02/02/2017 DIARIO DEL PUERTO
Tras informar a la Comisión Europea (CE) de su propuesta para la reforma de la estiba en España, el Gobierno tiene previsto hoy lanzar definitivamente el proceso que en dos meses, tal es la intención, debe permitir que la reforma vea la luz con el consenso de todas las partes implicadas: CE, Gobierno de España, fuerzas parlamentarias y agentes sectoriales.
Para ello, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha convocado hoy a sendas reuniones a los representantes de la patronal ANESCO y de los principales sindicatos de estiba con el fin de poner sobre la mesa las claves que se ha marcado el Gobierno en este proceso, detallar los principales condicionantes e informar de los pasos que se quieren seguir.
Pese a la urgencia que plantea la reforma por la seria amenaza de cuantiosas sanciones económicas que planea sobre el proceso, las de hoy (está previsto el encuentro con ANESCO durante la mañana y ya por la tarde con el sindicato de estiba Coordinadora) serán las primeras reuniones formales de representantes de los agentes sectoriales de la estiba con el Ministerio de Fomento desde la toma de posesión del nuevo Gobierno a comienzos del pasado mes de noviembre.
Han sido tres meses en los que, dados los cambios en el Gobierno en general y al frente del Ministerio de Fomento en particular, el Ejecutivo ha revisado la situación de la reforma, los objetivos, los condicionantes y las exigencias del Tribunal de Justicia de la UE y de la Comisión Europea hasta alcanzar un consenso interno con una nueva propuesta que, tal y como ayer adelantó este Diario, ha sido ya dada a conocer a la Comisión Europea, pues su respaldo se considera indispensable para eliminar del proceso cualquier inseguridad jurídica y que en el futuro se produzcan sanciones agravadas por la reiteración en el incumplimiento.
Se espera que con carácter inminente la Comisión Europea informe a España sobre su valoración de dicha propuesta, de tal forma que si se logra una posición de consenso el Gobierno español active en estos primeros días de febrero la búsqueda del apoyo de las fuerzas parlamentarias, dado que el Ejecutivo no goza de mayoría en el Congreso.
En este ámbito, tal y como ayer recogía Diario del Puerto, el Gobierno quiere contar de forma particular con el apoyo y consenso del Grupo Parlamentario Socialista y seguir una tramitación en la línea de los recientes pactos alcanzados con el PSOE. Se quiere apostar por tramitar la reforma por la vía de un decreto ley que sea consensuado antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, para a continuación convalidarlo en pocos días por el Congreso de los Diputados, gracias al consenso previo.
Esta hoja de ruta, a la que hay que unir el proceso de diálogo con los agentes sectoriales que arranca hoy, debe desembocar en lograr la aprobación definitiva de la reforma a finales de marzo o principios de abril, que es el nuevo plazo que ha fijado la Comisión con el telón de fondo de la segunda denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo.