13/02/2017 DIARIO DEL PUERTO
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, anunció el viernes que la Comisión Europea ha confirmado al Gobierno que su texto de real decreto para la reforma de la estiba es totalmente acorde con la interpretación que hace la institución europea de la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. En este sentido, la Comisión Europea ha confirmado igualmente por escrito que se compromete a retirar la segunda denuncia presentada ante el Tribunal en cuanto el Consejo de Ministros apruebe el real decreto y el Congreso de los Diputados lo convalide.
Esto implica que el Reino de España no sólo evitaría la sanción de 134.107 euros que podría imponerse por cada día de incumplimiento a partir de la segunda sentencia, sino que también evitaría la sanción de 27.522 euros por cada día de incumplimiento desde la primera sentencia y que a fecha de hoy 13 de febrero de 2017 ya supondría una multa de 21,87 millones de euros.
La alternativa con una propuesta que contravenga las exigencias de la Comisión sería automáticamente que España incumpliera por vez primera una sentencia del Tribunal de Luxemburgo y que con carácter inminente a España se le impusieran las citadas sanciones.
De ahí que el Gobierno mantenga este viernes como fecha límite para la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros y que desde Fomento el secretario de Estado hiciera un llamamiento a los grupos políticos para que tomen conciencia de la gravedad de la situación y respalden el real decreto, no sin seguir dispuestos a seguir analizando cualquier propuesta que planteen los sindicatos y la patronal dentro de un proceso negociador que se abrió el viernes y que mañana proseguirá con una segunda reunión.
A ella están convocados, al igual que el viernes, la patronal y los sindicatos desde la máxima, tal y como declaró el secretario de Estado, de que “es negociable todo aquello que cumpla la sentencia y es innegociable todo aquello que la incumple”, insistiendo en los documentos por escrito remitidos por la Comisión y a los que ha tenido acceso este Diario en los que la institución europea rechaza de plano tanto el Registro de Trabajadores Portuarios como los Centros de Empleo Portuarios en los términos que los conciben los sindicatos, ampliamente detallados el viernes por este Diario.
Unos sindicatos que al término de la reunión del viernes, por boca del líder de Coordinadora, Antolín Goya, reclamaron más tiempo para negociar y que puesto que la reforma es una imposición de la Comisión, que sea un representante de la propia CE el que se sienta en la mesa negociadora, reclamando no obstante que España tenga la valentía de ejercer su competencia legislativa plena y legislar conforme a sus intereses y no en base a las imposiciones de una Comisión “que quiere ir más allá de la sentencia”.
A este respecto, el secretario de Estado consideró imposible que la Comisión se siente a negociar en una mesa de este estilo pues la Comisión sólo negocia con Gobiernos, recordando que esta institución es la encargada de la interpretación de los tratados y sentencias en la Unión Europea y es la que determina los incumplimientos y por tanto su posicionamiento no se puede soslayar.