11/07/2016 EL VIGÍA
La previsible formación de un nuevo Gobierno antes de la llegada del mes de agosto ha reactivado las demandas del sector del transporte hacia los próximos responsables de la cartera de Fomento. Los técnicos del ministerio, los académicos y los profesionales del propio sector coinciden en que se hace urgente un cambio cultural que afecte tanto a las empresas como a la Administración. Para lograrlo, los expertos reclaman al próximo Ejecutivo una política integral de transportes, que favorezca sinergias entre todos los modos sin privilegiar a unos sobre otros. Además, proponen que sea a raíz de esta hoja de ruta política cuando se planifiquen y asignen las inversiones en infraestructuras y no a la inversa, como ha sucedido hasta la fecha.
Así quedó de manifiesto en unas jornadas organizadas en Madrid por la Asociación Española del Transporte (AET). En ellas, presidente de la comisión de Transportes de la CEOE y vicepresidente de la AET, Rafael Barbadillo, explicó: “Es necesaria, ahora más que nunca, una política integral de transporte, que vea a todos los modos en su conjunto y no priorice a unos sobre otros. Es imprescindible un plan transversal de transporte para que éste deje de estar al servicio de la infraestructura y sea justo al revés, que sería lo lógico”. Para poder materializar esta estrategia, Barbadillo propuso la creación de una secretaría de Estado de Movilidad, “que tenga en cuenta a todos los modos de transporte de una forma integral. El sector del transporte sólo tiene sentido si es contemplado en su conjunto”.
Entre los deberes urgentes a realizar, destacó la desvinculación de Renfe del ministerio de Fomento, la puesta en marcha de medidas que permitan afrontar la competencia desleal que suponen los servicios de economía colaborativa frente a los de las empresas convencionales y la puesta en marcha de un marco estatal de financiación del transporte. En esta misma línea se posicionó el catedrático de Planificación de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid, José Manuel Vassallo, que destacó la importancia que tendría para el sector la creación de una ley de Financiación del Transporte, que defina cuándo un modo estará subvencionado y por qué y que establezca las pautas de los proyectos de colaboración público-privada (PPP). “Hay que asegurar la racionalidad de las inversiones”, matizó. Vassallo recordó otros retos inminentes como la definición del modelo a seguir con las autopistas de peaje, ya que a la problemática con las autopistas en quiebra se suma que en los tres próximos años finalizan las concesiones de tres concesionarias. El catedrático insistió en que si el transporte ferroviario de mercancías no es considerado una prioridad política, no avanzará. También destacó que sería necesario armonizar las normas de competencia entre modos.
Por otro lado, propuso la creación de una Agencia de Intermodalidad orientada a la captación de tráficos y a la coordinación entre los agentes del sector y la Administración. Precisamente, el subdirector general de Ordenación y Normativa de Fomento, Emilio Sidera, coincidía en destacar que ya se hace necesario un marco regulador que permita impulsar la intermodalidad. Además, apuntó que la próxima legislatura debería caracterizarse por el debate con el sector para el desarrollo de los reglamentos de la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y de la ley del Sector Ferroviario. “Debería ser una legislatura de cambio cultural para las empresas y para la propia Administración”, indicó Sidera. Finalmente, el presidente de la AET, José María Pérez Revenga, añadió que el próximo Gobierno debe propiciar un acercamiento a los técnicos para conocer de primera mano las necesidades del sector y a partir de ahí planificar. “Hay que lograr que el transporte sea más dinámico en su conjunto y no sólo por modos aislados”, concluyó.
Fomento ultima la puesta en marcha de la Administración electrónica del transporte
Uno de los retos a más corto plazo que afrontará el nuevo Gobierno será la puesta en marcha operativa de la Administración electrónica para el transporte por carretera. De hecho, la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) marca su entrada en vigor para el 1 de enero de 2017.
Como explicó el subdirector de Ordenación y Normativa del ministerio de Fomento, Emilio Sidera, una de las claves de su éxito estará en la coordinación y el buen funcionamiento del mismo en las 20 administraciones autonómicas (incluidas Ceuta y Melilla), ya que son las protagonistas de su funcionamiento. “Es una experiencia pionera, que va mucho más allá de la puesta en marcha por Hacienda, ya que la relación entre Administración y administrados será exclusivamente electrónica”, aseguró Sidera. Además, propiciará la desaparición de documentos físicos muy vinculados al empresario transportista, como la tarjeta de transporte. Es más, con el nuevo sistema, los visados se realizarán de oficio por la Administración, por lo que ya no se requerirá una actuación previa del empresario solicitándolo.