18/06/2026 EL MERCANTIL

La problemática sobre las falsas cooperativas ha vuelto a resurgir al considerar varias asociaciones sectoriales que los planes de inspección no están funcionando como deberían. “Es cierto que no es un fenómeno nuevo, existen sanciones documentadas desde hace más de diez años, lo que demuestra que es un problema estructural y no coyuntural, pero el hecho de que el ministerio de Transportes haya vuelto a situar las falsas cooperativas como una de las prioridades de su Plan de Inspección 2026 evidencia que el problema de este tipo de fraude sigue existiendo”, explica el presidente de CNTC y Conetrans, Javier Arnedo. Las organizaciones del transporte coinciden en la necesidad de intensificar el control sobre las denominadas falsas cooperativas, a las que atribuyen situaciones de competencia desleal y fraude, pero mantienen posiciones distintas sobre qué debe reforzarse para combatir el problema, los recursos humanos, la coordinación o, incluso, medidas cautelares.

Las cooperativas fraudulentas son aquellas que invitan a sus socios a tributar en un sistema fiscal no está permitido

Aunque el término se utiliza de forma habitual en el sector, las organizaciones insisten en diferenciar entre las cooperativas que desarrollan su actividad de forma legal y aquellas que utilizan determinadas fórmulas para obtener ventajas económicas indebidas. Según explica el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte, José Luis Ayuso, una de las prácticas que más preocupa consiste en permitir que determinados socios tributen bajo regímenes fiscales que no les corresponderían. “Pensamos que son cooperativas fraudulentas aquellas que invitan a sus socios a tributar en un sistema fiscal que no está permitido para quien no tiene el título de capacitación”, señala. En esta misma línea, Javier Arnedo (CNTC) apostilla que existen diversos indicios que pueden alertar sobre una utilización fraudulenta de la figura cooperativa “como que los socios facturen directamente servicios de transporte sin disponer de la correspondiente autorización o que la cooperativa actúe únicamente como una estructura administrativa de facturación y gestión documental”.

A juicio de José Luis Ayuso (Federación Nacional de Cooperativas de Transporte), esta situación genera una competencia desleal frente a quienes cumplen íntegramente con sus obligaciones tributarias y operan bajo las mismas exigencias que el resto del mercado. “Les dan de alta en el epígrafe de transportistas y se benefician de un régimen fiscal mucho más beneficioso”, explica. A este respecto, el presidente de Conetrans, añade que las falsas cooperativas generan una grave distorsión competitiva “porque eluden obligaciones fiscales, laborales, de Seguridad Social y/o de transporte y por ello pueden operar con costes artificialmente inferiores a los que soportan las empresas y autónomos que si cumplen la legislación”. Por su parte, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte especifica que esta situación genera una diferencia de costes que acaba trasladándose al mercado. Mientras las empresas y autónomos que operan conforme a la normativa asumen íntegramente sus obligaciones fiscales y administrativas, quienes utilizan estas fórmulas pueden reducir sus cargas y ofrecer condiciones más competitivas. “Efectivamente, perjudica al sector que sí actúa legalmente y paga sus impuestos en el porcentaje que corresponde”, sostiene Ayuso.

Por tanto, el tejido asociativo coincide en “tener tolerancia cero” y en “reforzar las actuaciones inspectoras”, sin embargo, la principal diferencia entre las organizaciones consultadas aparece en cómo debería ser ese refuerzo y en si la fórmula actual es la correcta. Las actuaciones de control sobre posibles irregularidades en el transporte por carretera se desarrollan actualmente a través de los planes estatales de inspección y de las campañas impulsadas por las distintas administraciones competentes. Estos programas fijan las prioridades de control de cada ejercicio y permiten coordinar actuaciones sobre distintos ámbitos de la actividad transportista, desde el uso de autorizaciones hasta posibles incumplimientos administrativos, laborales o fiscales. Por tanto, aunque el sector considera que el ministerio de Transportes debe seguir siendo el eje central de estas actuaciones por ser el organismo que controla el cumplimiento de la normativa sectorial y dispone de capacidad para detectar posibles irregularidades vinculadas al uso de autorizaciones o al ejercicio de la actividad, existe un debate sobre la falta de coordinación entre las administraciones. De hecho, desde la Federación de Cooperativas consideran que ese trabajo pierde eficacia si no desemboca posteriormente en actuaciones por parte de la Agencia Tributaria. Según explica José Luis Ayuso, ambas administraciones deberían actuar de forma complementaria: una desde la óptica del transporte y otra desde la fiscalidad. “El liderazgo debe venir de Transportes, que es quien debe informar de lo que está pasando a la Agencia Tributaria”, sostiene.

“No hay ninguna coordinación aún, a pesar de que la hemos exigido, pedido y solicitado”
José Luis Ayuso Presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte

En este sentido, José Luis Ayuso considera que el principal problema es la ausencia de una actuación verdaderamente coordinada entre Transportes y la Agencia Tributaria. “No hay ninguna coordinación aún, a pesar de que la hemos exigido, pedido y solicitado”, afirma. Además, destaca que tanto las organizaciones sectoriales como las administraciones disponen desde hace tiempo de información suficiente sobre muchas de las cooperativas que generan preocupación en el sector. El presidente de la Federación de Cooperativas asegura que han trasladado reiteradamente estos casos a los organismos competentes y sostiene que la cuestión no es tanto identificar las posibles irregularidades como actuar con mayor rapidez una vez detectadas. De hecho, sitúa buena parte de estas prácticas en cooperativas radicadas en Catalunya, especialmente en el entorno de Barcelona, aunque asegura que también existen estructuras vinculadas a la provincia de Valencia y a la Comunidad de Madrid.

En su opinión, ambas administraciones deberían intercambiar información de forma más ágil para acelerar la detección de posibles irregularidades y actuar antes de que los procedimientos se prolonguen durante meses. Según explica, el ministerio de Transportes dispone ya de información suficiente para identificar determinadas situaciones irregulares vinculadas a la actividad de algunas cooperativas, mientras que la Agencia Tributaria cuenta con herramientas para comprobar si la fiscalidad aplicada por estas entidades y sus socios se ajusta realmente a la normativa vigente. “Esto es tan sencillo como que el ministerio de Transportes le diga a Hacienda quiénes son, cómo se llaman, qué cifras tienen y que comprueben que están cumpliendo con la fiscalidad”, afirma.

“La clave es actuar de forma preventiva y coordinada antes de que genere un daño”
Javier Arnedo Presidente de Conetrans

Por su parte, el presidente de Conetrans, Javier Arnedo, destaca que estos planes deberían contemplar inspecciones periódicas (contrataciones, facturaciones, situación laboral y societaria, etc) y cruces sistemáticos de información entre administraciones. “La clave es actuar de forma preventiva y coordinada para detectar el fraude antes de que genere un daño significativo al mercado”. Además, aclara que la lucha contra las falsas cooperativas “exige una actuación conjunta de varias administraciones: Transportes, Trabajo y Seguridad Social, Agencia Tributaria, comunidades autónomas y si hay indicios penales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Fiscalía”.

Por el contrario, desde CETM consideran que la coordinación entre administraciones ya existe y que el principal problema radica en la falta de recursos humanos para atender todos los posibles casos de fraude. “Hay coordinación. De hecho, hay reuniones entre las administraciones, pero no hay recursos humanos suficientes para atender todo lo que se debería atender”, explica el presidente de la mayor patronal transportista de España, Carmelo González.

“Hay coordinación, pero no los recursos humanos suficientes”
Carmelo González Presidente de CETM

Por otro lado, el problema no es únicamente detectar las posibles irregularidades, sino el tiempo que transcurre hasta que las sanciones llegan a materializarse. Durante ese periodo, las estructuras investigadas continúan desarrollando su actividad y obteniendo una rentabilidad derivada de unas condiciones que el resto de operadores consideran irregulares. “Cuando el ministerio de Transportes les inspecciona, les sanciona, pero hasta que llegan a sancionarles han tenido una rentabilidad que a veces les vale hasta la pena”, afirma José Luis Ayuso. En este sentido, añade que este factor reduce el efecto disuasorio de las actuaciones inspectoras y explica por qué algunas prácticas continúan reproduciéndose pese a las sanciones impuestas en los últimos años. “Siempre que llega una inspección y una sanción es bueno, pero hay que valorar cuánto tiempo tarda en llegar”, añade.

Por este motivo, la organización defiende la adopción de medidas cautelares que permitan actuar de forma más inmediata cuando existan indicios claros de incumplimiento, evitando que los procedimientos administrativos se prolonguen mientras las estructuras investigadas siguen operando en el mercado. Por su parte, Conetrans considera que “cuando determinadas estructuras continúan reapareciendo o adaptándose para seguir operando al margen de la ley, resulta evidente que algo no funciona”. Por ello, Javier Arnedo apunta que es necesario “complementar las sanciones con medidas que impidan la continuidad de las actividades fraudulentas, incluyendo la pérdida de autorizaciones y el cierre de aquellas estructuras cuya actividad se sustente de forma sistemática en el incumplimiento de la normativa. La legalidad debe ser la condición mínima para competir en el mercado, nunca una desventaja frente a quienes incumplen las reglas”.

Solicitan que se tomen medidas cautelares cuando existan indicios claros de incumplimiento

Desde CETM también consideran que la sanción más efectiva es, precisamente, impedir que quienes incumplen continúen operando en el mercado. “El que no cumpla, pues que no esté en el mercado”, resume el presidente de la patronal, aunque apela a la prudencia en cuanto a posibles medidas cautelares. Carmelo González considera que cualquier actuación debe respetar la presunción de inocencia y recuerda que en algunos procedimientos inicialmente se apuntó a la existencia de fraude y después los tribunales determinaron que no existía. “Sería un daño tremendo parar a una cooperativa supuestamente fraudulenta cuando luego no lo es”, advierte.