30/11/2017 DIARIO DEL PUERTO
El pasado viernes 24 de noviembre se cumplieron 25 de años de la promulgación de la Ley de Puertos de 1992, 25 años de la instauración en España de un modelo de gestión portuario que, si bien ha sido matizado a través de sucesivas leyes, no ha perdido su esencia de configurar un sistema portuario basado en puertos de interés general autónomos y autosuficientes gestionados desde el ámbito público con la participación de las comunidades autónomas y la coordinación de la Administración central siempre con la concesión de su explotación al régimen privado.
Estos 25 años son la historia, ante todo, de una revolución absoluta de los puertos españoles tanto desde el punto de vista de su plena incardinación en las cadenas logísticas globales, como en lo relativo a su modernización en la gestión, en las infraestructuras, en los servicios y en los recursos humanos.
Podría pensarse que el gran salto de los puertos españoles en estos 25 años es fruto de la capacidad de inversión y de ejecución de modernas y amplias infraestructuras y, si se apura, de la formación y la capacitación de los recursos humanos.
No obstante, la raíz del incontestable posicionamiento global que han atesorado los puertos españoles en estos 25 años está en su modelo de gestión, ese que tiene sus raíces en esa Ley de 1992 que estos días se conmemora y que, con sus virtudes y defectos, creó las bases para relanzar los puertos como ejes esenciales de la economía desde la coordinación de la Administración Central pero con la necesidad de que cada enclave fuera capaz de asumir las riendas de su propio destino desde el pilar fundamental de dar todas las posibilidades a la iniciativa privada para ejercer su papel de motor de la economía.
La Ley de 1992 fue mucho más que la mera transformación de las Juntas de Obras de Puerto y de los Puertos Autónomos en las nuevas Autoridades Portuarias. Va mucho más allá de la simple creación de un órgano central, Puertos del Estado, encargado de coordinar y supervisar sus actuaciones. Esto no es más que estructura administrativa. La Ley de Puertos de 1992 era, ante todo, una apuesta por multiplicar los factores de competitividad indispensables para lograr los puertos del futuro con los que hoy España cuenta.
Tal y como recogía la exposición de motivos, aquella legislación era una apuesta por que cada puerto individual y el conjunto de todos ellos considerado como un sistema portuario operaran como unidades económicas y de prestación de servicios con una amplia autonomía de gestión, agilidad y procedimientos desburocratizados, aplicándose a la gestión sistemas empresariales actualizados muy difíciles en aquella época de rigidez de la Administración.
En esta misma línea, aquella reforma, que el 1 de enero de 1993 alumbró un total de 27 autoridades portuarias, buscaba el “tránsito desde un modelo autoritario e intervencionista a otro liberal en cuanto a la ordenación de los tráficos, pero social en cuanto a los mecanismos precisos para garantizar los intereses generales”.
Este concepto del “interés general” ha sido esencial a lo largo de estos 25 años, actuando de equilibrio entre las apuestas autónomas de cada autoridad portuaria y la labor de supervisión de Puertos del Estado.
Dicho esto, la bondad del modelo del 92 no es sólo que 25 años después sigue siendo la base del sistema portuario español sino que, pese a lo denostado de las posteriores iniciativas de reforma, estas han permitido que, sin pervertir el modelo, se logren sustantivas reformas para profundizar en la potenciación de los modelos de gestión; clarificar el régimen económico y todo lo relativo a las tasas portuarias; progresar en los ámbitos de la autonomía de gestión y de la autosuficiencia, otro pilar básico del modelo portuario español; multiplicar los mecanismos de solidaridad, fundamentales desde el punto de vista del concepto de sistema portuario al servicio de todo el territorio estatal; y reforzar, sin duda, el principio esencial de que los puertos están al servicio de la sociedad y estar al servicio no sólo implica operar en función de sus necesidades sino revertir en ella todos sus beneficios, incluidos los económicos.
Los hitos del sistema portuario estatal a lo largo de estos 25 años deben ser analizados desde el punto de vista de los tráficos, los ingresos y las inversiones, tal y como se recogen en los distintos apartados de este amplio reportaje que Diario del Puerto dedica al aniversario de las autoridades portuarias.
No obstante, también deben ser analizados desde el punto de vista legislativo por la trascendencia lograda en la evolución del modelo del 92.
Así, la Ley de Puertos de 1997, con independencia de las motivaciones de los pactos para su aprobación, logró incardinar la siempre esencial Administración autonómica en el ámbito de gestión de los puertos sin renunciar al necesario equilibrio entre la autonomía de gestión y la supervisión de Puertos del Estado.
La Ley de 2003, por su parte, tenía como objetivo clarificar todas las cuestiones de régimen económico y las inseguridades jurídicas emanadas de la Ley del 92 así como avanzar en una liberalización de los servicios a la que empujaba Europa pero que esta no concretó.
La autonomía de gestión y la autosuficiencia fueron pilares de la Ley de 2010, otorgando una flexibilidad tarifaria con nuevas herramientas que han equilibrado el sistema pese a que desde algunos puertos se exija mayor libertad.
Por último, es esencial mencionar el real decreto de reforma de la estiba del pasado 14 de mayo, gran cuenta pendiente del sistema portuario por fin materializada, así como el decreto de julio de 2015 para el desarrollo del Fondo Financiero de Accesibilidad que, sustentado en el principio de solidaridad, está mostrando la verdadera dimensión de los puertos y su capacidad para poner al servicio de la sociedad todos sus beneficios y hacer trascender su capacidad e influencia logística más allá de sus límites físicos, contribuyendo a ese concepto futuro no de competencia entre infraestructuras, sino entre cadenas logísticas completas e integradas.