El Gobierno remite a las Cortes un Proyecto de Ley para facilitar el intercambio de información entre las aduanas de la UE

27/11/2025 CdS

El Gobierno remite a las Cortes un Proyecto de Ley para facilitar el intercambio de información entre las aduanas de la UE dentro de un marco jurídico estable y seguro.

El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes para su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley para el intercambio de información entre los servicios de seguridad y aduanas de los Estados miembros de la Unión Europea.

El Ejecutivo argumenta que se trata de una propuesta que incorpora al derecho español la Directiva de 2023 que recoge las medidas necesarias para que puedan producirse intercambios de información, de manera rápida, entre los distintos servicios de seguridad y de aduanas de los Estados miembros de la UE con competencia en la prevención, detección e investigación de infracciones penales.

En este mismp sentido, el pasado mes de abril, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto, al que se han incorporado las observaciones remitidas por el Consejo de Estado, la Agencia Española de Protección de Datos, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.

Concretamente, este proyecto de ley crea las autoridades competentes para facilitar y coordinar los intercambios de información, que serán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas que tengan atribuidas competencias para la investigación de delitos y la Dirección Adjunta Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Como consecuencia, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, se constituye como el punto de contacto único en España.

Así mismo, la norma fija las medidas necesarias para que puedan producirse rápidos intercambios de información entre los distintos servicios de seguridad y de aduanas de los Estados miembros que tengan competencia para la prevención, detección e investigación de infracciones penales y fija los principios que han de aplicarse en los intercambios, entre los que destaca la disponibilidad de la información, la confidencialidad de los datos y la fiabilidad de los mismos.

Además, establece un marco jurídico completo sobre el acceso por las autoridades competentes a la información, a través de los puntos de contacto único, determinando cómo ha de ser la solicitud, los plazos para responder y los supuestos de denegación, y recoge cómo se ha de proceder cuando sea necesaria una autorización judicial para proporcionar la información solicitada.

El Gobierno argumenta que la regulación permitirá establecer un marco jurídico estable y seguro para el intercambio de información, a la vez que permite la flexibilidad necesaria que el escenario europeo demanda con una respuesta coordinada, específica y adaptada a escala europea para garantizar la cooperación eficiente y eficaz en lo que respecta al intercambio de información.