30/06/2021 RUTA DE TRANSPORTE
El Consejo de Ministros de este martes 29 de junio ha aprobado el Real Decreto de traspaso en materia de transportes por carretera de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales relativos a transportes privados, actividades auxiliares y complementarias el transporte, arbitraje y competencia profesional para el transporte y para las actividades auxiliares y complementarias del mismo.
La decisión firma parte de un paquete de cuatro reales decretos que formalizan el traspaso de las nuevas competencias al País Vasco que se acordaron el pasado 10 de mayo, en la Comisión Mixta de Transferencias.
En el caso concreto de las competencias de transporte por carretera desde el Estado hasta la Administración regional vasca, el traspaso, según ha confirmado el Gobierno de Pedro Sánchez, será efectivo a lo largo del presente año 2021, cuando se suscriban los correspondientes Convenios Forales de actualización y equiparación en materia de transportes terrestres por carretera
La transferencia de las competencias en materia de transporte por carretera, tal y como detallan desde el propio Gobierno vasco, supone para el mismo asumir los medios para la ordenación, coordinación, inspección y control del transporte por carretera que discurre íntegramente dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como los que, sin que discurran por ella, tengan su origen y destino en Euskadi. En resumen, asumirá la gestión de autorización de operador de transporte, otorgamiento y gestión de concesiones de transporte privado, actividades auxiliares y complementarias del transporte, arbitraje y gestión de los exámenes de competencia profesional para el transporte y para las actividades auxiliares.
ASTIC: «INADECUADA Y CONTRAPRODUCENTE»
La primera reacción a este traspaso competencial que afecta al sector del transporte por carretera no se ha hecho esperar y ha llegado de la mano de Astic, organización desde la que no dudan en precisar que «tratándose de uno de los dos pasos principales de los vehículos de nuestros miembros hacia la mayoría de sus destinos en Europa, con la excepción de Portugal, esta es una medida que nos parece de todo punto inadecuada y contraproducente, sin que, por otra parte, logremos entrever en qué medida pueda ser beneficiosa ni para el transporte por carretera ni para los intereses generales del tejido empresarial español, particularmente el exportador o importador de bienes. Además, se puede temer sin demasiado temor a estar equivocado que esta medida pueda ser antesala de actuaciones similares en el otro territorio de paso, como es Cataluña».
Para Astic, «ya resulta compleja en extremo la adaptación a las muy variadas formas de interpretar y aplicar la regulación de la UE que tienen los estados miembros de la misma (y hay numerosos ejemplos de ello: restricciones, desplazamiento de trabajadores, presión inspectora, fiscalidad, peajes, hasta las famosas pegatinas de “angle mort”) y ello a pesar que dicha normativa tiene como fin precisamente el uniformizar y armonizar el campo de actuación de las empresas de transporte por carretera que tienen su sede dentro del territorio de la UE».
En este contexto, el director general de Astic, Ramón Valdivia, considera que «crear artificialmente nuevas ‘piezas del puzzle’ no parece que pueda ser considerado precisamente un acierto, máxime cuando, como he dicho, no se alcance a comprender en qué aspectos ni en qué medida esta nueva ‘división’ pueda beneficiar a transportistas o a sus clientes. En buena lid, la aplicación de este acuerdo sobre la ordenación, coordinación, inspección y control del transporte por carretera en ese territorio debería ser uniforme con la que se ejerce sobre los transportistas fuera de él y, siendo así, ¿qué sentido tiene la transferencia de cara al mejor funcionamiento del transporte por carretera?».
La valoración de Astic al traspaso acordado entre el Gobierno de España y del País Vasco lleva a esta organización a lamentar que «de nuevo se deja en el olvido que no sólo es que a la propia naturaleza del transporte por carretera le sea muy difícil encajar variaciones en la regulación o en la aplicación de la misma basadas en ‘fronteras’ sino que, para mayor complicación, existen cada vez más empresas de este sector con sedes en diferentes territorios nacionales e incluso internacionales (y sería bueno que se acelerase este aspecto)».
