La norma aprobada pasa por someter a peaje a casi todo el trazado de ambas vías, a fin de tratar de no incurrir en los mismos “errores jurídicos” que afectaron a las regulaciones anteriores, para lo que plantea establecer hasta 32 puntos de control para el cobro del peaje, frente a los cuatro existentes con anterioridad. Para ello, a fin de asumir la mayor inversión que tal infraestructura supondrá, se propone incrementar el importe de los peajes, llegando a triplicar el peaje exigido hasta su anulación.

Así la cuantía del peaje propuesta para los camiones de mayor tonelaje asciende a los 0,28 euros por kilómetro recorrido, superando el de la media de las autopistas de peaje de alta capacidad del resto del territorio nacional, que se sitúa en una media de 0,19 euros en las autopistas de peaje españolas (por ejemplo, en el caso de la autopista AP-68 que conecta Bilbao con Zaragoza, el coste por kilómetro en la actualidad para un camión se sitúa en 0´16 euros/km). Ello que implicará que cada camión deberá soportar un peaje por trayecto recorrido de hasta 14´80 euros, frente a los 5´94 euros que soportaba en la actualidad.

En todo caso, su puesta en marcha no se producirá antes del primer trimestre del año 2023, ya que antes deberá ser validada por la Comisión Europea en lo que se refiere a su compatibilidad tarifaria con lo establecido en las directivas europeas en materia de tarificación de infraestructuras.