Acertó el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, en el desayuno informativo celebrado en Madrid la semana pasada, cuando al ser preguntado por la mayor fortaleza del sistema portuario de titularidad estatal respondió que es esa misma: su concepción de “sistema”.

Lástima que, a continuación, cuando hubo de responder a cuál es su principal debilidad, optara por diluir la respuesta, como sucedió ante algunas otras preguntas. En cualquier caso, la respuesta era, en mi opinión, sencilla: si la principal fortaleza del sistema portuario español es su concepción como sistema, su principal debilidad es la misma, su concepción como sistema, pues un modelo tan amplio, diverso y ambicioso lleva consigo numerosos lastres que es necesario afinar día tras día, cuando, además, el contexto es una dinámica política, social y cultural que nos divide como país y que aisla al sector, de ahí la dificultad de perseverar en un modelo integrador.

Merece la pena analizar esta cuestión ante el espejo de esa propuesta que está cocinando la Comisión Europea de nueva Estrategia Portuaria y que va mucho más allá de la política común, pues una cosa es defender una regulación armonizada y, por tanto, estar sometidos a la misma normativa, y otra muy distinta es caminar en pos de los mismos objetivos, con el mismo horizonte.

Digo esto porque resulta muy fácil hablar de coordinación y de armonización y lanzar reglamentos y directivas para poner solución a la fragmentación operativa y normativa en el marco de la UE pero, de forma subsiguiente, la historia pasada y reciente nos viene mostrando el naufragio de borradores y proyectos que, o bien terminaron en las simas abisales, o bien acabaron aguados de tanto conjugarse el verbo descafeinar.

En la idílica pretensión de conformar un sistema portuario europeo, surge indefectiblemente este muro del consenso que, además, viene reforzado en Europa por los distintos modelos de gobernanza portuaria.

No es preciso abundar mucho más en ello. Si en España sí tenemos sistema portuario y sí tenemos un mismo modelo de gobernanza pero, en cambio, ante una reforma menor de las leyes de Puertos y de Navegación Marítima se han presentado hasta 336 enmiendas, muchas de ellas de claro cuestionamiento del referido sistema, qué no venimos enfrentando en Europa con una diversidad incluso mayor si cabe.

Aún así, desde la Comisión Europea se ha concebido la Estrategia “como un marco de gobernanza multinivel en el que la Comisión asume la coordinación y orientación estratégica y los estados, las autoridades portuarias, el sector privado y los agentes sociales son responsables de su aplicación”.

Esto es muy hermoso, pero adolece de la misma debilidad que atenaza al sistema portuario español.

De nada sirve definir modelos de gobernanza, estrategias portuarias y reglamentos de armonización si el único que en España o en Europa se siente concernido es el ámbito portuario.

Es decir, voy primero al caso español. ¿De qué sirve afinar al máximo un modelo de autosuficiencia económica y autonomía de gestión para cada autoridad portuaria bajo la supervisión de un organismo como Puertos del Estado si el Ministerio de Hacienda, si el Ministerio de Transición Ecológica o si el Ministerio de la Función Pública aplican tabla rasa y acribillan a los puertos a procedimientos, burocracias e ineficiencias administrativas en base a normativas genéricas sin haber internalizado lo más mínimo el valor estratégico de los puertos y su hecho diferencial administrativo, económico y social?

Por la misma razón, ¿para qué querríamos un sistema portuario europeo con un marco de gobernanza multinivel en el que en este caso quien ejerce la coordinación y orientación estratégica es la Comisión Europea cuando, a la hora de desarrollar políticas medioambientales o incluso políticas internacionales, estamos dañando severamente a los puertos europeos con medidas como el ETS o estamos minando la libre competencia al financiar a competidores directos de terceros países?

El valor estratégico de los puertos debe calar en todos los ámbitos competenciales y de poder de la Unión Europea. Si no, será papel mojado y seguiremos masacrados por el fuego amigo .

Y lo mismo en el caso de un país como España. Hasta que las comunidades autónomas, el resto de Departamentos del Gobierno, demás organismos públicos y de supervisión y partidos políticos no estén en la misma onda de la trascendencia estratégica portuaria, no dejaremos de tragarnos todos los palos en las ruedas habidos y por haber.