La delincuencia contra el transporte de mercancías se ha convertido en uno de los principales desafíos para la seguridad de las cadenas de suministro europeas. España figura entre los países con mayor incidencia de estos delitos, que afectan tanto a los vehículos en tránsito como a las instalaciones logísticas y los centros de distribución. Así se puso ayer de manifiesto durante la conferencia “TAPA en acción: protegiendo la cadena de suministro”, celebrada en Madrid, donde la Transported Asset Protection Association (TAPA EMEA) analizó la evolución de los robos de carga y las medidas necesarias para reducir su impacto económico y operativo.

Según los datos presentados por la asociación, durante los dos años anteriores al cierre de junio de 2026 se registraron más de 4.200 ataques contra camiones, almacenes y otras instalaciones y medios de transporte en España. El 13% de estos incidentes, en los que se notificó el valor de las pérdidas, contribuyó a unas pérdidas de mercancías superiores a 197 millones de euros.

La gravedad de estos episodios queda reflejada en el coste de los ataques de mayor envergadura. Los incidentes con pérdidas superiores a 100.000 euros alcanzaron una media de 1.336.836 euros por suceso, según TAPA EMEA.

Durante la intervención de Felipe de Almeida, quien lidera la región de Portugal y España para TAPA EMEA, abordó las dimensiones de un fenómeno que trasciende la sustracción de mercancías y compromete la continuidad de las operaciones logísticas. Advirtió de que la delincuencia contra la carga ocasiona pérdidas anuales de miles de millones de euros en Europa, Oriente Medio y África, mientras que el riesgo para la resiliencia de las cadenas de suministro “no tiene precedentes y está creciendo rápidamente”, según detalló.

Uno de los aspectos destacados durante la jornada fue la diversificación de los métodos utilizados por los delincuentes. De Almeida expuso que los ataques pueden proceder de ladrones oportunistas, grupos locales y organizaciones criminales de ámbito nacional o transnacional. También señaló el riesgo de participación de personal interno, ya sea por tentación, coacción o amenazas.

Entre los procedimientos identificados figuran la creación de empresas de transporte ficticias, la suplantación de clientes, la infiltración en bolsas de carga digitales, los robos a camiones estacionados y los ataques a vehículos en movimiento. A estos se suman la utilización de inhibidores de señales GPS y GSM, el secuestro de camiones y los asaltos a instalaciones logísticas.

La presentación también puso el foco en las consecuencias indirectas de estos delitos. Además de la pérdida de mercancías, las empresas deben afrontar costes derivados de investigaciones, reposición de productos, contratación de seguros y medidas preventivas. A ello se añaden el deterioro de las relaciones comerciales y los daños reputacionales. La exposición resumía esta circunstancia mediante una afirmación: “La pérdida de mercancías equivale a una pérdida de confianza”. En este contexto, se incidió en la creciente sofisticación del fraude documental y la suplantación de identidad, por lo que hay que verificar de manera continuada la identidad de transportistas y conductores.

Hablamos de 138.070 euros en mercancías robadas cada 24 horas en España, como media de los dos últimos años. Tres de cada cuatro casos de transportistas fantasma en Europa implican robo de identidad.

Frente a esta situación, TAPA EMEA defendió la necesidad de avanzar hacia modelos de seguridad basados en la prevención, el intercambio de información y el análisis de riesgos. De Almeida explicó el funcionamiento del sistema de inteligencia de la asociación, que recopila los incidentes de robo de mercancías comunicados por sus miembros para identificar dónde y cuándo se producen los ataques, qué productos resultan afectados y cuál es el valor de las pérdidas. Esta información permite elaborar mapas de incidentes, realizar búsquedas por países y regiones e identificar puntos críticos de delincuencia, y también facilita la planificación de rutas y la adopción de decisiones sobre inversiones en seguridad.