25/08/2017 EL PERIÓDICO

“Una traición del espíritu europeo en sus fundamentos”. Así calificaba Emmanuel Macron, este miércoles en Austria, el estatus actual de los trabajadores desplazados en Europa. Un discurso que difiere de la férrea defensa de la directiva europea que los ampara durante toda su campaña presidencial. Ahora presidente, Macron apuesta por un endurecimiento de la directiva europea de 1996.

La polémica normativa permite a las empresas contratar a empleados de otros países de la Unión Europea bajo unos requisitos básicos: el país de acogida establece el salario, el horario laboral o el régimen de vacaciones, mientras que las cotizaciones dependen del país de origen. Una directiva que crea gran polémica en Francia, donde se acusa a la UE de favorecer el dumping social y la competencia desigual.

En este contexto, Macron ha convertido sus alabanzas en críticas, iniciando una gira europea destinada a convencer a sus socios de la necesidad de reformar la normativa. Tras reunirse con el canciller austriaco, el presidente de la Quinta República se dio cita este jueves con su homólogo rumano, Klaus Iohannis, en Bucarest, donde Macron acusó a la directiva europea de alimentar el “dumping fiscal” puesto en marcha en varios países de Europa del Este. Una práctica que, a su juicio, puede desembocar en un “desmantelamiento de la Unión Europea (…), alimenta a los populismos (…) y nutre a los euroescépticos”.

Marco «demasiado frágil»
“El problema de la directiva de los trabajadores desplazados es que, a día de hoy, propone un marco demasiado frágil, conduce a las empresas francesas a contratar en Francia a ciudadanos del resto de la Unión Europea, en particular de países donde los costes son más bajos”, remarcó el presidente francés durante su comparecencia ante los medios.

La República Checa, Eslovaquia y Rumanía completarán la agenda de Emmanuel Macron en esta semigira con la que pretende hacerse con el aval de los países de Europa del Este en una cuestión que se ha convertido en una línea roja. Una línea donde la ruptura entre el Este -donde se encuentran los principales países proveedores de trabajadores- y el Oeste –encabezado por Francia, Alemania y Bélgica, principales receptores de empleados extranjeros-, preocupa especialmente a los líderes de la UE.

En función de los méritos
En el 2015, Francia estimaba que más de 285.000 empleados contaban con el estatus de “trabajador desplazado”, entre ellos 48.800 polacos, 44.400 portugueses, 35.200 españoles y 30.600 rumanos. Ante estas cifras, Macron defiende la creación de “un verdadero mercado abierto de trabajadores en función de sus méritos, y no porque haya trabajadores que cuestan mucho más baratos en algunos países que en otros”.

Una delicada cuestión que tratará con sus homólogos con el objetivo de llegar a un acuerdo mayoritario para proponer, a finales de octubre en Bruselas, la modificación de la normativa: reduciendo la duración del trabajo desplazado y reforzando los controles del mismo para evitar posibles fraudes.