23/06/2017 TODOTRANSPORTE
La tramitación parlamentaria de la convalidación del Decreto-Ley 9/2017, de 26 de Mayo, por el que transpone al ordenamiento español la Directiva europea sobre trabajadores desplazados, que regula la obligación para las empresas extranjeras que desplacen trabajadores a España de cumplir las condiciones laborales y salariales establecidas en nuestro país, ha tenido lugar este jueves 22 de junio en el Congreso de los Diputados.
Durante la citada tramitación los Grupos Parlamentarios PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV y Grupo Mixto “han valorado negativamente la transposición de la Directiva europea de trabajadores desplazados llevada a cabo por el Gobierno, ya que la regulación aprobada no permite combatir adecuadamente la situación de dumping social y competencia desleal que sufre el sector español del transporte por carretera”, según informa Fenadismer.
Tras el debate, el Congreso ha aprobado su tramitación como Proyecto de Ley para permitir introducir enmiendas al mismo, “lo que permitirá mejorar el control de las empresas deslocalizadas que operan en nuestro país y que amenazan la supervivencia del actual tejido empresarial español, conformado por más de 103.000 empresas transportistas, principalmente pymes, que dan empleo a más de medio millón de trabajadores”, valoran desde la organización que preside Julio Villaescusa.
Así las cosas, desde Fenadismer no dejan de insistir en la necesidad de luchar contra el fenómeno de la competencia desleal realizada por empresas de transporte deslocalizadas en países fundamentalmente del Este de Europa, con costes fiscales y laborales hasta ocho veces inferiores a los establecidos en nuestro país. “Ello ha supuesto que en la actualidad más de una cuarta parte del transporte internacional con origen o destino en nuestro país se esté realizando con vehículos de transporte matriculados en dichos países, como consecuencia del proceso de deslocalización llevado a cabo por grandes empresarios españoles, a fin de competir de forma abusiva en nuestro país con menores costes de explotación“, denuncian.
Con todo, la transposición de la Directiva europea llevada a cabo por el Gobierno mediante el citado Real Decreto-Ley no permitía controlar adecuadamente a dichas empresas de transporte deslocalizadas, al eximirles de la obligación de notificar sus desplazamientos a nuestro país “si la duración del viaje era inferior a ocho días”, apuntan, “lo que en la práctica dejaba fuera de control todos los servicios de transporte tanto de ámbito nacional (cabotaje) como de ámbito internacional llevados a cabo por empresas extranjeras en España, con lo que de este modo se perpetuaba al mercado español de transporte como un auténtico ‘paraíso’ para las empresas deslocalizadas, las cuales podrían continuar su actividad de forma absolutamente desleal, pero sin que pudiera ejercerse control legal alguno sobre las mismas”.