15/02/2017 CINCO DÍAS

«España es uno de los Estados miembro que más uso hace de las subvenciones a los combustibles fósiles. El diferencial diésel-gasolina no está justificado desde una perspectiva medioambiental: el diésel emite niveles superiores de varios contaminantes atmosféricos y debería estar sujeto a impuestos más elevados”. Esta es la opinión que recoge un informe de la Comisión Europea publicado la semana pasada. Se trata de una recomendación recurrente. El impuesto sobre hidrocarburos es inferior para el gasóleo que para la gasolina, un diferencial que en términos medioambientales y sanitarios no tiene sentido. El diésel emite partículas que se han demostrado nocivas para la salud.

España es el tercer país de la UE que menos recauda por los impuestos verdes
La menor fiscalidad sobre el diésel es uno de los factores que contribuyó a que en España triunfaran este tipo de motores. Hoy, casi el 60% de los vehículos que circulan por las carreteras españolas va con gasóleo. La dieselización se ha mitigado recientemente y los datos indican que los motores gasolina empiezan a ganar terreno, aunque aún la mayoría de nuevos coches son de gasóleo.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha estudiado muchas veces y tiene encima de la mesa medidas para elevar el impuesto sobre hidrocarburos y la fiscalidad sobre el diésel. Sin embargo, se ha resistido a hacerlo hasta ahora y su idea es mantener esta posición todo el tiempo que pueda. A pesar de las recomendaciones de Bruselas, Hacienda entiende que un incremento de la fiscalidad energética dañaría la economía, perjudicaría la renta disponible y haría que las empresas españolas pierdan competitividad. Es cierto que España mantiene una fiscalidad sobre el combustible inferior a la media europea, pero fuentes de la Administración recuerdan que España se encuentra geográficamente más lejos del mercado europeo. Es decir, que una empresa española debe hacer más kilómetros por carretera que otra francesa o italiana para llegar los mercados centroeuropeos.

Todos estos motivos son los que han llevado a Hacienda a rechazar una y otra vez el incremento del impuesto especial sobre hidrocarburos. La última vez fue el pasado mes de diciembre, cuando el Gobierno subió el impuesto sobre el tabaco y sobre el alcohol. Nuevamente, el impuesto especial de hidrocarburos se salvó. Dentro de los tributos especiales, el que grava la gasolina es el que aporta mayor recaudación. A la espera de conocer los datos de cierre del año, el impuesto sobre hidrocarburos aportó a las arcas públicas hasta noviembre del año pasado 9.682 millones, un 7,8% más. Un incremento que se explica por la mejora de la actividad y el encarecimiento del crudo, que beneficia la recaudación de la Agencia Tributaria.

Aun así, todos los expertos fiscales recuerdan que España tiene margen para elevar la fiscalidad medioambiental. Los últimos datos publicados por Eurostat y que corresponden a 2014 muestran que los llamados impuestos verdes aportaron a España algo más de 19.000 millones de euros, una cifra que equivale al 1,85% del PIB. Supone un porcentaje muy bajo y alejado de la media de la UE (2,46%). Solo Eslovaquia y Lituania sacan menos partido de la fiscalidad medioambiental. En el lado opuesto destaca Dinamarca, que recauda algo más del 4% de su PIB en impuestos verdes. Es cierto que, en los últimos años, España ha aprobado nuevos tributos verdes como los impuestos que gravan la producción y almacenamiento de combustible y residuos nucleares, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica o el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero, entre otros. Aun así, los datos sugieren que hay margen para recaudar más.

El plan presupuestario de Hacienda contempla un aumento de la tributación medioambiental
El plan presupuestario de 2017 que el Gobierno remitió a Bruselas contempla una reforma de la fiscalidad medioambiental que, según las cifras de Hacienda, aportaría 500 millones adicionales. Sin embargo, el Ejecutivo ha rechazado explicar qué medidas concretas hay detrás de esta cifra. De hecho, fuentes de la Administración señalan que de momento no está encima de la mesa elevar los impuestos medioambientales. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló que el Gobierno estudiaría modificaciones en el impuesto sobre matriculación, pero tampoco dio detalles. Se limitó a señalar la “la necesidad de mejorar la fiscalidad del automóvil para favorecer que sean más innovadores, más seguros y menos contaminantes”. Lo que no dijo es cómo lo lograría.

El hecho de que España pueda desviarse de su objetivo de déficit es un factor que podría llevar a Hacienda a acelerar posibles medidas en fiscalidad medioambiental. La Comisión Europea ya ha mostrado sus dudas acerca de que el Gobierno cumpla el objetivo de déficit público. Hacienda se ha comprometido a reducir los números rojos hasta el 3,1% del PIB este año y el 2,2% el siguiente. Sin embargo, Bruselas teme que el desfase sea mayor y se sitúe en el 3,5% y el 2,9%, respectivamente.

Si no queda otra opción, el impuesto sobre hidrocarburos aumentará y especialmente la fiscalidad sobre el diésel. En el año 2011, la Comisión Europea planteó una propuesta de directiva para avanzar hacia una mayor armonización fiscal. En ese documento se planteaban medidas como equiparar los impuestos del diésel o la gasolina. También se contemplaba la eliminación de las ventajas fiscales de las que disfruta el gasóleo profesional. En cualquier caso, la propuesta se quedó en papel mojado y no llegó a aprobarse ante la dificultad de alcanzar la unanimidad que requieren los cambios tributarios en la UE.