08/04/2025 CdS
El Parlamento Europeo respalda a la Comisión y se muestra favorable a retrasar un año las exigencias sobre información corporativa en materia de sostenibilidad en las empresas.
El Parlamento Europeo ha dado su apoyo la semana pasada a retrasar las fechas de aplicación de los nuevos requisitos sobre diligencia debida e información corporativa de sostenibilidad.
Con 531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones, la Eurocámara ha respaldado la propuesta de la Comisión, enmarcada en un conjunto más amplio de medidas para simplificar la normativa y reforzar la competitividad de la Unión Europea en este nuevo marco comercial global que se ha iniciado con este mes de abril.
En este sentido, las nuevas normas de diligencia debida obligarán a las empresas a mitigar su impacto negativo sobre las personas y el medio ambiente. Los Estados miembros dispondrán de un año adicional, hasta el 26 de julio de 2027, para incorporarlas a sus legislaciones nacionales.
Así pues, la prórroga de un año también se aplicará al primer grupo de empresas afectadas, las que tienen más de cinco mil empleados y una facturación superior a 1.500 millones de euros.
De este modo, estas solo deberán cumplir con las normas a partir de 2028, misma fecha que regirá para el segundo grupo, compuesto por empresas europeas con más de tres mil empleados y una facturación superior a 900 millones de euros, además de las extranjeras que alcancen ese nivel de ingresos en Europa.
Por otro lado, la aplicación de la directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad también se aplazará dos años para el segundo y tercer grupo de empresas que estarán sujetas a la normativa.
En este sentido, las grandes compañías con más de 250 empleados deberán presentar por primera vez sus informes sobre impacto social y ambiental en 2028, correspondientes al ejercicio anterior, mientras que las pequeñas y medianas empresas cotizadas dispondrán de un año más y comenzarán a reportar en 2029.
La Comisión Europea presentó el pasado 26 de febrero el paquete de simplificación denominado Ómnibus I. Además de la directiva que aplaza la aplicación de las normas de información y diligencia debida, este paquete incluye otra directiva que modifica el contenido y alcance de estos requisitos, en la que ya trabaja la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento.
Para acelerar la adopción de estas medidas, el Parlamento ha acordado tramitar el expediente mediante el procedimiento de urgencia. Para su entrada en vigor, el proyecto de ley necesita ahora la aprobación formal del Consejo, que ya lo respaldó el pasado 26 de marzo.
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