23/10/2017 TRANSPORTE PROFESIONAL
El 98% de las demandas presentadas en la Junta Arbitral del Transporte de la Comunidad de Madrid durante el primer semestre de 2017 fueron estimadas total o parcialmente, dando la razón a transportistas y operadores en sus reclamaciones.
Según un resumen elaborado por la asociación de cargadores Aeutransmer sobre la actividad desarrollada por la Junta Arbitral de Transportes de la Comunidad de Madrid, el 81% de las demandas presentadas ante este organismo durante el primer semestre de este año fueron estimadas totalmente y el 17% parcialmente, sentenciándose el pago de las cantidades reclamadas más los intereses de demora y/o los gastos de gestión del cobro. Solo el 2% de las demandas fueron desestimadas, pero la causa fue que había prescrito el motivo de la reclamación.
Los demandantes mayoritarios fueron los transportistas y operadores logísticos (92% de los casos), mientras que los cargadores fueron los demandados en el 69% de los pleitos. En cuanto a las cantidades demandadas, el grueso de las reclamaciones, el 85%, no superó los 4.000 euros.
Una Junta Arbitral del Transporte es el organismo competente para resolver las reclamaciones de carácter mercantil relacionadas con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de actividades auxiliares y complementarias del transporte cuando la cuantía de la controversia no supere los 15.000 euros, siempre que alguna de las partes que interviene en el contrato no haya manifestado, expresamente y con anterioridad a la realización del servicio, su deseo de excluir las Juntas Arbitrales como sistema de resolución de las controversias.
15.000 euros o más
Por otra parte, las partes intervinientes, de común acuerdo, pueden decidir que, aunque la cuantía de la reclamación supere los 15.000 euros, también se diriman sus conflictos en las Juntas Arbitrales. Señalar que el límite de 15.000 es por factura y nada impide que se agrupen varias facturas en la misma demanda.
Cada junta arbitral es competente sobre los transportes que tienen el origen o el destino dentro de la comunidad autónoma correspondiente, o bien, sea el lugar de celebración del contrato cuyo incumplimiento se reclama o haya un pacto de sumisión expresa por las partes a una junta arbitral concreta.