20/01/2026 EL MERCANTIL

La cadena productiva rechaza más vaivenes y teme un desajuste dentro de la UE que afecte a la competitividad, los objetivos y a los costes

La Comisión Europea introdujo dos directivas de neutralidad climática para 2050 como parte de su Pacto Verde Europeo: la directiva sobre Información de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés), que exige a las empresas que informen sobre su desempeño ambiental; y la directiva sobre Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), que busca fomentar un comportamiento sostenible en las operativas y las cadenas de valor globales de las empresas. Entre otros objetivos entraban las chinas Shein y Temu, que, de no cumplir con estos requisitos, se enfrentarían a una penalización económica. Sin embargo, la existencia de dos normas que, en esencia, perseguían lo mismo, dio lugar a un mayor riesgo de duplicidades. En febrero del año pasado, Bruselas propuso el primer paquete Ómnibus de normas de sostenibilidad, con el objetivo de simplificar y reducir los requisitos de información y en abril, el Consejo Europeo dio luz verde para simplificar la normativa. Esta propuesta, denominada ‘Stop the clock’, posponía las fechas de aplicación de determinados requisitos, así como la fecha límite de transposición de las leyes. Ahora, esa simplificación arroja nuevas dudas en la supply chain.

“Existe la sensación de que quien ha salido ganando son las empresas no europeas”
May López Directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible

Sobre el terreno práctico, corre la sensación general de que la Comisión Europea y otras instituciones habían adoptado un enfoque demasiado ambicioso en materia regulatoria. Y ello añade una capa más de inseguridad por la posible pérdida de competitividad frente a las empresas de terceros países con operaciones en la Unión Europea (UE). “Existe la sensación de que quien realmente ha salido ganando son los grupos de presión de empresas no europeas”, señala la directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, May López, ya que en su opinión, resulta “casi determinante” que dichas empresas “han conseguido que, donde inicialmente estaban obligadas al cumplimiento legal, han quedado fuera del alcance y exentas de tener que garantizar que los productos que comercialicen en Europa cumplan con la normativa“. Actualmente se están finalizando los trámites de simplificación en las instituciones europeas, e idealmente los textos definitivos deberían estar listos en breve.

Los cambios más significativos que contempla la CSRD gracias al primer paquete Ómnibus son la reducción de alcance —la simplificación normativa dejará fuera al 92% de las empresas inicialmente incluidas en la moratoria— y unos plazos que alargan la obligatoriedad de presentar informes hasta 2028. Por su parte, la CSDDD, o CS3D, limita las obligaciones a las empresas con más de 1.500 millones de euros de volumen de negocio y, en lugar de que dichas corporaciones deban solicitar sistemáticamente la información a sus partners más pequeños, podrán basarse en la información ya disponible y sólo deberán pedir más a sus socios como último recurso para elaborar los informes sobre la sostenibilidad de su cadena de suministro. “Estas modificaciones suponen desviaciones significativas respecto a la legislación original y reflejan el esfuerzo continuo de la UE por equilibrar la ambición, la proporcionalidad y la competitividad”, asevera  la directora general de la Asociación Europea de Transitarios, Transporte, Logística y Servicios Aduaneros (Clecat), Nicolette van der Jagt.

Si bien Clecat no interpreta la agenda de simplificación de la UE como un debilitamiento de sus ambiciones en materia de cadenas de suministro sostenible —de hecho, lo considera un enfoque más pragmático—, Van der Jagt advierte de que los transportistas y cargadores comprenden la necesidad de las normas, “pero dependen de un entorno regulatorio estable para planificar inversiones, rediseñar procesos y contratar proveedores”. El hecho de que las negociaciones tripartitas comiencen ahora sin un centro de gravedad político consolidado en el Parlamento Europeo, sumado a la dificultad de concluir las negociaciones en el calendario previsto, refuerza la preocupación de que las empresas puedan enfrentarse a una incertidumbre prolongada. “La conducta empresarial responsable y la transparencia de las cadenas de suministro siguen siendo componentes esenciales de la competitividad, pero el entorno regulatorio debe apoyar a las empresas, no abrumarlas“, mantiene la directiva de Clecat.

Según la Comisión Europea, la simplificación normativa mediante el Ómnibus I debería permitir una implementación rentable de las normas de sostenibilidad, reduciendo la carga administrativa en general en aproximadamente el 25%, y para las pymes, en el 35%. Si bien estos cambios buscan disminuir la carga administrativa, han generado preocupaciones sobre la incertidumbre regulatoria y posibles retrocesos en los esfuerzos de sostenibilidad. Uno de los organismos que señala este punto es el propio Foro Económico Mundial, que asegura que esta nueva vuelta de tuerca ha generado “múltiples preocupaciones” y podría provocar “inconsistencias en la presentación de informes, incertidumbre regulatoria, aumento de burocracia y retrasos en las inversiones en sostenibilidad“. El Foro Económico Mundial señala, además, un posible aumento de precios para los consumidores y la pérdida de competitividad frente a regiones como Japón o China.

“Se pide actuar sobre el punto más problemático de la cadena. ¿Para eso pides un análisis exhaustivo completo?”
Judith Arnal Investigadora del Real Instituto Elcano

Desde España también se perciben dificultades para cumplir con las nuevas exigencias, sea por la idiosincrasia de cada sector o por la desarmonización de criterios entre los Estados miembros. “Si bien con la Ómnibus I se buscaba simplificar la carga administrativa y burocrática derivada de la aplicación de varias normativas al mismo tiempo, ha derivado en una desregularización”, insiste May López (Empresas por la Movilidad Sostenible). Tampoco lo tuvo claro la investigadora del Real Instituto Elcano, Judith Arnal, durantre la celebración del 15º Congreso de Supply Chain de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) el pasado mes de octubre. La analista vio con buenos ojos la simplificación, pero admitió que “se ha corrido mucho para presentar ese paquete de sostenibilidad y no se ha dado lugar a valoraciones y análisis de ese impacto normativo”, y de ahí que la existencia de dos normas diferentes con el mismo objetivo haya generado críticas.

A su juicio, se ha desdibujado el riesgo de que una pequeña empresa genere un mayor desequilibrio medioambiental que una de mayor tamaño, “y se sigue obligando a las compañías a presentar multitud de informes, pero a nivel de acción, únicamente se les pide actuar sobre el punto más problemático de su cadena de valor. ¿Para eso pides un análisis exhaustivo de toda la cadena?”, se preguntó. La analista consideró necesario “simplificar bien” para evitar cambiar las normas del juego a las compañías de forma arbitraria. “Y no sé si estamos yendo en esta línea”, concluyó durante el congreso de Aecoc. Precisamente, desde dicha asociación de cargadores se comparte la voluntad y los objetivos de la simplificación normativa, pero consideran que la sostenibilidad debe integrar varias perspectivas. “Cuando no se logra este equilibrio, se ve afectada de manera significativa la competitividad de la cadena de valor”, opinan fuentes de la asociación, que invita a establecer objetivos razonables, armonizar el ordenamiento comunitario y reducir al mínimo la burocracia.

“Muchos ya han comenzado a adaptar sus sistemas internos para cumplir con los requisitos”
Nicolette van der Jagt Directora general de Clecat

En cuanto a si la simplificación beneficiará en última instancia a las empresas, la respuesta depende en gran medida de la coherencia, según Nicolette van der Jagt (Clecat). “Si la UE logra crear un régimen más racionalizado y basado en estándares que reduzca la duplicación y se ajuste mejor a marcos internacionales, el resultado será positivo”, pero advierte del efecto nocivo de reabrir la carpeta cada cierto tiempo. “Muchos transportistas ya han comenzado a adaptar sus sistemas de información interna para cumplir con los requisitos de la CSRD, y algunos han contratado a proveedores y socios contractuales en función de las obligaciones previstas de la CSDDD. Estos esfuerzos requirieron una inversión significativa. Si las normas finales difieren sustancialmente, las empresas deberán revisar los sistemas informáticos, los procesos de gobernanza de datos, los flujos de documentación y, en ocasiones, incluso los acuerdos contractuales”, explica. Cosa que, inevitablemente, repercutirá en los costes de adaptación cada vez que cambia el marco normativo.

Dadas sus implicaciones para el sector, el Consejo y el Parlamento Europeo han dado máxima prioridad a esta propuesta, con el objetivo de proporcionar a las empresas de la UE la seguridad jurídica necesaria. Los colegisladores de la UE apoyaron la propuesta de la Comisión de posponer los plazos de ambas regulaciones, pero las matemáticas del ecosistema de la Unión Europea y sus complicadas mayorías están ralentizando y retrasando la modificación y su entrada en vigor: se supone que los Estados miembros debían transponer la directiva Ómnibus a su legislación nacional antes del 31 de diciembre del año recién finalizado. La directiva sólo entrará en vigor una vez alcanzado un acuerdo y tras su publicación en el Diario Oficial, seguida de su transposición nacional hasta 12 meses después. Esto significa que el calendario está cambiando de nuevo y las empresas no tienen una visión clara de cuándo se aplicarán las normas revisadas.