomar las conversaciones desde entonces.

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