22/01/2026 EL MERCANTIL
El organismo y Bruselas descartan la aplicación provisional del acuerdo mientras el TJUE dirime si es compatible con los tratados de la UE
El acuerdo de libre comercio firmado el pasado 17 de enero entre la Unión Europea (UE) y los países componentes del bloque de Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) va a tener que quedarse en la nevera hasta nuevo aviso. El Parlamento Europeo ha decidido la mañana de este miércoles elevarlo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para solicitar un dictamen jurídico sobre la compatibilidad de dicho acuerdo con los tratados de la Unión. Con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, el pleno ha aprobado una resolución que paraliza de esta forma la aplicación efectiva del pacto entre ambos bloques comerciales, si bien la Comisión Europea podrá continuar con su aplicación provisional hasta que el tribunal europeo emita su veredicto y decida si se puede finalmente ratificar o no el acuerdo de manera total. Un punto sobre el que el organismo se ha pronunciado en contra esta misma tarde. Según ha confirmado el presidente de la comisión de Comercio Internacional, Bernd Lange, “no habrá aplicación provisional sin el consenso entre Comisión y Parlamento. Tenemos que discutir con mucho cuidado si realmente es necesaria una aplicación provisional”.
El Parlamento Europeo debía ratificar el acuerdo en los próximos meses tras la aprobación del Consejo
Cabe mencionar que han sido más de dos décadas de negociaciones de un acuerdo que vuelve a verse retrasado por esta decisión de la Eurocámara, un órgano que debía ratificar en los próximos meses el pacto tras ser aprobado por el Consejo Europeo. El acuerdo cuenta con la oposición de países como Irlanda, Francia y Polonia y de buena parte de la patronal agraria en toda la Unión Europea. La votación ha puesto de manifiesto la división de los eurodiputados en este asunto, ya que la izquierda, los verdes y Renovar Europa, coalición de partidos de centristas y liberales, han promovido la consulta y en general se muestran tradicionalmente en contra del acuerdo comercial, aunque con algunas excepciones. La ultraderecha también ha votado a favor de la remisión al tribunal europeo, quedándose únicamente el Partido Popular Europeo y los Socialdemócratas votando en contra de implicar a la justicia europea. Por su parte, la mayor división de opiniones se ha producido entre los conservadores y reformistas, que permitieron la votación libre de sus parlamentarios.
Los defensores del acuerdo lo consideran una gran oportunidad para las industrias europeas y una forma de reforzar la posición geoestratégica de la UE, especialmente en un momento de constantes fricciones con Estados Unidos tras su giro proteccionista. Así, el Club de Exportadores e Inversores Españoles celebraba ayer mismo el acuerdo comercial y lo calificaba como “hito histórico”. Su presidente, Antonio Bonet, señalaba que “la firma del acuerdo UE-Mercosur supone una excelente noticia para España y para sus empresas exportadoras, al consolidar un área de libre comercio de entre 750 y 780 millones de consumidores y eliminar barreras arancelarias y no arancelarias que han limitado durante años el acceso a estos mercados”. Desde el punto de vista del comercio de bienes, se estima que las exportaciones españolas a Mercosur podrían crecer en torno al 37%, frente al crecimiento del 20% registrado entre 2019 y 2024, según los cálculos del Club.
“El acuerdo UE-Mercosur mejora la posición de nuestras empresas frente a las chinas en dichos mercados”
Antonio Bonet Presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles
Los exportadores españoles destacan, asimismo, el impacto positivo del acuerdo sobre sectores clave de la exportación española, como el vino, el aceite de oliva, los quesos o las frutas, además de manufacturas, maquinaria, bienes de equipo y productos químicos, que verán reforzada su presencia en los mercados de Mercosur gracias a la reducción de aranceles. “Este acuerdo mejorará la posición competitiva de nuestras empresas frente a las chinas, que están ganando cuota de mercado. Ni China ni Estados Unidos gozan de trato preferencial para el acceso a este mercado con el que sí tendrán las empresas europeas, y no se espera que Mercosur negocie acuerdos similares con ellos”, valora Bonet. Desde una perspectiva macroeconómica, la eliminación progresiva de aranceles permitirá reducir un sobrecoste estimado de unos 4.000 millones de euros anuales para las empresas europeas, según el Club de Exportadores.
Por su parte, la Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) también valora muy positivamente este acuerdo, alegando que creará “la mayor área de libre comercio del mundo”, con 780 millones de ciudadanos beneficiados por él. “Gracias a este acuerdo, se acabará con barreras comerciales, fortaleciendo lazos económicos y ayudando a la integración regional y la diversificación de exportaciones”, argumenta. El objetivo principal del acuerdo es promover la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países miembros, así como coordinar políticas comerciales y fortalecer la integración regional. En el caso de Brasil, cuya economía depende fuertemente del comercio exterior, “la ratificación del acuerdo ofrece un impulso a sus exportaciones tradicionales hacia Europa, como minerales, productos agrícolas y materias primas, además de reforzar su posición estratégica como proveedor en cadenas globales de suministro”, argumenta la CCBE.
Precisamente uno de los elementos más novedosos del acuerdo es la incorporación de disposiciones orientadas a diversificar las importaciones europeas de materiales críticos, como las denominadas tierras raras. “Los países del Mercosur están llamados a convertirse en actores estratégicos en el suministro de estos insumos esenciales para la transición energética y digital”, manifiesta Antonio Bonet (Club de Exportadores e Inversores Españoles). “Para la UE, este aspecto resulta clave para reducir riesgos geopolíticos y disminuir la elevada concentración actual del suministro en países como China o Rusia”. Por otro lado, la cámara comercial brasileña señala que, según diversos estudios, el aumento del PIB podría ser del orden de 10.900 millones de euros para la UE y en 7.400 millones de euros para el marco del Mercosur para 2032. “Además, la firma de este acuerdo comercial significa para la UE tener un mercado integrado con el 94% del PIB latinoamericano, frente al 44% de Estados Unidos y sólo el 14% de China, lo que la transforma en el principal socio estratégico de América Latina”, concluye la CCBE.
EL ‘MECANISMO DE REEQUILIBRIO’, POSIBLE INCOMPATIBILIDAD DE DERECHO DE LA UE
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayaba tras la firma del acuerdo que, con él, “podemos integrar nuestras cadenas de valor industriales [las europeas y las de los países del Mercosur] para hacerlas más fuertes, atraer más inversiones y crear empleo de mejor calidad. Este acuerdo es bueno para Europa y para todos los Estados miembros”. Igualmente, señalaba que un total de 60.000 empresas europeas exportan actualmente a los cuatro países de Mercosur, siendo la mitad de ellas pequeñas y medianas empresas (pymes). “Todas ellas se beneficiarán de menores aranceles y se ahorrarán alrededor de 4.000 millones de euros al año en derechos de exportación”. Además, incidía Von der Leyen, “se beneficiarán de procedimientos aduaneros simplificados”.
“Las empresas se beneficiarán de menores aranceles y de procedimientos aduaneros simplificados”
Ursula von der Leyen Presidenta de la Comisión Europea
Y es que uno de los puntos más destacados del acuerdo es la eliminación de los aranceles en más del 90% del comercio bilateral y la inclusión de medidas de calado económico y comercial, como la simpificación de los procedimientos aduaneros, facilitando el acceso de las empresas europeas y latinoamericanas al mercado contrario. Así, las empresas europeas podrán participar en licitaciones públicas en países de Mercosur mientras que las sudamericanas accederán con mayor facilidad al mercado europeo. “Esta mayor integración comercial permitirá diversificar mercados, reducir costes de exportación y mejorar la competitividad de las empresas en un contexto global cada vez más competitivo”, destaca la Cámara de Comercio brasileña. Y es precisamente aquí donde entra la duda a la que la Eurocámara se ha agarrado para recurrir a la justicia.
La resolución que pide impugnar el acuerdo cuestiona la legalidad del llamado ‘mecanismo de reequilibrio’ introducido en el acuerdo, que permitiría a los países del Mercosur tomar medidas compensatorias si las futuras leyes de la UE reducen sus exportaciones a Europa. Según el texto del dictamen del Parlamento Europeo, la cláusula de reequilibrio tiene por objeto “compensar el impacto económico de la legislación o las prácticas de un socio comercial, incluso cuando no infrinjan las disposiciones del acuerdo”. Por ello, los diputados consideran que este mecanismo “podría ser utilizado por los países del Mercosur para presionar a la UE a fin de que se abstenga de promulgar o aplicar legislación y otras medidas relacionadas con la protección del clima y el medio ambiente, la seguridad alimentaria o la prohibición de determinados plaguicidas”, un punto este último generador de las mayores polémicas con el sector agrícola europeo.
La Eurocámara teme presiones sobre los legisladores para retirar o cambiar las medidas de sostenibilidad
Por todo ello, el Parlamento Europeo se manifiesta “preocupado” y aduce que la mera posibilidad de que Mercosur pueda obtener una compensación por los efectos comerciales de las medidas de sostenibilidad de la UE podría incitar a los legisladores a no adoptar tales medidas y ejercer presión sobre la Comisión Europea para que las retire, las modifique o las suspenda, “repercutiendo así en los principios del Tratado en que se basa el ordenamiento jurídico de la Unión”. Ello, señala el Parlamento en su texto, podría ser incompatible con el derecho europeo y podría impedir que las cámaras de representantes estatales expresen “su legítima opinión sobre el acuerdo”.
El profesor de Comercio Internacional de OBS Business School, Jan Jonckheere, explica que el diseño jurídico del acuerdo está articulado en dos textos distintos, siendo el acuerdo comercial interino el que concentra todos los elementos comerciales, como la reducción de aranceles, gestión de cuotas, normas de origen, facilitación aduanera, etc. “Estas materias son competencia exclusiva de la UE, por lo que acuerdo comercial interino sólo necesita la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo para entrar en vigor y aplicarse de forma provisional en todos los Estados miembros”. Esto significa que, incluso si algunos parlamentos nacionales se oponen al conjunto del acuerdo, los beneficios comerciales podrían activarse igualmente para todo el mercado interior. Y, por eso, los eurodiputados que han propuesto la remisión consideran que dividir el acuerdo para dejar la parte comercial únicamente a la aprobación del Consejo y del Parlamento fue una táctica de la Comisión Europea, que es justo lo que podría ser considerado ilegal por parte de los jueces.
LA POLÉMICA A CUENTA DEL SECTOR AGRÍCOLA
Desde antes del periodo navideño se suceden las protestas de agricultores y ganaderos europeos, y en lo tocante a España, éstas se han alargado hasta este mismo mes interrumpiendo el tráfico de mercancías por carretera y afectando directamente al sector del transporte. La indignación del sector primario manifestaba su preocupación por las consecuencias de la llegada al mercado europeo de alimentos más baratos, de calidad inferior y sin ninguna necesidad de adherirse a los compromisos de sostenibilidad y de análisis fitosanitarios a los que sí están sujetos los productos europeos. Durante la firma del acuerdo, Ursula von der Leyen aseveró que “hemos escuchado vuestras preocupaciones”, dirigiéndose al sector agrícola y ganadero, e informó que se habían tomado medidas sobre ellas. “Este acuerdo contiene sólidas salvaguardias para proteger sus medios de vida y nuestros sensibles sectores agrícolas”, aseguró.
Jan Jonckheere (OBS Business School) destaca la paradoja de cómo el debate político se ha centrado en este punto, aunque “este sector sólo representa una pequeña porción del valor total del intercambio previsto”. Los productores europeos de carne de vacuno temen el aumento de la competencia que puede generar el contingente adicional para el Mercosur, fijado en 99.000 toneladas anuales con un arancel reducido. “Sin embargo, esta cifra equivale aproximadamente al 1,5% de la producción de carne de vacuno de la UE y probablemente a menos del 1% del valor económico total del paquete comercial entre ambos bloques”, destaca Jonckheere. “Aun así, la dinámica política sigue dominada por la inquietud de determinados sectores agrícolas, que temen que incluso cuotas relativamente pequeñas provoquen una presión competitiva insostenible”.
“La situación genera una arquitectura híbrida cuyo impacto político a medio plazo aún es incierto”
Jan Jonckheere Profesor de Comercio Internacional de OBS Business School
La consecuencia, apunta el profesor, “es un compromiso típicamente europeo: los sectores más sensibles desde el punto de vista político, aunque representan solo una porción minoritaria del valor económico del acuerdo, mantienen su capacidad para bloquear la mitad del tratado”. Mientras tanto, la otra mitad —la estrictamente comercial— puede seguir avanzando, “lo que genera una arquitectura híbrida cuyo impacto político a medio plazo aún es incierto”. Por su parte, el Club de Exportadores e Inversores Españoles también sostiene, igual que hace la Comisión Europea, que el acuerdo tiene en cuenta la sensibilidad existente en países como España en relación con la competencia del sector agropecuario. Las salvaguardas del texto, aseguran, limitan las importaciones procedentes de Mercosur, estableciendo, por ejemplo, un tope del 1,6% del consumo de la UE para la carne de vacuno y del 1,4% para las aves de corral.
Asimismo, el acuerdo prevé la suspensión temporal de los contingentes arancelarios —con el consiguiente aumento de aranceles— en caso de que el incremento de las importaciones cause un daño significativo a los productores agrícolas europeos. Ésta será otra de las materias que la justicia comunitaria estudiará ahora para saber si esas salvaguardas garantizan la compatibilidad del acuerdo con los tratados de la UE. La sentencia del tribunal europeo podría tardar más de un año en emitirse y, mientras tanto, la aprobación del acuerdo quedará congelada.
