El cambio de prelación de convenios hunde la negociación del Acuerdo General de Mercancías

27/05/2024 CdS

El cambio legal introducido esta misma semana en la prelación de convenios colectivos para primar los de ámbito autonómico desconcierta a los agentes sociales del transporte y empantana aún más las negociaciones del Acuerdo General.

La negociación de un nuevo Acuerdo General de Mercancías ya llevaba tiempo empantanada, pero ahora, el cambio legal introducido esta misma semana en la prelación de convenios colectivos para primar los de ámbito autonómico ha sumido las conversaciones en una niebla que impide avanzar a los agentes sociales, tal y como ha podido constatarse en el 19º Congreso Nacional de Empresarios de Transporte que celebra esta misma semana CETM en Ciudad Real.

Tanto representantes sindicales como empresariales se mantienen a la espera de ver cómo queda el Real Decreto-Ley publicado esta misma semana, una vez se someta a convalidación en el Congreso de los Diputados, momento en que podrían introducirse algunos cambios.

Mientras tanto, sindicatos y organizaciones empresariales mantienen sus diferencias de fondo sobre el alcance del Acuerdo General. Por un lado, los sindicatos estiman que este instrumento que actúa como regulador de las condiciones laborales debe adaptarse a los profundos cambios que ha vivido el sector, principalmente debido al auge de los servicios logísticos y de distribución urbana.

Por otra parte, las organizaciones empresariales tampoco conforman un grupo con una postura común en relación con el Acuerdo Marco, aunque prevalece la percepción de que no es el momento adecuado para que el Acuerdo General se convierta en un convenio de ámbito nacional, algo que, sin embargo, no quita para que se puedan negociar asuntos espinosos como la estipulación de un salario mínimo o una regulación homogénea de las dietas.

Así pues, parece que más que avanzar las negociaciones habrían vuelto a la casilla de salida con unos agentes sociales preocupados por el papel cada vez más intervencionista que está teniendo el Ejecutivo, algo que se traduce en un creciente grado de inseguridad jurídica y en un pesimismo cada vez más abierto en la interlocuión empresarial.

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