Patronales como CETM, Fenadismer o UNO han dado un paso más en sus valoraciones en las últimas horas para alertar de una situación insostenible que no solo impide conformarse con las medidas del Gobierno aprobadas el viernes, sino que además sitúa el transporte por carretera al borde de un conflicto con el Gobierno.

Se habla de “situación crítica” por el impacto del alza del combustible derivado de la crisis de Oriente Medio y se considera insuficiente el plan del Ejecutivo, reclamándose cambios urgentes y no descartándose movilizaciones.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que reunió de urgencia este sábado a su Comité Ejecutivo, advirtió de un “riesgo real” para la viabilidad del sector, en un contexto marcado por la escalada del precio del diésel y la incertidumbre derivada de la tensión en el estrecho de Ormuz.

La patronal ha presionado al Ejecutivo para que reconsidere el alcance del plan y adopte medidas más eficaces que permitan sostener la actividad. Según señala, la ausencia de medidas estructurales y de apoyo directo a las empresas, junto a la eliminación de instrumentos como el gasóleo profesional, sitúa a miles de compañías en una “posición límite”, incapaces de absorber el impacto de la escalada de costes.

CETM advierte de que la ausencia de una respuesta adecuada “podría desembocar en un escenario de creciente tensión, con consecuencias que irían más allá del propio transporte”.

La organización ha insistido en que el transporte de mercancías no puede seguir actuando como “amortiguador invisible” de las crisis, asumiendo costes que no le corresponden sin mecanismos eficaces de compensación. Esta situación, advierte, podría acelerar el deterioro del tejido empresarial del sector.

En la misma línea, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) calificó el sábado las medidas de “decepcionantes y perjudiciales”, denunciando una clara desproporción en el reparto de las ayudas. Según la organización, mientras los vehículos particulares verán compensado prácticamente todo el impacto del encarecimiento del carburante, los profesionales apenas cubrirán menos del 50% del sobrecoste real que soportan, pese a ser los más afectados por la crisis.

Por ello, Fenadismer advirtió de que el decreto aprobado limita la capacidad de los transportistas para repercutir el incremento del combustible en sus tarifas, lo que agrava aún más la presión sobre sus márgenes, abriendo la puerta a posibles movilizaciones a nivel nacional si no se corrigen las medidas antes de final de mes.

La organización cifra en cerca de 250 millones de euros el sobrecoste acumulado en apenas tres semanas, lo que sitúa al sector en una situación de “asfixia económica”.

Por su parte, la patronal logística UNO coincidió el sábado en señalar la insuficiencia del paquete aprobado y reclama un nuevo plan de choque de mayor alcance. Su presidente, Francisco Aranda, ha advertido de que las ayudas actuales “no se corresponden con la gravedad de la situación” y que el sector se enfrenta a una crisis estructural más intensa incluso que la vivida durante la guerra de Ucrania.

UNO subraya que la bonificación de 0,20 euros por litro supone únicamente un alivio temporal, mientras que las compensaciones económicas previstas cubren “solo una fracción mínima del sobrecoste real”, lo que deja a muchas empresas operando con pérdidas.

Asimismo, advierte de que las medidas de financiación y liquidez, como las líneas de avales para la compra de combustible, no reducen los costes estructurales y generan incertidumbre al tener un horizonte limitado en el tiempo, lo que pone en riesgo la continuidad de autónomos, pymes y operadores logísticos.

Frente a la batería de medidas que reclamó el sector del transporte por carretera al Gobierno a lo largo de los últimos días, finalmente sólo se aprobaron dos puntos que afectan al sector:

• Bonificación de 20 céntimos. Se establece una ayuda directa de 0,20 euros por litro de gasóleo para transportistas profesionales hasta el 30 de junio de 2026.
• Línea de Reavales ICO. Ante el encarecimiento del combustible, el Gobierno habilita 2.000 millones de euros en reavales a través del ICO para garantizar la continuidad operativa de autónomos y pymes.