15/01/2026 EL CANAL MARÍTIMO Y LOGÍSTICO
El Consejo General de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros (CGAA) muestra su preocupación por las disfunciones que está generando la aplicación del Reglamento (CE) nº 1005/2008 contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), tras la modificación, desde el pasado 10 de enero, de su gestión informática.
El CGAA considera que el modo en que se está implementando el nuevo sistema de control y certificación de las importaciones de productos de la pesca está provocando retrasos generalizados en puertos y aeropuertos, con la consiguiente inmovilización de mercancías, muchas de ellas altamente perecederas. Estas demoras, según afirma el CGAA, están teniendo “un impacto económico directo sobre importadores, operadores logísticos y representantes aduaneros, además de comprometer la eficiencia de la cadena de suministro”.
El Consejo General de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros, presidido por Antonio Llobet, subraya que el problema “no reside en el objetivo del reglamento, cuyos objetivos son plenamente compartidos, sino en su aplicación práctica”, a lo que añaden: “La actual carga administrativa resulta excesiva y desproporcionada, con duplicidades documentales, reiteración de información ya disponible para la Administración y una falta de interoperabilidad efectiva entre los sistemas informáticos utilizados. Todo ello genera una situación de clara inseguridad jurídica para los operadores”.
Asimismo, el Consejo General advierte de que “estas deficiencias afectan también a los funcionarios encargados de aplicar la normativa, que se enfrentan a un volumen de trabajo creciente sin disponer de herramientas plenamente operativas ni de bases de datos actualizadas, lo que incrementa el riesgo de retrasos, errores administrativos y disfunciones en el servicio público”.
El CGAA indica que es “especialmente preocupante» la implantación del sistema CATCH en TRACES NT sin que exista un “número suficiente” de países terceros autorizados para su uso. Esta circunstancia “obliga a duplicar trámites y certificaciones, sin aportar un valor añadido real en la lucha contra la pesca ilegal, y contribuye al colapso operativo de los puntos de entrada, en puertos y aeropuertos”, explican.
El Consejo General alerta de que la acumulación de retrasos, sobrecostes logísticos y pérdidas de mercancías perecederas podría derivar en reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la administración, al tratarse de “daños directamente vinculados al funcionamiento anormal del sistema”. A lo que añaden que “por todo ello, se solicita una revisión urgente de la aplicación del Reglamento (CE) 1005/2008, con el fin de garantizar la seguridad jurídica, eliminar duplicidades innecesarias, mejorar los sistemas informáticos y dotar a la administración de los medios técnicos y humanos adecuados”.
“La lucha contra la pesca ilegal es una prioridad compartida, pero no puede llevarse a cabo a costa de paralizar puertos y aeropuertos ni de hacer inviable el comercio legal”, señala el CGAA, que reitera su disposición a colaborar con las autoridades nacionales y europeas para alcanzar un sistema de “control eficaz, proporcionado y jurídicamente seguro”.
