03/10/2016 REVISTA PYN
Hanjin Shipping, la empresa surcoreana de logística, declaró la mayor suspensión de pagos de una naviera en la historia. La firma presentó la quiebra a la justicia de Seúl tras la negativa de los bancos acreedores de refinanciar sus deudas, que ascendían a casi 4.500 millones de euros a finales de 2015.
Carlos Castán, presidente de Aeutransmer, responde a este medio sobre este problema.
La ralentización del crecimiento de China ha minado la demanda de las navieras que fueron durante años uno de los motores de la economía del país, fuertemente orientada hacia las exportaciones. Hanjin no era la excepción. Desde 2011 registró pérdidas y en la primera mitad de 2016 apuntó un resultado negativo de casi 380 millones de euros, tras acumular un quebranto de casi 960 millones de euros en tres años.
Sobre esta problemática preguntamos desde este medio a Carlos Castán, presidente de Aeutransmer, ingeniero industrial superior y especializado en Técnicas Energéticas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Castán respondió que la «situación es compleja pues la cadena de confianza necesaria en todas las operaciones comerciales se ha roto por los problemas financieros de Hanjin Shipping».
«Lo que debería evitarse es el traspaso de costes y riesgos al propietario o al destinatario de la mercancía cuando, según el contrato de transporte establecido, no debería asumir ningún cargo adicional», refiriéndose, por ejemplo, al buque Hanjin Bosal que había quedado paralizado en aguas valencianas sin posibilidad de descargar los 3.900 contenedores en sus muelles. Las navieras de Hanjin portaban principalmente productos electrónicos y electrodomésticos. «Hay que evitar demandas de pagos duplicados por terminales y transitarios, fianzas excesivas por retirar contenedores, pagos al contado e incertidumbre en las operaciones pendientes de realizar», aseguraba Castán.
En esta misma línea, Castán respondía hace unas semanas al periodo de inversión en el transporte marítimo en España, considerando que «la utilización de los recursos de los Puertos del Estado» debería recaer «en la mejora de la conectividad portuaria y en la reducción de tasas a buques, mercancías y terminales».