23/02/2026 TODOTRANSPORTE
La Federación Empresarial Balear de Transportes, FEBT, ha alertado del sobrecoste estructural por la insularidad que puede elevar hasta un 35 % el coste por embarque de sus transportistas con destino a la península, por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears que obliga a considerar tiempo de trabajo al que pasa los conductores en el ferry acompañando al camión con destino a la península.
Hasta ahora, en muchos casos, ese periodo se computaba como descanso, por lo que la repercusión es especialmente significativa en Baleares, donde el ferry no es una opción organizativa, sino una consecuencia directa de la insularidad. El Puerto de Palma supera los 9 millones de movimientos anuales y su uso es, evidentemente, una necesidad para todo tipo de traslados de productos a la península o de esta hacia las islas.
Según FEBT, cada trayecto marítimo supone una serie de horas que ahora deberán abonarse o compensarse obligatoriamente, generando un incremento estructural de costes que el sector estima que puede alcanzar hasta un 35 % por embarque.
Además, la sentencia introduce un efecto operativo especialmente complejo. La normativa europea de transporte considera como descanso el tiempo en ferry cuando se cumplen determinadas condiciones —como disponer de camarote o litera y que no se produzcan interrupciones más allá de lo permitido—, circunstancias que habitualmente concurren en los trayectos entre Baleares y la península. Sin embargo, a raíz de esta interpretación judicial, ese mismo periodo pasa a calificarse como “tiempo de presencia” laboral y a computar dentro del límite semanal de aproximadamente 20 horas que fija el Acuerdo General del sector.
Cada trayecto puede suponer unas 7 u 8 horas y según los cálculos de FEBT, con tres embarques semanales, el conductor puede agotar prácticamente ese tope legal, lo que le impide realizar más servicios durante esa semana, aunque apenas haya conducido 200 kilómetros en total. En la práctica, puede verse obligado a detener su actividad semanal pese a haber estado muy poco tiempo al volante.
La federación empresarial balear argumenta que “a esta situación se suma la grave escasez de conductores que ya afecta al sector. La necesidad de rotar más personal para cubrir los mismos trayectos no es sencilla ni inmediata. En un territorio insular, donde el transporte marítimo es imprescindible para garantizar el abastecimiento, esta limitación genera una tensión operativa real”.
Según el punto de vista del empresariado balear, “la sentencia, además, abre la puerta a reclamaciones retroactivas por horas no abonadas en el pasado, lo que incrementa la incertidumbre económica para muchas empresas”.
La FEBT advierte de que este sobrecoste no responde a una decisión empresarial, sino a una condición territorial inevitable. Cuando el transporte se encarece estructuralmente por la insularidad, el impacto no se queda en las empresas: repercute en el conjunto de la economía balear y, en última instancia, en el precio de los productos que llegan a las islas.
La entidad considera necesario analizar con las administraciones el impacto específico que esta interpretación judicial tiene en territorios insulares, con el fin de evitar que una circunstancia geográfica estructural se convierta en un factor permanente de pérdida de competitividad y riesgo para el abastecimiento.