Las empresas de transporte y logística representan una parte importante de las emisiones a la atmósfera. Por ello, el establecimiento de una logística verde supone el sustento de un planeta climáticamente sano.

De un tiempo a esta parte se ha producido un cambio en la estrategia de crecimiento de todas las compañías a nivel mundial en favor de la reducción de su huella de carbono. Hoy en día, incluir en la estrategia de negocio objetivos de reducción de emisiones es una obligación moral, pero también normativa.

Todas las obligaciones legislativas en materia medioambiental que hoy están encima de la mesa y que han de ser cumplidas de manera imperativa derivan de la Conferencia de París sobre Cambio Climático (COP21) de Naciones Unidas, celebrada el 12 de diciembre de 2015.

Esta reunión fue clave, ya que los 196 países miembro negociaron el denominado “Acuerdo de París”, que se erigió como un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante.

Este acuerdo, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 con la firma de 97 partes, entre las que se encontraba la Unión Europea y todos sus Estados miembro, surgió como un nuevo instrumento que incluye a todos los países para dar una respuesta adecuada al cambio climático, en sustitución del antiguo Protocolo de Kioto, que tal solo cubría el 15% de las necesidades de reducción de emisiones.

El objetivo principal de este acuerdo es mantener el incremento de la temperatura media del planeta por debajo de los 2ºC respecto a los niveles preindustriales. Asimismo, establece el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5ºC.

Con la firma de este acuerdo, los países están obligados a elaborar planes de lucha contra el cambio climático o, lo que es lo mismo, Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), que deberán comunicar cada cinco años, con el fin de que cada vez sean más ambiciosos.

De hecho, es en 2023 cuando se hará el primer balance colectivo del estado de la implementación del Acuerdo. La aplicación del mismo supone un cambio social y económico sin precedentes, en el que todo el mundo ha de estar implicado de una manera activa.

En este sentido, la Unión Europa y, por ende, España, llevan años preparando sus propios planes contra el cambio climático, que a día de hoy suponen un reto de gran envergadura para las empresas, especialmente las de logística, consideradas entre las que más emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera.

A nivel europeo, los Estados miembro de la UE firmaron en 2019 el denominado “Pacto Verde”, en el que se comprometieron a lograr la neutralidad climática en 2050. Se trata de un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica. El acuerdo incluye iniciativas que abarcan el clima, el medio ambiente, la energía, el transporte, la industria, la agricultura y las finanzas sostenibles.

“La transición a la neutralidad climática brindará importantes oportunidades, tales como el potencial de crecimiento económico, de nuevos modelos de negocio y nuevos mercados, así como de creación de empleo y desarrollo tecnológico”, se puso de manifiesto por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2019.

Dentro de este Pacto Verde se ha originado lo que se conoce como el paquete “Fit for 55”, que tiene por objeto traducir las ambiciones del Pacto Verde en legislación.

Según se detalla desde Europa, este paquete es un conjunto de propuestas para revisar la legislación relacionada con el clima, la energía y el transporte y poner en marcha nuevas iniciativas legislativas para adaptar la legislación de la UE a sus objetivos climáticos, que fijan el horizonte de reducir sus emisiones un 55% para 2030, como paso previo a su neutralidad climática en 2050.

España, por su parte, con el compromiso de cumplir con los objetivos marcados por la UE y por el Acuerdo de París, ha remitido a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que persigue una reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Este objetivo de reducción implica eliminar una de cada tres toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten actualmente, se explica desde el Ministerio de Transición Ecológica. De hecho, es la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, la que define el PNIEC como “la herramienta de planificación estratégica nacional que integra la política de energía y clima, y refleja la contribución de España a la consecución de los objetivos establecidos en el seno de la UE en materia de energía y clima”.

Por otro lado, el Gobierno de España aprobó en noviembre de 2020 la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP), por la cual estableció su compromiso de reducir un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 con respecto a 1990 y confiando en que el 10% restante será absorbido por los sumideros de carbono, como los océanos.

De manera adicional, tanto Europa como España se han acogido a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en la que los países miembro establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cada uno con metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. El más destacado a nivel medioambiental es el Objetivo 13, de “Acción por el clima”.

Asimismo, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), se ha puesto en marcha la Ley de Movilidad Sostenible, todavía en fase de enmiendas, con el fin de conseguir una movilidad limpia.