06/02/2023 TRANSPORTE XXI

El nuevo tributo, que gravará las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) y de partículas (PM), restará competitividad al sector frente al conjunto de puertos españoles donde no se aplica, asegura el sector.

Cataluña ya fue, hace unos años, banco de pruebas en controvertidos asuntos en materia de transporte por carretera, como la prueba piloto de circulación de camiones de hasta 44 toneladas o el fallido proyecto de Euroviñeta en el Eje Transversal (C-25).

Ahora, toca el turno al transporte marítimo. Los buques de más de 5.000 toneladas de arqueo bruto (GT) que escalen en alguno de los dos puertos de interés general o los cinco de titularidad de la Generalitat deberán pasar por caja.

Así será si prospera el anteproyecto de ley del impuesto sobre las emisiones portuarias de los grandes barcos, que ha sacado a información pública el Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat.

Se trata de un impuesto ambiental cuyo objetivo es reducir las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) y de partículas (PM) de los grandes buques que atraquen en los puertos de Barcelona, Tarragona y los cinco autonómicos “para mejorar la calidad del aire y la salud de las personas”. El tributo afecta a todo tipo de buques de carga (portacontenedores, ro-ro, car-carrier, etcétera) y de pasajeros de más de 5.000 toneladas GT. Deberá pagar el impuesto el naviero y armador. Como sujeto pasivo y en sustitución del contribuyente, pagará el consignatario del buque. La base imponible del impuesto estará constituida por las emisiones de NOx y PM generadas por los barcos durante las operaciones de maniobra, atraco y fondeo.

El anteproyecto contempla una implantación progresiva desde un euro por kilogramo de emisiones de NOx y PM en 2023 hasta los 3,5 euros en 2026. Establece reducciones al tributo por la conexión del buque a la red eléctrica, por alimentación por batería interna y por utilizar medidas correctoras. Y fija dos tipos de bonificaciones, una primera del 10 por ciento menos de la cuota para los barcos que disponiendo de conexión a la red eléctrica del muelle, no puedan conectarse por faltar la infraestructura y una reducción del 5 por ciento para los buques que tengan algún certificado que acredite la mejora energética. La Generalitat calcula recaudar 9,7 millones de euros en el primer año de implantación del impuesto y llegar a los 34 millones en el cuarto año. Estos ingresos irán destinados al fondo para la protección del medio ambiente creado en 1983.

Al cierre de esta edición, la Asociación de Agentes Consignatarios de Buques de Barcelona ultimaba las alegaciones que presentará al proyecto. En una primera valoración, el nuevo tributo “nos preocupa por los posibles impactos en el sector en Cataluña”, señala Jordi Trius, presidente de la asociación. El nuevo tributo afectará “negativamente a nuestra competitividad si es que vamos a ser los primeros o los únicos en aplicarlo”. Además, “nos preocupa la complejidad del cálculo del impuesto, más siendo los consignatarios el sujeto pasivo”, es decir, el garante de la liquidación del tributo.

“Tanto por el carácter internacional del transporte marítimo como por su mayor eficiencia energética en comparación con otros modos de transporte, entendemos que deben evitarse gravámenes específicos y regionales para el sector”, asegura Elena Seco, directora general de Anave. En lugar de ello, lo que se debería hacer, a juicio de la patronal naviera, es “impulsar la mayor ambición posible de la normativa medioambiental a través de la Organización Marítima Internacional”.

“Hemos abierto un proceso de diálogo con del Departamento de Economía”, señaló Lluís Salvadó, presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona. El responsable portuario “confió” en alcanzar “una postura consensuada, satisfactoria y compartida con la comunidad portuaria”. Declinó concretar si la Autoridad Portuaria presentará alegaciones al anteproyecto.

La creación del nuevo impuesto sobre las emisiones de los grandes barcos ya estaba recogida en la Ley 16/2017 de cambio climático de Cataluña.

Un coste de entre 780 y 2.730 euros por escala

Para estimar del impacto económico, el Departamento de Economía y Hacienda ha tomado como base las escalas de los buques en 2019, el año antes de la pandemia. El coste medio por escala oscilaría entre los 780 euros en el primer año de entrada en vigor de la tasa (1 euro por kilogramo de NOx y PM) y los 2.730 euros el cuarto año (3,5 euros por kilogramo), teniendo en cuenta la bonificación por la certificación Green Award. Por tipología de buque y sin incluir bonificaciones, un portacontenedores pagaría 655 euros por escala el primer año, un car-carrier, 384 euros, un granelero, 574 euros y un buque de pasajeros, 1.128 euros, según la memoria de evaluación del impacto del anteproyecto.

En la configuración del tributo, “se tiene en cuenta el principio de ‘quien contamina paga’” y, por lo tanto, “se pretende que aquellos agentes que, con su actividad, inciden de forma negativa en el medio ambiente, asuman estas externalidades negativas y contribuyan a corregir sus efectos”.

Por otra parte, “no se puede negar la importancia de la actividad económica y comercial que desarrollan los grandes barcos”. Por ello, “en el diseño del impuesto se han tenido en cuenta elementos que ponderan la carga impositiva y que persiguen potenciar conductas más respetuosas con el medio ambiente”, argumenta la memoria de evaluación.