20/06/2022 AUTÓNOMOS EN RUTA
El combustible sigue siendo tristemente el protagonista de las tensiones a las que se enfrenta el transporte de mercancías por carretera. Durante el mes de mayo, no sólo ha seguido marcando nuevos récord históricos de los precios, sino que las bonificaciones puestas en marcha por el gobierno no están llegando a los transportistas.
El Combustible o más bien su precio, se ha convertido en una de las mayores amenazas coyunturales para el transporte de mercancías por carretera, hasta el punto de que ni con las medidas puestas en marcha por el Gobierno para abaratar su consumo, parece ser suficiente, pues el mercado ya se ha encargado de asumir la práctica totalidad de la bonificación. Esa es la denuncia que llega estos días tanto desde el propio sector, como desde el Ministerio de economía; la propia vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha salido a la palestra para “advertir” a los operadores de que el Ejecutivo pondrá fin a la bonificación de los 20 céntimos para rebajar el coste del combustible si los operadores la absorben y mantienen los precios.
Esta es la situación que atraviesa hoy por hoy el transporte profesional, que ya reclama una prórroga de la subvención al combustible más allá del 30 de junio, fecha en que debía terminar este “periodo de gracia” negociado entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera, aunque luego se hizo extensible a todos los usuarios particulares también.
El sobrecoste por camión acumulado con respecto al año anterior debido al incremento del coste del combustible ronda los 2.000 euros mensuales por camión
Y es que según los datos difundidos por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), que recoge el precio medio de las estaciones de servicio españolas, con respecto a hace un año, sin tener en cuenta el descuento de 20 céntimos, la gasolina es más de un 40% más cara y el diésel, más afectado por la guerra de Ucrania, más de un 55%.
En concreto, el precio medio de la gasolina la tercera semana de mayo en España fue de 1,898 euros por litro, mientras que gasoil es de 1,887 euros por litro. Si nos fijamos sólo en el periodo desde que comenzó el conflicto bélico en Ucrania, en los escasos meses que van desde finales de febrero hasta mayo, la gasolina ha subido un 19,2% , mientras que el gasóleo se ha incrementado en un 27,6%.
Nadia Calviño: vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital
“Antes de hablar de posibles prórrogas más allá del 30 de junio, cuando finalizan las medidas anunciadas, habrá que ver primero si alguna medida hace que se mantengan los precios porque si los operadores están absorbiendo la ayuda, no seguiremos con esa subvención”.
De momento, Calviño no ha querido confirmar si el Gobierno tiene indicios de que está sucediendo esto con la bonificación al combustible, limitándose a declarar que se está siguiendo “ muy de cerca el mercado de carburantes”. Pero ha dejado claro que antes de hablar de posibles prórrogas más allá del 30 de junio, cuando finalizan las medidas anunciadas, habrá que ver primero si “alguna medida hace que se mantengan los precios porque los operadores están absorbiendo la ayuda, no seguiremos con esa ayuda”.
La Agencia Tributaria ha pagado el 60% a las gasolineras
Ante este panorama, no son pocos los que piensan, que los operadores petroleros estarían aprovechando la coyuntura para incrementar los precios de venta al público y asumir así la bonificación establecida por el Gobierno. De hecho, desde este sector han expresado públicamente las dificultades económicas que les supone a las estaciones de servicio adelantar estas subvenciones, una tarea imposible en muchos casos, sobre todo si hablamos de estaciones de servicio pequeñas.
No obstante, a mediados de mayo, la Agencia Tributaria informó que ya se habían ingresado 491 millones de euros a las estaciones de servicio y otros operadores del sector, un ingreso que se suma a los 309 millones de euros abonados en concepto de los anticipos solicitados por el sector y los 182 millones correspondientes a las devoluciones requeridas.
Estas cifras implican el pago de la práctica totalidad de los anticipos solicitados por los operadores del sector, gasolineras y otras empresas de venta directa. Y, respecto a las devoluciones, se han abonado casi el 60% de las solicitudes presentadas.
Los cargadores entran en escena
A la denuncia de abuso por parte de las petroleras, se ha sumado también un nuevo frente, esta vez directamente relacionado con el transporte profesional: la denuncia por parte de algunas asociaciones de transporte de que muchas de sus empresas asociadas están recibiendo presiones por parte de sus clientes para bajar las tarifas de sus servicios de transporte de mercancías.
Así, por ejemplo, Astic señalaba como las empresas cargadoras les estarían exigiendo rebajarles los 20 céntimos por litro/kilo de bonificación aplicada a algunos combustibles establecida por el Gobierno en el Real Decreto-ley 6/2022, del 29 de marzo, en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Algunas asociaciones de transporte denuncian que muchas de sus empresas asociadas están recibiendo presiones por parte de sus clientes para bajar las tarifas de sus servicios de transporte de mercancías amparándose en la cláusula de revisión y en la subvención de 20 céntimos por litro
Las “argucias” utilizadas por los clientes de los transportistas para beneficiarse de ese descuento según trasladan algunas otras fuentes, son diversas y van desde modificar la fórmula que se utiliza para calcular la revisión de las tarifas en función de la variación del precio del combustible (en este caso pretendiendo incluir la bonificación de 20 céntimos para forzar una rebaja de las tarifas), hasta cambiar el peso que se le concede al combustible en relación al precio del transporte.
A este respecto, Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC, aclara que “en los acuerdos alcanzados en marzo (…) no se negociaron ayudas para los clientes de los transportistas”, al tiempo que señala que “los transportistas de larga distancia se han visto obligados durante demasiado tiempo a desembolsar al mes una media de 2.000 euros más por camión en combustible”.
El MITMA da un tirón de orejas
El MITMA viene a decir sin paliativos que la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible no debe descontarse del precio del transporte, sino que es una bonificación única y exclusiva para el transportista.
Mecanismo de ajuste del impuesto especial
El problema del incremento de costes que soportan las empresas transportistas no es exclusivo de España, ni de Europa, sino que afecta a buen parte del sector a nivel mundial.
Según denuncia la International Road Union (IRU), los precios del gasóleo han subido un 63% en todo el mundo desde enero de 2021, y se han disparado desde la guerra de Ucrania, sin que se vislumbre el fin de la volatilidad. “Estas subidas de los precios del combustible han afectado a los márgenes de los operadores en un 9% en dos meses, pero sus márgenes de beneficio neto suelen ser de poco más del 3%”, señalan desde la organización.
El análisis que lleva a cabo IRU, afirma que la escalada de los precios de los combustibles está impulsando la inflación en la economía mundial, lo que provoca a su vez que las cadenas de suministro se enfrentan a bloqueos. Y en este contexto, además, “el creciente riesgo de quiebra de los pequeños operadores romperá aún más las redes de movilidad y logística, y significará que son menos capaces de invertir en nuevos vehículos para descarbonizar”.
En palabras de Radu Dinescu, Presidente de la IRU, “los operadores de transporte por carretera se enfrentan a una crisis de liquidez, especialmente el 90% que son pequeñas y medianas empresas. La volatilidad de los precios del gasóleo y las condiciones comerciales inflexibles hacen que tengan poco margen de maniobra y que las quiebras aumenten. Esto perjudicará la capacidad y la eficiencia de la red de transporte por carretera, lo que repercutirá en las cadenas de suministro, la inflación y la economía en general. Tenemos que actuar ahora».Medidas de emergencia
El plan de emergencia de IRU incluye 17 medidas gubernamentales para apoyar a los operadores de transporte por carretera, especialmente para aliviar la volatilidad del precio del combustible, y para reajustar las hojas de ruta de descarbonización a las nuevas realidades de la creciente inseguridad energética.
Entre las medidas, IRU reclama un mecanismo de ajuste del impuesto especial sobre el combustible para los operadores de transporte comercial, a fin de proporcionar seguridad a corto plazo y evitar el colapso parcial de las redes de transporte por carretera y la inflación. En Alemania, por ejemplo, una reducción temporal del impuesto especial del 87% significaría que un operador alcanza el equilibrio en lugar de perder dinero.
Según los datos difundidos por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), que recoge el precio medio de las estaciones de servicio españolas , con respecto a hace un año, sin tener en cuenta el descuento de 20 céntimos, la gasolina es más de un 40% más cara y el diésel, más afectado por la guerra de Ucrania, más de un 55%
Debido a las enormes diferencias de hasta el 96%, IRU también pide que todos los modos de transporte comercial paguen el mismo impuesto sobre el combustible para mantener el rumbo de los planes de descarbonización, así como para acelerar las medidas de eficiencia mediante el transporte colectivo por carretera y los camiones ecológicos.
En medio de una mayor inseguridad energética y un creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda de combustible, también es necesario que todos los combustibles alternativos y existentes, bajos o nulos, sigan siendo operativos. Los gobiernos deberían revisar cuidadosamente las políticas de descarbonización para planificar un cambio más gradual hacia los combustibles renovables, más allá de los vehículos eléctricos de batería, y reducir las distorsiones del mercado, como el cobro a los usuarios de la carretera y las zonas de emisión cero que excluyen las opciones de combustible de bajo carbono ya operativas, como el biodiésel y el bioGNL.
El Gobierno ya ha abonado casi 250 millones en ayudas directas
El Gobierno, a través de la Agencia Tributaria, ha abonado ya casi 250 millones de euros en ayudas directas al sector del transporte, tanto a empresas como a autónomos, tras recibir hace unas semanas la autorización de la Comisión Europea. El número de transportistas beneficiarios de este apoyo económico asciende a 89.675.Como se recordará, el Gobierno puso a disposición del sector un total de 450 millones de euros a través de este mecanismo. Las ayudas varían en función del número y el tipo de vehículo explotado por cada beneficiario. De esta manera, esta ayuda pública se concede a razón de 1.250 euros por camión; 950 euros por autobús; 500 euros por furgoneta o ambulancia; y 300 por cada taxi o vehículo de alquiler con conductor.
El importe máximo para percibir por compañía o empresario por razón de estas ayudas directas al transporte es de 400.000 euros.
