El adelanto de las elecciones siembra nuevas dudas en el horizonte del sector logístico

30/05/2023 EL MERCANTIL

El adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha sorprendido al sector logístico y de transporte de mercancías en su conjunto. Desde la prudencia y producto de la cita electoral prevista para el 23 de julio, diversos actores consultados vaticinan nuevas demoras en la puesta en marcha algunos de los proyectos que formaban parte de la hoja de ruta del actual ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Cuestiones como la Ley de Movilidad Sostenible, acciones para aumentar la cuota ferroviaria, la extensión de las bonificaciones al carburante profesional o la negociación de Renfe Mercancías con los tres potenciales aspirantes a socio del operador quedan marcados con un gran interrogante.

El estado en el sector es de máxima cautela y pocos se atreven a vaticinar qué ocurrirá con los proyectos

En general, los representantes del sector logístico muestran máxima prudencia y pocos se atreven a ofrecer un vaticinio. Tanto el ministerio de Transportes, la patronal de logística UNO y el administrador público Adif, impulsor de muchos de los trabajos que se están llevando a cabo en la red ferroviaria, han declinado realizar valoraciones por el momento. Muchos de los actores del sector han declinado incluso extenderse sobre los posibles efectos que tiene el adelanto electoral y el resultado de las urnas.

Por otro lado, también queda en el aire la modificación de las masas y dimensiones a 44 toneladas, “el caballo de batalla de los cargadores y un verdadero problema”, en palabras del secretario general de la asociación de empresas cargadoras Transprime, Jordi Espín. Aspectos esenciales por clarificar como la responsabilidad del cargador, la subcontratación, la prohibición de carga y descarga y el pago por uso quedan ahora en el limbo a la espera de la resolución de las urnas. En opinión de Jordi Espín, “todo lo logrado el año pasado obedecía a un modelo de equiparación en las condiciones de los transportistas”, pero el parón de las gestiones supondrá “esperar de nuevo un año más”, se lamenta. Además, el secretario general de Transprime apunta que el resto del sector del transporte por carretera ha quedado al final de la cola en cuanto a la puesta en marcha de medidas y que nada de lo aprobado sigue un plan de ejecución concreto. “¿Dónde está el modelo?”, se pregunta.

LOS PROYECTOS Y LEYES EN EL AIRE

 

LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Tras muchos vaivenes, el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible fue remitido a las Cortes en diciembre del año pasado para su tramitación y aprobación en 2023. Suponía uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordado con la Comisión Europea. Uno de sus focos era la mejora de la competitividad del transporte de mercancías y la logística, así como la definición de nodos logísticos de importancia estratégica y nodos logísticos de interés autonómico. Una vez llegado el proyecto de ley al Congreso de los Diputados y un mes después de que se cerrara el plazo de presentación de enmiendas, la ley ha continuado estancada en su tramitación, y lo seguirá estando hasta la definición de la composición del nuevo Gobierno.


AUMENTO DE CUOTA FERROVIARIA

El aumento de cuota ferroviaria al 10% para el 2030 es una de las líneas de mayor calado en el Plan de Recuperación. Este punto supone una de las condiciones obligatorias para la recepción de los fondos europeos Next Generation, de los que España recibió el tercer paquete el pasado mes de febrero, a falta de un cuarto. El sector ferroviario ha señalado en repetidas ocasiones la lentitud a la hora de cumplir este objetivo, que también se ha visto directamente impactado por las obras en la red ferroviaria. Desde AEFP, su presidente Juan Diego Pedrero reconoce que “no se va a mover un papel” hasta que no se defina el nuevo Ejecutivo.


BONIFICACIONES AL TRANSPORTE POR CARRETERA

Las bonificaciones al carburante para el transporte profesional forman parte de la Ley del Transporte por Carretera, acuerdo alcanzado con los representantes de la carretera tras las protestas del sector por las subidas en la energía y la gasolina. Tras la rebaja a 10 céntimos por litro, el pasado 19 de mayo el Gobierno ahora en funciones confirmó que se eliminaría definitivamente en el mes de junio. Aun así, el ministerio de Transportes abrió la puerta a estudiar la posibilidad de que esta ayuda se prorrogase hasta final de año. Actualmente, la aprobación definitiva queda nuevamente en el aire.


RENFE MERCANCÍAS

El operador público obtuvo en octubre del año pasado el visto bueno del consejo de administración de su matriz para iniciar la fase de negociación con tres empresas navieras entre las que elegir a su socio industrial. El objetivo es aumentar los tráficos internacionales y convertir a Renfe Mercancías en un operador logístico que dé servicios integrales, según reconoció la propia compañía en el momento del anuncio del proyecto. Fuentes del sector habían informado de que la elección de una de las tres ofertas seleccionadas (Maersk, MSC y CMA CGM) sería inminente. Con las elecciones anticipadas, las negociaciones tienen visos de detenerse, según fuentes cercanas y conocedoras de la operación, aunque desde Renfe Mercancías aseguran que “seguimos trabajando en ello”.


PERTE A LOS SEMICONDUCTORES

El PERTE para el sector de microchips se ideó para acercar a España la producción de semiconductores y evitar una crisis de desabastecimiento como la que se inició en 2020 tras la pandemia y que colapsó el negocio automovilístico. Sin embargo, el proyecto, para el que el Gobierno en funciones iba a destinar 12.250 millones de euros, jamás ha llegado a arrancar, aunque ha seguido dentro de la agenda del ministerio de Transportes. El resto de PERTEs sectoriales se encuentran en distintas fases de desarrollo, pero todo indica que se producirán cambios y demoras.


Fuente: Elaboración propia

Desde el ámbito ferroviario, el presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), Juan Diego Pedrero, señala que la decisión ha sido “sorprendente, pero para el sector supone una parálisis”. En su opinión, los proyectos ferroviarios que había sobre la mesa para ser promulgados durante este año quedarán aplazados “por sentido común”. También se refiere a la mencionada Ley de Movilidad Sostenible, cuyo propósito inicial era aprobarla definitivamente antes del mes de julio. Aun así, matiza que “nadie sabe lo que puede salir de estas elecciones e interpretar estos temas es difícil con tan poco margen”.

Los proyectos con cargo a los fondos europeos seguirán su curso por los compromisos adquiridos con Bruselas

En materia de la normativa de movilidad, los agentes logísticos evitan fijar una postura. Fuentes del Centro Español de Logística (CEL) creen, desde la prudencia, que su paralización supondrá que sea el nuevo Ejecutivo, sea el que sea, el que deba llevarla adelante o revisarla de arriba abajo. No así con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), añaden, cuya regulación es de competencia municipal y ya había quedado aprobada para que entrasen en funcionamiento a partir de este año. Tampoco desde las empresas portuarias y estibadoras, la Asociación de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo (Anesco) ha ido más allá en sus valoraciones, aunque sí creen que la afectación o impacto a corto plazo por el adelanto electoral será mínimo o incluso inexistente.

No obstante, existen proyectos vinculados con fondos europeos o financiados con cargo a los mismos que no pueden verse afectados por la naturaleza del compromiso adquirido con Bruselas, según confirman fuentes del sector ferroviario. Es el caso de las actuaciones en las terminales de Adif, en las que las obras deben finalizar en junio de 2026, como dictan los términos pactados con la Comisión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Los ecoincentivos marítimos y ferroviarios quedarán en la misma situación y seguirán adelante, puesto que son ayudas que cuentan con la financiación y el visto bueno directo de Europa, más allá de las posibles modificaciones que la nueva Administración pudiera introducir, explican dichas fuentes.

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