El paquete europeo ‘FIT for 55’, nuevo peligro para el transporte marítimo

03/12/2021 TRANSPORTE XXI

España muestra su oposición a la propuesta de normativa y el sector solicita que la OMI fije medidas globales para frenar la contaminación sin distorsionar la competencia.

La adopción del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) contaminantes al transporte marítimo forma parte de las medidas del paquete ‘FIT for 55’ para costear el fondo de recuperación por la pandemia de la economía europea y promover una reconstrucción sostenible. En concreto, la Comisión Europea quiere recaudar de las navieras con los reglamentos ETS y FUEL EU por las emisiones realizadas por sus buques cuando hagan escala en un puerto comunitario, mientras que no se contabilizarían estas emisiones cuando la escala se produjera en un enclave no comunitario.

La propuesta está siendo muy criticada en la propia Europa. Particularmente en España donde Administración, patronales, puertos, sindicatos, asociaciones de cargadores, transitarios y operadores portuarios han mostrado su público malestar por una medida que, en el fondo, “significaría el traslado de las emisiones a otros países periféricos, ya que las navieras buscarían “evadir” sus emisiones a otros puertos del norte de África o Reino Unido para pagar menores impuestos por sus emisiones en las rutas desde Extremo Oriente.

El objetivo de la Comisión Europea es recaudar 10.000 millones de euros con esta medida, pero “dándose un tiro en el pie, porque las consecuencias para el sector serían muy perjudiciales en el desvío de tráficos”, explican desde el sector portuario.

En concreto, el Gobierno de Sánchez, a través de la Dirección General de la Marina Mercante y de Puertos del Estado, ha remitido sólidas alegaciones a la Comisión Europea para detener el contenido actual de esta propuesta e intentar flexibilizarla para atenuar su impacto. El objetivo es “evitar la fuga de carbono a países limítrofes con España y el posible desvío del tráfico marítimo a puertos limítrofes no comunitarios”.

Puertos del Estado indica que “el establecimiento de un ETS limitado a la Unión Europea incorpora costos adicionales por servicios soportados por terminales hub europeas, que distorsionan inmediatamente las condiciones de competencia entre estas y las ubicadas en norte de África y Reino Unido, hasta el punto de provocar probables transferencias de tráfico de transbordo” en los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona.

En este sentido, el organismo público expone que “según estudios realizados por las Autoridades Portuarias se estima que entre el 30 y el 60 por ciento de las escalas de transbordo interoceánico podrían ser transferidas a puertos del norte de África”.

De idéntica forma, asociaciones empresariales como Anesco y Feteia-Oltra han solicitado a la Comisión Europea que proceda a un replanteamiento de la medida que gravaría las emisiones de efecto invernadero de todos los buques de arqueo bruto superior a las 5.000 toneladas durante su escala en puertos comunitarios.

Acción global en la OMI

La patronal de transitarios, que preside Enric Ticó, propone “una acción global en la Organización Marítima Mundial (OMI)” para que se pueda dar “la igualdad de condiciones entre los puertos del espacio económico europeo y de fuera del mismo, evitando la creación de nuevas distorsiones del mercado”.

Por su parte, la asociación de empresas estibadoras Anesco, bajo la dirección de José Luis Romero, propone que se establezcan “mecanismos que mitiguen riesgos y su impacto en la competitividad y el empleo de los puertos”, ya que “el tránsito de contenedores es una actividad muy voluble que se fundamenta en el coste de la escala”, por lo que “un incremento sustancial de dichos costes originará un desvío sustancial fuera de los puertos españoles hacia otros competidores en los que no se aplique la normativa”.

Junto a estas, la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (SPC Spain), que preside Elena Seco, indica que la propuesta europea haría que el barco “sea menos competitivo y atractivo en comparación a la alternativa de cadena única (camión) y penalizar al transporte marítimo podría conducir a la devolución de la carga a la carretera, con el consiguiente aumento neto de las emisiones de CO2, contrario al objetivo perseguido”.

Desde SPC Spain se explica que “la posible implementación unilateral por parte de Europa del Sistema de Comercio de Emisiones al transporte marítimo crea una gran incertidumbre, poniendo en peligro su competitividad frente a otros modos de transporte”. La asociación defiende que “a la hora de establecer nueva normativa, tanto la UE como la OMI, se debe analizar el carácter excepcional del transporte marítimo de corta distancia para evitar una transferencia de carga a la carretera”.

Por otro lado, la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, que preside Gerardo Landaluce, en un consistente informe de alegaciones, defiende medidas de mitigación “para hacer frente a las fugas de transbordo” que existirían de aplicarse la normativa propuesta, y que afectaría a un 60 por ciento del tráfico de transbordo del enclave en favor de Tánger-Med.

En concreto, el enclave español propone “añadir un segundo mecanismo que obligue a los buques procedentes de un puerto de transbordo vecino a declarar, y pagar los derechos de emisión de carbono, por aquellos contenedores procedentes originariamente de un tercer país al entrar en un puerto europeo”.

Exenciones o inclusiones

Asimismo, se propone la figura de las “exenciones”, para que “determinados puertos de transbordo de Europa queden exentos, o la de “inclusión” por la que “los buques estarían obligados a liquidar los derechos de emisión en los puertos de transbordo vecinos como en cualquier otro” de la Unión Europea. Esta última medida sería “la preferida” por el enclave español para atenuar el impacto.

Junto a Algeciras, la Autoridad Portuaria de Valencia, que preside Aurelio Martínez, advierte de que, pese a compartir el paquete de medidas ‘FIT for 55’, con su implantación “se estaría contribuyendo a generar una pérdida de eficiencia del sistema portuario español motivada por la reducción de nivel de conectividad”.

En resumen, desde el enclave valenciano se sostiene que “la medida, tal y como está prevista, tendría un doble efecto negativo al no eliminar el nivel de emisiones y reduciendo la competitividad del tejido productivo de España”.

 

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