A través de la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, se trasladó ayer a los representantes del CNTC que la intención del Gobierno es que las medidas anticrisis comprometidas el pasado 30 de marzo sean aprobadas mediante una orden ministerial, extremo que todas las organizaciones del Comité Nacional rechazan de plano.

A la espera de que el pleno del CNTC confirme en su reunión de esta mañana la posición conjunta, las organizaciones del Comité consideran que la tramitación de una orden ministerial puede durar meses, mientras que el real decreto-ley es un instrumento que se esperaba que pudiera ser aprobado de cara al Consejo de Ministros de la próxima semana y, así, entrar en vigor de inmediato.

Además, fuentes próximas al CNTC insisten en que fue el propio Gobierno el que se comprometió a aprobar dicho real decreto-ley, exigiéndose por tanto que se aplique dicho cauce.

Desde el Gobierno existe el temor a que el nuevo real decreto, que englobaría también otras medidas anticrisis, pudiera naufragar en el Congreso y quedar sin entrar en vigor los aspectos relativos al transporte por carretera, de ahí su preferencia por la orden ministerial.

No obstante, desde el CNTC se insiste en que lo que debe hacer el Gobierno es impulsar un texto de real decreto con medidas, además de las del transporte, que también encuentren el apoyo del resto de grupos parlamentarios.

Tal y como informó Diario del Puerto, el pasado 30 de marzo, Gobierno y CNTC llegaron a un acuerdo para aprobar un real decreto-ley, con el objetivo de “modificar la fórmula de revisión del precio del transporte en función de la variación del precio de combustible, que ya no necesitará revisiones adicionales en futuras situaciones, ya que estará vinculada al precio del combustible antes de impuestos”. Además, se acordó “modificar la redacción del artículo 38 de la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías para reforzar que la aplicación de la fórmula es automática y obligatoria”, eliminándose cualquier supuesto de pacto en contrario.

El sector defiende la urgencia de las medidas, de ahí la apuesta por el real decreto-ley, máxime ante la nueva aceleración vivida en los últimos días por el precio del gasóleo.