23/03/2017 DIARIO DEL PUERTO

Tras decaer el real decreto ley de reforma de la estiba y habiéndose abierto una nueva fase en la negociación entre Gobierno y agentes sectoriales, el gran escollo que bloquea la posibilidad del acuerdo está claro: la subrogación, es decir, que las nuevas fórmulas empresariales surgidas tras la extinción de las SAGEP estén obligadas a asumir todo el personal de las mismas con iguales derechos y condiciones laborales.

Sindicatos y Gobierno han marcado la misma línea roja en torno a este asunto, con la diferencia de que se han situado en frentes opuestos.

Los sindicatos volvieron a la carga el martes con su reivindicación, calificada de “troncal”: el Gobierno debe incluir la obligatoriedad de la subrogación de todo el personal en el real decreto ley o en una norma con rango de ley equivalente. A su juicio es la única manera de que se garantice el empleo, su prioridad máxima en todo este proceso. Todo lo que no sea garantizar el empleo por esta vía deberá hacer frente al rechazo frontal de los sindicatos y al bloqueo de cualquier reforma negociada, planteó el martes el coordinador general de Coordinadora, Antolín Goya.

Por lo que respecta al Gobierno, que insiste en no tocar ni una coma del real decreto decaído, no está dispuesto ni a incluir la subrogación en el decreto ley ni en cualquier otra ley equivalente, tal y como ha señalado en las últimas horas el secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte, Julio Gómez-Pomar, quien considera que la obligatoriedad de la subrogación es frontalmente contraria a la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Además, se insiste en que la propia Comisión Europea rechaza la obligatoriedad por ley de la subrogación, hasta el punto de que según fuentes consultadas se está a la espera de que en los próximos días la institución comunitaria haga un pronunciamiento al respecto.

En este sentido, no hay que olvidar que la subrogación contraviene una de las líneas rojas que a su vez marcó la Comisión en todo este proceso: que en el nuevo marco de la estiba todas las empresas estibadoras tengan la misma posición competitiva, lo cual se antoja muy complicado con la subrogación.

Obligar a las empresas y Centros Portuarios de Empleo a subrogarse el personal de las extintas SAGEP es obligarles a asumir unos costes laborales derivados de un mercado contingentado que serían mucho más gravosos que los que afrontarían los operadores nuevos que llegaran al mercado, con capacidad de establecer condiciones mucho más competitivas tras la liberalización.

Pasivos
Es por eso que el real decreto ley proponía la posibilidad de que en cualquier momento del tiempo las SAGEP, así como las empresas y los Centros Portuarios de Empleo, pudieran prescindir de los pasivos laborales asumiendo las autoridades portuarias el 100% de las indemnizaciones, para luego poder volver a contratar a esos trabajadores bajo las nuevas condiciones de mercado.

Este punto del real decreto, por tanto, entra en franca oposición con la reclamada subrogación obligatoria. Asunción de pasivos y subrogación son dos principios totalmente contradictorios, de ahí que solo uno de los dos pueda sobrevivir, ya sea en el mismo real decreto o en dos normas equivalentes.