La pasada semana se presentó en las Juntas Generales de Bizkaia el Proyecto de Norma Foral para la implantación de un peaje a los vehículos de más de 3,5 toneladas por utilizar los siguientes tramos: la A-8 y la BI-10, desde Basurto hasta El Haya; la N-240 por Barazar, desde El Gallo hasta la variante de Ubidea; la N-636 desde Durango a Gipuzkoa (Kanpazar); la BI-30 (antigua N-637), entre Erletxes y Rontegi; y la BI-625, desde Laudio hasta Basauri.

El diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, ha apelado a los grupos junteros a que, a partir de ahora, incorporen “sugerencias” y “aportaciones” para “mejorar” el texto normativo.

La Diputación ha propuesto abordar desde el “consenso político y social” la puesta en marcha del sistema para “resolver los desequilibrios” y avanzar hacia un modelo “más eficiente”, en línea con las políticas europeas.

Pradales aseguró que su departamento “no ha tomado ninguna decisión” en relación a las tarifas, las cuales serán aprobadas a través de un decreto foral posterior, y explicó que irán “de la mano” del sector para incorporar a la norma foral “las cuestiones que podamos”. Han sido “más de 15 reuniones” con los representantes del sector, a lo que se ha sumado una reunión reciente con el grupo ecologista Ekologistak Martxan, según el diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

La Asociación de Transportistas Autónomos Vascos (Asotrava) sigue manifestando su oposición al mismo tal y como ya fue trasladado personalmente el 9 de mayo a Imanol Pradales, y a los grupos Elkarrekin Podemos y Bildu, con los que ha mantenido varias reuniones. Del mismo modo lo hicieron la Asociación de Transportistas Trabajadores Autónomos del Puerto de Bilbao (TransportBilbao) o la Asociación Empresarial de Transportes de Bizkaia (Asetrabi), entre otras.