17/07/2017 TODOTRANSPORTE
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que creará próximamente un registro de los vehículos que se dedican a la distribución urbana de mercancías. El Consistorio se ha autoimpuesto esta tarea en las conclusiones del Estudio de viabilidad para el desarrollo de soluciones logísticas presentado la semana pasada en la sede la de corporación local.
En el capítulo de recomendaciones del citado informe, el Ayuntamiento propone que los vehículos dedicados a la distribución urbana de mercancías cuenten como acreditación para realizar esa labor con una copia certificada de la autorización de transporte de la empresa en la que figurará la matrícula del vehículo al que vaya referida y se documentarán en una tarjeta.
Esa tarjeta podrá ser de dos tipos: la denominada MDL habilitará a su titular a realizar transporte público de mercancías en vehículo ligero, mientras que la calificada como MDP permitirá que quienes la ostenten lleven a cabo esa actividad tanto en vehículos ligeros como en pesados. Quienes deben portar esas tarjetas son bien las empresas de transporte que haya sido contratada por el cargador, bien el transportista autónomo a quien haya confiado la carga el expedidor.
Las mencionadas tarjetas serán aplicables a vehículos tanto ligeros como pesados destinados al transporte público de mercancías. En lo que a los dedicados al transporte privado complementario, el Ayuntamiento de Madrid propone dos tipos de documentos bien diferenciados. Los que tengan una MMA superior a 3.500 kg deberán estar en posesión de una tarjeta MPC, que deberá ostentar el cargador que transporta su propia mercancía.
Por su parte, los vehículos de hasta 3.500 kg de MMA que se empleen tanto al transporte público como al transporte privado complementario requerirán para su operación en las calles de la capital de una autorización especial otorgada por el Consistorio, que en este caso deberá portar, según el caso, o la empresa transportista, o el autónomo o el propio cargador.
En su Estudio de viabilidad para el desarrollo de soluciones logísticas, el Ayuntamiento madrileño propone además crear un “sistema de APP-Tarjeta-Código de Identificación para los vehículos agentes de la distribución urbana de mercancías”, a través del cual se podrá “identificar a todos los vehículos autorizados, reservar con antelación una plaza de carga y descarga, controlar el tiempo real de carga y descarga y compararlo con el tiempo límite autorizado y conocer el flujo y tipo de vehículos de distribución urbana de mercancías que circulan por zonas clave de la ciudad en diferentes horarios”.
Control telemático de carga y descarga
El Ejecutivo local madrileño se marca como objetivo “implantar un control telemático de las zonas de carga y descarga”. Las autoridades madrileñas quieren que esta solución tecnológica sirva para que los vehículos autorizados para ello puedan reservar zonas de carga y descarga. Por su parte, la Administración podrá controlar de forma automática qué vehículos autorizados ocupan cada plaza de carga y descarga y durante cuánto tiempo lo hace. Si excediera el plazo establecido, el vehículo autorizado deberá pagar según una tarifa que discriminará en función del tipo de vehículo.
Siguiendo con la carga y descarga, el Ayuntamiento llevará a cabo un estudio de las necesidades de carga y descarga en la capital por medio de observaciones directas que permita conocer en qué zonas de la ciudad se realizan más servicios de distribución urbana de mercancías, la cantidad y el tipo de vehículos utilizados, el tipo de servicio (entrega, recogida, etc.), tipo de establecimiento para el que se realiza el servicio, tipo de mercancía manipulada, hora de inicio del servicio y duración del mismo, lugar donde se estaciona o para el vehículo y distancia aproximada entre el punto de estacionamiento y el establecimiento.
Tras realizar ese estudio, el Consistorio diseñará un sistema de señalización y control que permita delimitar zonas de carga y descarga de dimensión variable en función del intervalo horario dentro de cada barrio. Además, se creará “una normativa específica que aborde de forma integral el problema en todas sus dimensiones y que tenga en cuenta a todos los agentes implicados”.