09/03/2023 TRANSPORTE XXI
Los dos puertos de interés general catalanes, Barcelona y Tarragona, y las asociaciones de los colectivos afectados presentan alegaciones al nuevo tributo que gravará las emisiones de los buques de más de 5.000 GT.
El anteproyecto de ley del impuesto sobre las emisiones portuarias de los barcos de más de 5.000 GT de las Generalitat ha hecho saltar las alarmas en el sector, empezando por los dos puertos de interés general catalanes, Barcelona y Tarragona, al considerar que podrían perder competitividad y, por lo tanto, tráficos.
Y es que el 83 por ciento de los buques que escalan en el puerto de Barcelona y casi el 77 por ciento de los que atracan en Tarragona superan los 5.000 GT, según la propia memoria de evaluación del impacto del tributo en base a los datos del año 2019 (el último antes de la pandemia), y, por lo tanto, pueden resultar potencialmente afectados por el nuevo impuesto.
De prosperar el anteproyecto de ley, cuyo plazo para presentar alegaciones ha finalizado, el gravamen afectará también a los cinco puertos autonómicos gestionados por Ports de la Generalitat.
Además de las Autoridades Portuarias de Barcelona y Tarragona, han presentado alegaciones la Asociación de Agentes Consignatarios de Buques de Barcelona, la Asociación Española de Consignatarios de Buques, CLIA y Anesco, entre otros. Paralelamente, estas asociaciones y otras entidades, nacionales e internacionales, del sector logístico, marítimo y portuario, hasta sumar un total de 23 organizaciones, han hecho un comunicado conjunto de rechazo a un tributo que va en contra de “conseguir una legislación marítima lo más uniforme posible”. Un tributo que supondrá “una pérdida de competitividad de los puertos de Cataluña”, “el desvío de determinados tráficos a otros puertos cercanos” o “el encarecimiento de las importaciones y las exportaciones de las mercancías” que entran/salen de los puertos catalanes y que acabaría “afectando a todo el sector industrial y productivo, especialmente de las empresas catalanas”.
Además, el nuevo tributo supondría “una doble imposición”, ya que “el acceso y la estancia de los buques en los puertos ya está sujeta al pago de una tasa”, que cuenta con bonificaciones ambientales. Lluís Salvadó, presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, ha alertado públicamente del riesgo de que el puerto de Barcelona pierda escalas de prosperar el proyecto en su actual redactado. El anteproyecto contempla una implantación progresiva del nuevo tributo que va desde un euro por kilogramo de emisiones de NOx (óxido de nitrógeno) y PM (partículas) en el primer año de aplicación hasta los 3,5 euros en 2026. El tributo de un euro “es lo que se acordó en el Parlament en 2017 y es una tasa gestionable”, aseguró Salvadó. Los 3,5 euros “tendrían un impacto sustancial”. Es más, “sería el primer impuesto ambiental de la Generalitat que generaría deslocalizaciones” porque “una gran superficie o un vehículo no se pueden deslocalizar, pero una escala sí”. Es más, “si se desplaza la escala, se desplaza la contaminación” y puede llegar a generar más tráficos por carretera.
El nuevo tributo es un impuesto ambiental cuyo objetivo es reducir las emisiones de óxido de nitrógeno y de partículas de los buques de más de 5.000 toneladas de GT durante las operaciones de maniobra, atraco y fondeo en los puertos catalanes. Deberá pagar el impuesto el naviero y armador. Como sujeto pasivo y en sustitución del contribuyente, pagará el consignatario del buque.
Se trata de un anteproyecto de ley que es susceptible de ser mejorable, apuntó recientemente Juli Fernàndez, consejero de Territorio y Sostenibilidad. En cualquier caso, el Govern necesitará más apoyos que los 33 diputados de ERC para que el Parlament apruebe el nuevo tributo. A falta de conocer el texto definitivo, “inicialmente, no vemos con buenos ojos un nuevo impuesto”, señalaron fuentes del PSC. Junts per Catalunya declinó pronunciarse. ERC necesita los votos del PSC o de Junts per Catalunya para aprobar el gravamen.
