26/01/2018 DIARIO DEL PUERTO

El sindicato Coordinadora dio ayer un paso al frente para intentar evitar caer en la trampa convenial que representa el hecho de que son necesarios nuevos convenios antes del 14 de mayo acordes con la reforma de la estiba y, al mismo tiempo, es necesario para ello aprobar un reglamento que, comprometido en la propia reforma, sigue sin tener ni fecha ni horizonte previsto.

A través de un comunicado, Coordinadora, tal y como adelantó diariodelpuerto.com, anunció ayer que ha solicitado formalmente al Ministerio de Fomento posponer un año los plazos que contiene la reforma de la estiba en lo que respecta a los tres años de régimen transitorio para la contratación escalonada de las sociedades de estiba y en lo relativo a la caducidad antes del próximo 14 de mayo de todo precepto que en los convenios colectivos sea contrario a la reforma.

Hay que insistir en que esta. cuestión es muy relevante, toda vez que la disposición adicional primera de la reforma establece que existe un plazo de un año para adaptar los convenios sectoriales a la reforma, siendo nulo de pleno derecho a partir de entonces (14 de mayo de 2018) todo acuerdo que restrinja la libertad de contratación o limite la competencia.

Sindicatos y patronal tienen abiertas a nivel estatal y a nivel local diversas mesas de negociación precisamente para adaptar estos convenios a la nueva legislación, pero los acuerdos dependen de lo que finalmente se establezca en el futuro desarrollo reglamentario.

Sin reglamento
Ahora mismo la ausencia de reglamento impide adaptar los convenios, alertando ayer Coordinadora de que no va a haber tiempo material antes del 14 de mayo, exigiendo la ampliación en un año del citado plazo, pues además no hay horizonte para aprobar dicho reglamento.

Y es que, según Coordinadora, la carta que los estibadores enviaron a los ministerios de Fomento y Empleo tuvo la semana pasada una respuesta muy pobre, sin concretarse la fecha para la aprobación del reglamento e incrementando la preocupación y profundizando la incertidumbre de los trabajadores y trabajadoras.

Coordinadora calificó ayer de «vaga» la contestación por escrito de Fomento, «sin fechas ni compromisos de ningún tipo», optando el sindicato ayer por la mañana por remitir una nueva misiva a Fomento en la que plantea que dado que la tramitación del desarrollo reglamentario ha consumido hasta la fecha ya ocho meses y que previsiblemente se agotará el primer año desde la entrada en vigor sin que haya reglamento, es necesario «que se adopte con urgencia la iniciativa legislativa pertinente para promover la ampliación por un año de los plazos contenidos en las referidas disposiciones con la finalidad de posibilitar, real y efectivamente, la finalidad de la norma que no era otra que ofrecer a los sujetos legitimados un año para la negociación colectiva y garantizar, por igual período, el empleo del 75% de la actividad de las empresas estibadoras».

De no efectuarse esta ampliación en los plazos y ante la práctica imposibilidad de llegar a acuerdos entre trabajadores y patronal, debido a la ausencia de reglamento, el 14 de mayo próximo se producirá, según denunció ayer Coordinadora «un conflicto entre la nueva norma y algo más de una treintena de convenios colectivos de distintos ámbitos que afectan a la totalidad del personal estibador de los puertos de interés general y a las empresas estibadoras de todo el país».
«Las negociaciones colectivas, como las normas jurídicas, tienen sus procesos reglados que llevan tiempo, a los que, en este caso, hay que añadir las jornadas, no determinadas, para alcanzar los acuerdos pertinentes», advirtió ayer el sindicato.

Compromiso
En la nueva misiva remitida a Fomento, Coordinadora recuerda «el compromiso del ministro ante los grupos parlamentarios de tener aprobado el real decreto de desarrollo reglamentario antes del final de 2017», insistiendo en que «este retraso ha hecho que no se concreten las ayudas comprometidas por el Gobierno», al tiempo que «omite la instrumentación jurídica específica para la subrogación convencional y dificulta los acuerdos en garantía de los puestos de trabajo».

El aplazamiento de un año trasladaría la caducidad de los convenios al 14 de mayo de 2019 y prolongaría hasta esta misma fecha la exigencia de contratación mínima del 75%.