La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha subrayado el papel estratégico que desempeñan los puertos en las cadenas de valor y en la internacionalización de las empresas españolas. “Los puertos son mucho más que infraestructuras de transporte. Son nodos estratégicos en las cadenas de valor y puntos de conexión entre mercados, esenciales para la integración de nuestra economía en el comercio internacional”.

La presidenta ha recordado al inicio de la jornada que España cuenta con cerca de 8.000 kilómetros de costa y una marcada vocación exterior, circunstancias que refuerzan la relevancia económica de los enclaves portuarios. Según destacó, cada año transitan por los puertos españoles más de 550 millones de toneladas de mercancías, cerca de 40 millones de pasajeros y el 77% del tráfico total de mercancías del país. “Lo que ocurre en los puertos impacta directamente en los costes, en los tiempos y, en definitiva, en la competitividad de nuestras empresas y en el bienestar de los ciudadanos”.

Fernández ha añadido que la competencia en los servicios portuarios trasciende en el ámbito sectorial para convertirse en una cuestión de política económica, por ello, ha defendido que una mayor presión competitiva favorece la eficiencia, reduce costes, impulsa la innovación y mejora la calidad de los servicios, con efectos positivos tanto para las empresas usuarias como para los consumidores. Sin embargo, los estudios elaborados por la CNMC detectan que persisten importantes limitaciones en distintos segmentos de actividad. Según ha explicado la presidenta del organismo, todavía existen barreras regulatorias y de acceso, carencias en materia de transparencia y diseños concesionales susceptibles de mejora: “En algunos casos nos encontramos con estructuras donde la competencia efectiva es reducida o incluso inexistente”.

Las conclusiones presentadas por el director del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC, Alfonso Camba, ponen de manifiesto la importancia económica del ecosistema portuario español. Según los datos expuestos, el sector genera un impacto económico equivalente al 2,2% del PIB nacional y representa el 1,4% del empleo total en España. Además, los puertos constituyen un eslabón fundamental para las cadenas de valor y el comercio internacional, al tiempo que influyen directamente sobre los costes que soportan empresas y consumidores. Alfonso Camba recuerda la posición marítima estratégica de España y el papel que desempeñan los distintos servicios portuarios analizados por el regulador, entre ellos practicaje, remolque, amarre y desamarre, suministro de combustible (bunkering), recepción de desechos MARPOL y manipulación de mercancías.

La CNMC plantea una batería de recomendaciones comunes para todos los servicios portuarios orientadas a reforzar la competencia y mejorar la eficiencia. Entre ellas destacan la actualización de pliegos y condiciones de prestación para adaptarlos a la realidad actual; la eliminación de barreras innecesarias en licencias y tarifas; una mayor transparencia en materia concesional; el fomento de la competencia por el mercado cuando no sea posible la competencia dentro del mercado; y el desarrollo de sistemas de incentivos, indicadores y mecanismos de supervisión independientes.

En el ámbito de los servicios al buque, la CNMC ha formulado propuestas diferenciadas para cada actividad.

En practicaje, el organismo aboga por eliminar el monopolio legal existente, facilitar un acceso objetivo a la profesión y flexibilizar determinadas exenciones, incluyendo el desarrollo de modalidades de practicaje desde tierra.

Para el remolque portuario, propone revisar la obligatoriedad del servicio bajo criterios de proporcionalidad, replantear determinados requisitos vinculados a la bandera de los remolcadores y facilitar la utilización de activos de las autoridades portuarias para fomentar la concurrencia en los concursos.

Respecto a los servicios de amarre y desamarre, Competencia apuesta por reforzar la transparencia de licencias y concesiones, actualizar los pliegos y asegurar que los medios mínimos exigidos y las tarifas respondan a criterios proporcionados.

En materia de recepción de desechos MARPOL, recomienda licencias compatibles con la máxima competencia posible, homogeneizar conceptos tarifarios y revisar aquellas tarifas donde se detecten desajustes persistentes.

Por último, en el ámbito del bunkering, plantea clarificar el encaje jurídico de la actividad evitando nuevas barreras de entrada, incrementar la transparencia de precios y disponer de información comparable entre operadores y puertos.