17/06/2022 EL PAÍS
Los precios de la gasolina y el gasóleo no dan tregua. Los importes marcan nuevos máximos, encaramándose por encima de los dos euros en origen para ambos tipos de combustible, justo cuando quedan dos semanas para el final de la actual ayuda de 20 céntimos por litro de carburante que el Gobierno puso en marcha en abril. No hay duda de que las subvenciones no acabarán el 30 de junio, pero el Ejecutivo todavía no ha detallado si las prorrogará en su actual formato (que no ha impedido que la gasolina ya salga al consumidor más cara que a finales de marzo, pese al descuento obligatorio) o si añadirá nuevas medidas. “Todo está abierto”, indican fuentes del Gobierno.
La pregunta es recurrente, y pocos ministros han podido evitar hablar últimamente de lo que pasará con las ayudas al combustible a partir de julio. Los últimos datos del mercado de carburantes tampoco ayudan. El litro de gasolina se paga esta semana en España a una media de 2,117 euros, lo que supone un 3,3% más que hace siete días. Ese importe, que recoge el último Boletín Petrolero de la Unión Europea, no tiene en cuenta la subvención. Aplicando el descuento, ir ahora al surtidor sale 10 céntimos más caro que antes de aprobarse la ayuda, ya que desde finales de marzo la gasolina se ha encarecido 30 céntimos en origen.
En el caso del diésel, la ayuda todavía supone tres céntimos de ahorro, ya que el litro es 17 céntimos más costoso que antes de la entrada en vigor de la subvención, el pasado 1 abril. Pero, aun así, el gasoil lleva tres semanas batiendo su plusmarca y en los últimos datos del boletín europeo supera, por primera vez en la historia, los dos euros por litro (2,004).
¿Cómo se traslada eso a los consumidores? Con los importes actuales, llenar un depósito de tamaño mediano (55 litros) sale a 116,4 euros para un coche de gasolina y a 110,2 euros para un diésel. En ambos casos hay que descontar 11 euros de la subvención, lo que supone que al final los conductores de un vehículo a gasolina pagan ahora 5 euros más que a finales de marzo y los que usan gasóleo se ahorran unos dos euros.
Una solución cuestionada
La segunda duda, alimentada desde dentro del propio Ejecutivo, es si una solución universal dirigida a todos los conductores, independientemente de su poder adquisitivo, es la más adecuada y resulta sostenible en el tiempo. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya expresó en abril que de persistir la situación de carestía de los combustibles, ese sería un aspecto a revisar. A falta de dos semanas para que finalice el plazo inicial de la medida, las cosas parecen estar en el mismo punto. “Parece, por ahora, que lo recomendable es seguir manteniendo un descuento generalizado”, dijo la vicepresidenta este miércoles. En las mismas declaraciones, recogidas por EP, admitió que el Ejecutivo estudia cómo “focalizar más el esfuerzo en los colectivos profesionales, en los grupos más vulnerables o en las clases medias”.
Con la posibilidad de que esas medidas vinieran por el lado de la fiscalidad, las miradas se han detenido también esta semana en la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta aseguró, también el miércoles, que “la bonificación de carburantes generalizada está protegiendo fundamentalmente a la clase media”, por lo que dijo que le parece “conveniente” su prórroga. Pero Montero dejó claro que eso no excluye que el Gobierno esté estudiando fórmulas para “que aquellos que gozan de un mayor privilegio de renta contribuyan en mayor medida”. Ambos debates, completó, son “complementarios y no son antagónicos”.
Plazo apurado
Las únicas propuestas concretas que se han conocido han llegado de la parte de Unidas Podemos en el Ejecutivo. El Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Ione Belarra, ha pedido públicamente la extensión de todo el escudo social (que incluye las ayudas a los carburantes, pero también otras medidas como los topes de actualización a los alquileres) hasta final de año. Además, en ese departamento han insistido en complementar las actuales medidas con otras nuevas, como una rebaja sustancial del precio del transporte público mediante un fondo de compensación a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para que abaraten sus abonos de transporte.
Si algo de eso aparecerá o no en el decreto de prórroga, todavía no se sabe. Un portavoz de Transición Ecológica admite que ha habido debate con la idea de centrar más las ayudas en los más vulnerables, pero resalta la “complejidad” de implementar algunas soluciones, lo que está en manos del equipo económico del Gobierno. En los ministerios económicos cunde precisamente la discreción, aunque fuentes del Ejecutivo señalan que “lo más probable” es que la subvención siga como está a partir de julio. Insisten en el argumento de que lo contrario “es muy complejo, y por eso lo más razonable es prorrogarla tal cual”. Pero nadie se atreve a asegurarlo al 100%: “Está abierto, queda tiempo y seguro que va a haber muchas reuniones”. Más consenso hay entre las fuentes en que difícilmente el asunto llegará al Consejo de Ministros del próximo martes. Y eso, salvo que se convoque un consejo extraordinario, deja el martes 28 de junio como la fecha más probable para conocer las ayudas a los combustibles que se aplicarán en verano, una temporada muy ajetreada en las carreteras españolas.