23/06/2022 RUTA DEL TRANSPORTE

Los transportistas no han logrado que su sector se excluya del régimen de comercio de derechos de emisión. El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles las tres leyes claves del plan de descarbonización – conocido como Fit for 55- que no lograron aprobar hace dos semanas, pero que sí que ha obtenido luz verde este miércoles.

Una de estas leyes aborda el nuevo mercado europeo de emisiones de CO2. Esta medida incluye al transporte por carretera, excluido hasta ahora en el actual mercado de emisiones, dentro de los sectores a los que se les penalizará por emitir CO2.

Para la IRU es una medida «impracticable» y sin ningún «impacto real»

Las asociaciones de transportistas rechazaban que se les incluyera en el mercado de emisiones por entender que no tenían medios para funcionar sin emisiones, por lo que de facto se les estaba imponiendo un nuevo gravamen. El texto aprobado este miércoles por el Parlamento Europeo contempla incluir al transporte por carretera en 2025, pero retrasa la aplicación a los vehículos privados (turismos) hasta 2029.

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) es más positiva y «da la bienvenida» a esta regulación, pero asegura que no es «una solución mágica» y tiene que ir venida de otras regulaciones. ACEA lleva tiempo insistiendo en la necesidad de implantar más cargadores eléctricos en toda la Unión Europea.

PRÓXIMOS PASOS

Ahora, el Parlamento deberá negociar con el Consejo Europeo -el órgano que representa a los 27 países miembros- esta y el resto de leyes del plan Fit for 55, para que finalmente sean aprobadas por la Comisión Europea.

La Eurocámara ha explicado que el nuevo mercado de emisiones es más ambicioso. La reducción de gases de efecto invernadero para 2030 pasa del 61% al 63%, según sus cálculos. Los ingresos obtenidos con las penalizaciones se destinarán exclusivamente a la acción por el clima en la UE y en los Estados miembros.

Para la Organización internacional del transporte por carretera (IR), sin embargo, es una ley «impracticable» y sin ningún «impacto real» porque incluye los «35 millones de vehículos industriales, pero excluye los 300 millones de vehículos privados», en referencia a los turismos particulares que no serán incluidos hasta 2029. «En lugar de establecer un incentivo para descarbonizar el sector del transporte por carretera, el ETS II penalizaría a los operadores de transporte», afirma IRU.