21/02/2023 ABC

El Gobierno ha renunciado a implantar en 2024 un sistema de pago por uso en las vías de alta capacidad (autovías y autopistas) españolas pese a haberlo negociado con la Comisión Europea y haberlo incluido en el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, que le ha abierto el país las puertas de la recepción de más de 140.000 millones de euros de fondos europeos. Sin embargo, la patronal de las constructoras y concesionarias de grandes infraestructuras, Seopan, está convencida de que esto no es más que un paréntesis forzado por la cercanía de las elecciones y de que una vez pasadas estas al Gobierno que salga de las urnas no le va a quedar más remedio que retomar el controvertido proyecto que sobre el papel obligará a los conductores a pagar por circular por vías por las que hoy transitan de forma totalmente gratuita.

«Hay un objetivo vinculante que establece que tiene que haber un sistema de pago por uso implantado en julio de 2025″, ha recordado este lunes Julián Núñez, presidente de Seopan, que ha lamentado no obstante que el Gobierno haya decidido no incluirlo en la futura Ley de Movilidad Sostenible que tiene que aprobar en el curso de este año.

El Gobierno, no obstante, encargó el pasado mes de agosto a la consultora pública Ineco una serie de informes para valorar distintas opciones para implantar sistemas de pago por uso en las vías de alta capacidad españolas, por lo que el tema continúa activo por mucho que sobre el papel se haya descargado su activación inmediata.

Ha recordado en este sentido que el déficit inversor en mantenimiento de carreteras en España ronda los 10.000 millones de euros, un asunto que preocupa de forma singular en Bruselas, que ve como una red de conexiones por carretera que pasa por ser la tercera más grande del mundo y que ha sido desarrollada en buena medida a golpe de fondos estructurales europeos se deteriora por la falta de capacidad fiscal de España para hacer frente a los costes de mantenimiento.

Una aproximación realizada por Seopan, que defiende desde hace años el modelo de pago por uso que sostiene es el que se aplica en todos los países europeos salvo España, concluye que el esquema no solo alcanzaría para financiar los 1.600 millones de euros anuales que deberían invertirse en conservación de carreteras, sino que generaría un excedente fiscal de unos 3.300 millones de euros.

Seopan ha cuestionado este lunes el escaso peso de la construcción civil en el Plan de Recuperación español, donde apenas supone un 6,7% de los recursos totales; y ha estimado en 15.000 millones de euros extra la inyección financiera que se necesitaría en este ámbito para equiparar el plan español al de otros países como Italia.

En el sector hay preocupación también por el fin el próximo 3 de marzo del esquema de revisión de precios en los contratos públicos dispuesto por el Gobierno para compensar en parte el agujero causado por la espiral inflacionista en los contratos públicos, a cuenta del encarecimiento de materias primas de uso intensivo en el sector o la subida de la electricidad. Julián Núñez ha avanzado que si no se prorroga ese esquema excepcional o se modifica la Ley de Contratos del Sector Público a partir del próximo mes de marzo numerosos contratos licitados por comunidades autónomas y ayuntamientos en la última parte del año pasado -cuando se concentran la mayor parte de las licitaciones de contratos públicos- no encontrarán un contratista porque no se arriesgarán a ofertar por un contrato sin un esquema de revisión de precios definido.

El presidente de Seopan ha reconocido su pesimismo respecto a la posibilidad de que ese esquema excepcional se prorrogue y ha apuntado de forma directa al ministerio de Nadia Calviño como responsable de esta situación. Considera que si a quince días del vencimiento del esquema el Gobierno aún no ha dado contestación a las propuestas realizadas por el sector para mejorar ese sistema de revisiones de precios es porque no hay intención de prorrogarlo. También ha revelado que mientras en el Ministerio de Transportes sí parecen ser partidarios de adoptar alguna medida en ese sentido, para garantizar que las obras licitadas se llevan a buen término y los concursos no quedan desiertos, en Hacienda «y sobre en Economía» no parecen ser partidarios de esa solución.

Respecto a los fondos europeos, Seopan admite que en la parte escasa del Plan de Recuperación que corresponde a obra civil la ejecución está yendo a un ritmo más o menos razonable, pero entiende que hay ciertos retrasos y que será necesario prorrogar «al menos un año» los actuales plazas para la licitación de los proyectos y para su ejecución si se quieren evitar problemas en este sentido. Ha planteado retrasar de finales de 2026 a finales de 2027 el plazo para poder ejecutar los proyectos incluidos en el Plan de Recuperación.