23/02/2024 EL ESPAÑOL

El castigo judicial a la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona (ZBE) ha sido absoluto. En primera instancia, fue el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que tumbó las restricciones en marzo de 2022 al considerar excesivas las limitaciones planteadas por la ordenanza municipal barcelonesa encargada de regular la medida.

El pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo (TS) ratificó la anulación de la citada normativa, tras desestimar los recursos presentados por el Ayuntamiento, el Área Metropolitana de Barcelona y la Generalitat, una decisión judicial que llegó después de que el consistorio barcelonés aprobara una modificación de la ordenanza original para burlar a la Justicia y mantener las limitaciones en Barcelona.

Uno de los contenciosos administrativos presentados durante este periodo fue el de los transportistas, en el que se unieron cinco asociaciones para expresar su rechazo a la primera ordenanza. El TSJC lo estimó, lo que escenificó un revés definitivo a la medida. Tal y como se desprende de un anuncio del Ayuntamiento publicado en el Boletín Provincial barcelonés este febrero, esta sentencia también impuso las costas del recurso al consistorio por un máximo de 3.000 euros, al mismo tiempo que reafirma la obligación, por parte del consistorio, para retornar las multas a todos los afectados.

Satisfacción en el sector

Yolanda Redondo, secretaria general de la Federación Catalana de Transportes de Barcelona (TRANSCALIT), expresa la satisfacción del sector por las sentencias judiciales. «Es una sentencia que ayuda a que las normativas que regulen esta cuestión sean medidas estudiadas, proporcionadas, tengan una base y ofrezcan alternativas«, explica. La portavoz de la Federación recuerda que los profesionales también quieren «un aire más limpio», pero remarca la importancia de tratar «la forma para llegar a este objetivo».