26/01/2018 LA VANGUARDIA

El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña ha propuesto la creación de un canon para pagar el mantenimiento de las autovías y autopistas que asumirán los usuarios de estas vías en sustitución de los peajes y que se implantará a medida que vayan venciendo las actuales concesiones de autopistas.

El canon, que iría en función de los kilómetros recorridos y de los niveles de contaminación que genere el vehículo, podría tener un coste de entre un 20 y un 30 % del actual peaje y se destinaría íntegramente al mantenimiento de vías de alta capacidad, que en Cataluña tienen un déficit de mantenimiento de 500 millones de euros y en España de 5.000 millones.

Durante la presentación del primer documento elaborado por este consejo asesor, el presidente de este organismo, Francisco Gutiérrez, ha explicado que «urge» abrir un debate para la creación de un nuevo modelo para el mantenimiento de las infraestructuras ante la cada vez más «testimonial» inversión pública y decidir si este coste lo tiene que pagar el usuario o correr a cargo de los presupuestos del Estado.

Este modelo, bajo los criterios de que quien usa y quien contamina paga en función de los kilómetros recorridos, estaría en consonancia con diversas directivas de la UE, la reducción del déficit presupuestario, asegurar que los recursos que se obtengan se utilicen para financiar el sistema y la homogeneización territorial, tanto dentro de Cataluña como en toda España.

Cataluña tiene el 20 % de las autopistas de peaje de toda España y el 7 % de las autovías y, entre los años 2018 y 2021, habrá en España, particularmente en Cataluña, diversas concesiones que llegan a su vencimiento, la primera de ellas el tramo Burgos-Armiñón (Álava) el próximo 30 de noviembre.

La primera de las concesiones de autopistas que vence en Cataluña es el tramo de la AP-7 Vilaseca-Castellón, el 31 de diciembre de 2019.

Los ingresos que se obtengan con este sistema estarán destinados a usos concretos, como el desarrollo, mejora, mantenimiento y optimización de las infraestructuras del sector del transporte y al fomento de la movilidad más sostenible.

El sistema también ha de permitir gestionar el tráfico mediante la aplicación de tarifas variables en función de la congestión y la contaminación.

El «pago por uso» de las infraestructuras viarias no ha de suponer un coste añadido para el transportista de mercancías y este coste ha de poder trasladarse al precio del producto transportado, que pagará el consumidor final.

El Consejo Asesor de Infraestructuras también ha propuesto crear entre las administraciones un órgano gestor en cada Comunidad Autónoma, que se encargaría de gestionar este canon.

El representante de Fomento del Trabajo, Salvador Guillermo, ha dicho que esta propuesta es totalmente «compatible» con que se saquen nueva concesiones con peajes si se necesitan construir nuevas infraestructuras, pero que una vez amortizadas se tendrían que añadir al nuevo sistema para pagar su mantenimiento.

También ha apuntado que el modelo definitivo ha de tener en cuenta los kilómetros recorridos, porque no tiene sentido que pague igual quién recorre muchos kilómetros como otro que hace pocos.

Además, se puede pensar en otras opciones, como que queden exentos de pago los que utilizan la movilidad local e incorporar aquí un factor medioambiental.

Para el presidente del Cercle de Infraestructuras, Pere Macias, esta solución es mucho «más justa», ya que paga el usuario y no todos los contribuyentes y tiene la voluntad de homogeneizar y evitar injusticias territoriales internas y externas.

El presidente de la Cámara de Contratistas de Cataluña, Joaquim Llansó, ha explicado que este consejo asesor quiere «crear debate» y que la sociedad civil participe en la toma de decisión de los políticos, por lo que el documento presentado hoy se le trasladará al ministro de Fomento, a la Generalitat y a otras administraciones.