22/03/2017 DIARIO DEL PUERTO

Firme en los principios del real decreto rechazado por el Parlamento y con el foco de la negociación puesto en la propuesta de acuerdo tripartito que tan ínfimo recorrido tuvo la semana pasada. Así afrontó ayer el Gobierno el nuevo escenario abierto en el proceso de reforma del sector de la estiba, sentándose a primera hora de la tarde en una mesa de negociación con patronal y sindicatos en la que fue taxativo: la subrogación de los estibadores no puede ser incluida dentro del real decreto.

La reunión se prolongó por espacio de cuatro horas y aportó tres grandes conclusiones: una, el Gobierno insiste en mantener sin cambios el decaído real decreto y negociar en el ámbito de la propuesta de acuerdo tripartito, sin estar dispuesto a aceptar que la subrogación quede consagrada en el decreto; dos, los sindicatos plantearon una propuesta alternativa a partir del documento del Gobierno que éste considera de «muy difícil aceptación»; y tres, patronal y sindicatos están dispuestos a avanzar en el ámbito de la negociación colectiva, habiéndose emplazado ambas partes a una nueva reunión el jueves sólo para desarrollar acuerdos en este ámbito.

Con quien no se emplazaron de momento fue con el Gobierno, representado ayer por el secretario de Estado de Infraestructuras y por el director general de Empleo, quienes dejaron muy claro en la reunión que el Ejecutivo no está dispuesto a aceptar la subrogación como parte del real decreto.

Ya por la mañana, durante el acto de colocación en Madrid de la primera piedra del futuro Teatro de Cámara de la Sociedad Cervantina, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, había advertido que la reunión de por la tarde se planteaba en torno a la propuesta del Gobierno de acuerdo tripartito, “un documento que es extraordinario, ambicioso y muy generoso. Es mucho más de lo que se puede esperar en cualquier otro sector económico”, insistió De la Serna, quien se mostró confiado en que el compromiso con el empleo que contiene el documento, unido a las ayudas que ofrece el Ministerio de Empleo, permitiera que se cerrara «un acuerdo para liberar la aprobación del proyecto de ley”.

Con esta expresión de “liberar”, De la Serna volvía a poner de manifiesto que el Gobierno considera inamovibles los principios que rigen el real decreto, hasta el punto de rechazar la intención de los sindicatos de incluir la subrogación en el real decreto, pues «la Comisión Europea no nos deja que de forma obligatoria y por ley se establezca la obligación de cualquier empresa de cómo realizar la contratación”.

«Es algo contrario 100% a la sentencia», apostilló en la misma línea el secretario de Estado, Julio Gómez-Pomar, a última hora de la tarde, tras terminar la reunión con la patronal y los sindicatos sin acuerdo y mostrar su desencanto porque la contrapropuesta presentada por las fuerzas sindicales «vuelve a enlazar con propuestas pasadas» e incluye «dificultades insalvables».

Gómez-Pomar, quien aseguró que el Gobierno va a estudiar la propuesta sindical, aseguró que la considera de «muy difícil encaje», primero por exigir la inclusión de la subrogación en el decreto, «algo contrario a la sentencia»; segundo por las exigencias en materia de control de la formación para el acceso a la profesión; y tercero, siempre a juicio del secretario de Estado, por exigir un «régimen laboral específico para los centros portuarios de empleo».

El secretario de Estado, quien negó que la patronal se mostrara en la reunión a favor de incluir por ley la subrogación (frente a la versión contraria de los sindicatos), aseguró que una alternativa a esta exigencia sindical en torno a la subrogación es la posibilidad de que el Gobierno, siempre que haya un acuerdo al respecto entre patronal y representantes de los trabajadores, apruebe alguna media normativa en el ámbito del Ministerio de Empleo que contemple los aspectos relacionados con las ayudas a la prejubilación y los distintos supuestos que se contemplen para la subrogación.

Más allá de la reunión prevista para el jueves entre patronal y sindicatos, de momento las conversaciones entre el Gobierno y los agentes sectoriales quedan en suspenso a la espera de una posición definitiva del Ejecutivo en torno a la contrapropuesta sindical.