09/10/2026 EL MERCANTIL

El próximo 11 de noviembre será un día inhábil para una gran parte del país por el llamamiento a la huelga general en favor de políticas sociales de vivienda. Un motivo que poco tiene que ver con el sector logístico y del transporte, pero que, de alguna manera, el negocio espera que les impacte, aunque sea indirectamente. No obstante, entre las principales asociaciones cunde la tranquilidad, puesto que no prevén un seguimiento masivo de los trabajadores de sus empresas asociadas y confían en que sus operativas no sufran excesivas dificultades. “No creemos que haya mucha afectación porque las convocatorias que tienen más tirón en nuestro sector de transporte de mercancías suelen ser las que convocamos las empresas y las asociaciones, y no tanto los sindicatos”, enuncia el secretario general de Fenadismer, Juan José Gil. La principal patronal de empresarios de España (CEOE) ya criticó la convocatoria de esta huelga general por considerar que atentaba directamente contra la actividad empresarial haciendo partícipe al sector productivo de un problema que, aseguran, no tiene nada que ver con él, si bien no ha sido la única.

“La movilización se va a producir un miércoles con el Black Friday y Navidad a la vuelta de la esquina”
Carmelo González Presidente de CETM

Otra de las entidades que rechaza la convocatoria es la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que considera que esta movilización está injustificada, puesto que las reivindicaciones que la motivan “exceden el ámbito de las relaciones laborales y pretenden trasladar a las empresas y a los autónomos las consecuencias de un problema social que debe ser abordado por las Administraciones Públicas”, coincidiendo así con el análisis de la máxima patronal empresarial española. CETM reconoce que el acceso a la vivienda constituye una preocupación para una parte muy importante de la sociedad española, pero advierte de que la existencia de un problema social no justifica hacer recaer sus consecuencias sobre quienes, aseguran, generan actividad económica, empleo y riqueza. En este sentido, CETM considera especialmente importante “preservar la actividad de sectores estratégicos como el transporte de mercancías por carretera, cuyo funcionamiento resulta imprescindible para el conjunto de la economía”. El 95% de las mercancías que se transportan en España lo hacen por carretera y en camión, recuerda la patronal. “Los transportistas trabajan diariamente para garantizar el suministro, así como para mantener en funcionamiento las cadenas de producción y distribución”.

En este contexto, para ellos la elección del miércoles 11 de noviembre agrava el impacto que una paralización puede tener sobre el transporte de mercancías. “Una interrupción de la actividad a mitad de semana no se limita a una jornada: puede alterar programaciones, cargas y descargas, rutas y entregas, generando efectos que se trasladan a los días posteriores y dificultando el normal funcionamiento de las cadenas de suministro”, argumenta CETM. “Cualquier movilización que paralice o dificulte la actividad del transporte termina afectando al conjunto de la economía y a los ciudadanos, al alterar el normal funcionamiento de las cadenas de producción, distribución y abastecimiento, y más en un miércoles y con el Black Friday y la Navidad a la vuelta de la esquina, que por cierto, ya llevan muchos meses preparándose”, asegura su presidente, Carmelo González. Por ello, CETM reclama que se preserve la actividad de un sector estratégico y se evite trasladar al transporte las consecuencias de un conflicto ajeno a sus empresas y trabajadores autónomos. “Los transportistas tienen una responsabilidad diaria con la economía y con el abastecimiento del país, y deben poder seguir desempeñándola con normalidad”, insiste la organización.

Del lado del transporte ferroviario de mercancías no ha cundido la alarma: hasta ahora no existe eco de empresas que vayan a secundar o a verse afectadas por los parones de actividad de forma directa, y de hecho, la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP) apunta a la cantidad de sindicatos que se han posicionado abiertamente en contra de esta movilización. Como máximo, prevé su presidente, Juan Diego Pedrero, “podrá haber afectación en el caso de que el personal de Adif sí secunde la huelga, y eso es probable que suceda porque ya ha ocurrido otras veces”.

“Esperemos que se pueda separar la supply chain del movimiento social, aunque resulte difícil”
Jordi Espín Secretario general de Spanish Shippers’ Council

LOS CARGADORES ACTIVAN SUS PLANES B
La coyuntura es distinta entre el sector de la carga, donde sí existe un poco más de alarma acerca del llamamiento a la huelga general, que aunque no sea específica del transporte, provoca que “tengamos un poco de miedo a que afecte al normal desarrollo del transporte de mercancías”, según especifica la secretaria general de la Asociación de Cargadores de España (ACE), Nuria Lacaci. “Quizá el negocio no se paralice del todo, pero sí que prevemos que quede muy afectado”, por lo que no descartan desplegar planes de contingencia que sus empresas asociadas ya pusieron en práctica durante otras situaciones similares de acuerdo con sus proveedores y partners, como el cambio de medio de transporte y el cambio de rutas. Por su parte, el secretario general de Spanish Shippers’ Council, Jordi Espín, espera que “se pueda separar la supply chain del movimiento social”, aunque reconoce que, en un momento de tanto ruido, pueda resultar difícil. “El transporte de mercancías tiene que continuar funcionando y esperemos que la afectación sea mínima”, asegura. En cualquier caso, desde la asociación ya han recomendado activar lo que Espín denomina ‘líneas de vida’, es decir, planes basados en líneas de funcionamiento “menos rentables, más costosas y menos habituales” que desde la organización siempre invitan a tener activados en la recámara para casos excepcionales.

PETICIONES DE CARA AL PRÓXIMO GOBIERNO
De cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, cada tejido empresarial se encuentra ya lanzando sus inquietudes a los partidos políticos. En el caso de la carretera, el presidente de CETM remitió una carta abierta al Gobierno actual para pedir una red viaria “a la altura de la economía que sostiene”, ya que, insistió, la red —carreteras, enlaces, conexiones con puertos, estaciones, aeropuertos, aparcamientos seguros y nodos logísticos— no ha recibido durante las últimas décadas el nivel de inversión, mantenimiento y modernización que exige una economía que aspira a competir en Europa. Cabe recordar que el actual Ejecutivo desplegó más de 1.000 millones de euros para el mantenimiento de las carreteras este mismo año. “Desde CETM hemos reclamado durante años una apuesta decidida por el mantenimiento y la modernización de la red viaria, así como por áreas logísticas adaptadas a las necesidades reales del transporte de mercancías. Por todo ello, hacemos un llamamiento al Gobierno de España, y en particular al ministerio de Transportes, para que sitúe las infraestructuras de transporte de mercancías entre las prioridades de la política económica del país”. Un documento que actualmente la organización está puntualizando y actualizando, y con el cual está manteniendo reuniones periódicas con los distintos partidos para presentarles sus inquietudes.

“Con unas Cortes disueltas y un Gobierno en funciones, los plazos legales quedan comprometidos”
Juan José Gil Secretario general de Fenadismer

En el caso de Fenadismer, vuelven a reivindicar un plan Renove de ayudas a la adquisición de nuevos vehículos de mercancías eléctricos porque “de los datos de 2025 ya se puede inferir perfectamente que se compraron muchos autobuses eléctricos, pero muy pocos camiones”, lamenta Juan José Gil. Igualmente, au secretario general asegura que volverán a reclamar una fiscalidad definitiva para los autónomos de las pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera, así como la prórroga del régimen de módulos. Se trata de proyectos que han quedado en pausa por el adelanto electoral y queda pendiente por saber quién será el encargado de ponerlos en marcha. Ello ha provocado preocupación en la federación por el escenario de “incertidumbre y parálisis legislativa en el que queda sumido el sector” por la disolución de las Cortes Generales y el cese del poder ejecutivo. En concreto, el decreto sobre la jubilación anticipada “queda trágicamente aparcado, a pesar de que ya se encontraban muy avanzados los informes preceptivos exigidos para su aprobación formal por el Consejo de Ministros”.

Lo mismo ocurre con el decreto sobre el control de la jornada laboral, que pretendía “obligar” a las empresas transportistas a implantar un segundo sistema de registro de jornada adicional al tacógrafo. La tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley sobre la cláusula de indexación del precio de los carburantes queda interrumpido y Fenadismer se manifiesta “muy preocupado” por el futuro del régimen fiscal de módulos. Su salida adelante depende de la aprobación de una norma con rango de ley antes del próximo 31 de diciembre. “Con unas Cortes disueltas y un Gobierno en funciones, los plazos legales quedan seriamente comprometidos”, asegura Juan José Gil. Así, la federación “exigirá al Gobierno que resulte de las urnas la reanudación urgente de estas materias tan pronto como se constituyan las nuevas instituciones”.

“Nuestras peticiones no dependen del color político, sino de nuestras necesidades”
Nuria Lacaci Secretaria general de ACE

En lo referente a las demandas y peticiones, tanto a los programas electorales de los diferentes partidos políticos como al próximo Ejecutivo, sea del color que sea, el transporte ferroviario de mercancías no modifica su discurso: doblar la cuota ferroviaria y paliar los sobrecostes que las compañías ferroviarias privadas han asumido tanto a la hora de desviar o suspender tráficos por las obras como a la hora de alquilar o comprar nuevo material rodante. “Mucho nos tememos que, en función de lo que pase”, enuncia Pedrero refiriéndose al resultado electoral del próximo día 29, “haya una disminución grave de oferta ferroviaria” porque “hay que reconocer que el Gobierno actual es el único que ha puesto sobre la mesa un programa que se está ejecutando”. En cualquier caso, desde el sector no tiran la toalla: desde AEFP consideran “importantísimo” continuar con el Plan Mercancías 30 y llaman a convertir cuestiones como la mejora de las infraestructuras en cuestión de Estado. “Iniciativas como el SAPET o como Mercancías 30 se han planteado a cinco años. Si hay cambio de Gobierno, intentaremos convencerles para que así se cumpla”, sostiene Pedrero.

Los cargadores tampoco varían demasiado sus peticiones al futuro Ejecutivo, sea cual sea, ni a los programas electorales de cada formación política. Desde la Asociación de Cargadores de España (ACE) confirman que están trabajando en un documento de carácter privado que facilitarán al nuevo Gobierno, para hacerles llegar sus peticiones, reivindicaciones y necesidades, que, según Lacaci, son exactamente las mismas que hasta el momento. “Esto no depende del color político, sino de nuestras necesidades”. En el caso de Spanish Shippers’ Council, Jordi Espín vuelve a solicitar el reconocimiento del cargador en el transporte. “Está bien poner al conductor al frente, y eso ya está hecho. Ahora queda colocar la carga en el centro”, asegura el secretario general. En este sentido, alude a que la mejora de las infraestructuras, la intermodalidad y la digitalización han sido los mantras clásicos prometidos en cada legislatura, y el final último de todo ello es beneficiar a la carga. “Ahora toca promover el papel estratégico del cargador”, enuncia Espín, que vuelve a solicitar una promoción de la contratación responsable, cuyo proyecto se ha quedado parado por el adelanto electoral, y el incentivo de estándares para lograr un sistema de carga responsable, corrigiendo deficiencias como los kilómetros en vacío y los tiempos de descarga, entre otros.

UNO aspira a que el nuevo Gobierno pivote la competitividad en la logística y el transporte

Por su parte, la patronal logística UNO celebraba esta semana la convocatoria de elecciones porque, aseguraba su presidente, Francisco Aranda, “el país necesita garantizar un horizonte de estabilidad y certidumbre. Las empresas sólo pueden invertir, crecer y crear empleo cuando cuentan con unas reglas claras, seguridad jurídica y la confianza necesaria para movilizar capital, tomar decisiones a medio y largo plazo, y favorecer el crecimiento de la actividad”. En este sentido, UNO sitúa entre sus principales peticiones favorecer el diálogo, los consensos y la búsqueda de soluciones que permitan afrontar los retos estructurales de la economía; así como la estabilidad regulatoria y la simplificación administrativa, con el objetivo de facilitar la actividad empresarial, impulsar la innovación y mejorar la competitividad del tejido productivo. En palabras de Aranda, “esa visión de futuro debe apoyarse en sectores estratégicos como la logística y el transporte, esenciales para el funcionamiento de la economía y la competitividad del conjunto del tejido productivo”.

“Es importante que se apruebe la convocatoria del SAPET antes del 29 de noviembre para que siga adelante”
Juan Diego Pedrero Presidente de AEFP

EL FUTURO DE LAS AYUDAS AL TRANSPORTE POR CARRETERA Y FERROVIARIO
Capítulo aparte en este tema merecen las ayudas y subvenciones al transporte de mercancías por carretera y por ferrocarril. El futuro del Real Decreto-Ley 25/2026, que sirvió de prórroga del anterior en materia de ayudas económicas por la crisis de los carburantes, no genera inquietud en el sector porque, en principio, se votará en la Diputación Permanente del Congreso el próximo día 16 de octubre y, si sale favorable, como todo indica que sucederá al existir una mayoría de apoyo al Gobierno en dicho organismo, las ayudas deberían seguir adelante sin ningún problema a la espera de que se concedan por parte de Hacienda, como reclama el sector. Al menos es así como el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se lo han trasladado a fuentes de la mayor patronal de transporte de mercancías por carretera (CETM), según reconocen dichas voces, que apuntan incluso a una mayoría de votos favorables de todos los partidos representados en la Diputación Permanente.

En lo referente al paquete de ecoincentivos combinados con el sistema de ayudas por perturbaciones extraordinarias de tráfico (SAPET), en el transporte ferroviario de mercancías hay tranquilidad, al menos por ahora. Al tratarse de una Orden Ministerial y no de un Real Decreto-Ley, no afectará al proceso de aprobación y concesión de las ayudas, si bien el fondo de la iniciativa sí podría variar en caso de cambio de Gobierno, y por tanto, de cartera ministerial. Cambios que, en todo caso, no se producirían antes de enero de 2027. “Por eso es tan importante que se apruebe la convocatoria una vez terminadas las alegaciones antes del 29 de noviembre [día de las elecciones anticipadas]”, explica Juan Diego Pedrero (AEFP). “Si es así, la Orden Ministerial con las ayudas seguirá adelante”. Respecto al SAPET correspondiente a 2025, cabe menos temor por tratarse de un sistema contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible, aprobada hace justo ahora un año. Las modificaciones en sede parlamentaria en este caso se complicarían en caso de llegada de un nuevo Ejecutivo. “En este caso estamos hablando de que habría que cambiar toda una ley que además cuenta con partes blindadas, como el hecho de que es Adif quien debe compensar esas partidas”, explica Pedrero.