12-03-2021 EL CONFIDENCIAL
El principio de ‘quien contamina paga‘ ha sido ampliamente difundido y es de sobra conocido como uno de los estandartes en defensa y conservación del medio ambiente, en cualquiera de sus diferentes ejes de acción. Su aplicación depende de la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad ambiental, cuyo objetivo es prevenir o aplicar soluciones a los daños medioambientales que son causados a especies protegidas y ecosistemas naturales en peligro, así como el mantenimiento de las buenas condiciones del agua y el suelo.
De producirse un daño, la empresa o el responsable tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para remediarlo, asumiendo los costes de su propio bolsillo. Esto se denomina ‘internalización de costes de los daños causados‘. Bajo este principio se ampara la fiscalidad ambiental, una herramienta tributaria (conjunto de impuestos y tasas) que la legislación exige como consecuencia de los daños realizados al medioambiente a causa de su actividad.
Lo recaudado con los impuestos a los carburantes ni siquiera llegó a cubrir el coste de mantenimiento de las carreteras
El aumento del efecto invernadero, principal causante del cambio climático según los diversos informes del IPCC, tiene su origen en la contaminación antropogénica causada por los diferentes usos de los combustibles fósiles como fuente energética para llevar cabo todas las actividades de nuestro sistema socioeconómico. Por ello, hablar de una fiscalidad energética activa y verde como una palanca disruptiva para descarbonizar la economía no es una utopía sino, según diferentes expertos en la materia, una necesidad y una oportunidad para acelerar el alcance de los objetivos asumidos dentro del marco del Acuerdo de París. Sin embargo, ¿realmente es así? ¿Pagan más las empresas que más contaminan?
El diésel y la gasolina parecen intocables
El pasado 30 de octubre, el Gobierno de España publicó su anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, que, para asombro de muchos, incluía una propuesta para la reducción de la bonificación fiscal de que goza el diésel. El gravamen (cargo impositivo) pasaría de los 30,7 cént./€ por litro actuales a los 34,5 del nuevo tipo, continuando por debajo de los 40,07 cént./€ por litro de la gasolina. El Gobierno pretendía recaudar unos 500 millones de euros durante 2021 y 2022, sin que el nuevo gravamen se aplicara sobre las actividades de uso profesional y bonificadas (transporte y distribución, principalmente). El Plan Presupuestario enviado a Bruselas en 2018 también incluía esta medida.
A nivel macroeconómico no suponía una gran recaudación tributaria para las arcas del Estado (0,22% sobre la recaudación total prevista para 2021), pero la intención y el camino que pretendía abrir eran muchas veces demandados. El conjunto de las asociaciones ecologistas aplaudió al unísono el buen propósito de la medida, pese a que se seguía sin igualar el gravamen del diésel al de la gasolina, a pesar de que ambos tienen la misma ratio de emisiones de dióxido de carbono (CO₂), pero el diésel emite de dos a tres veces más óxido de nitrógeno (NOx), según indica Transport and Environment.
La nueva propuesta duró 21 días. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) la tumbó al primer envite de la negociación, ya que el Gobierno necesitó de su apoyo para aprobar los nuevos Presupuestos, siendo la eliminación del nuevo gravamen al diésel el principal condicionante para el acuerdo.
A pesar de ello, actualmente en nuestro país existe, entre otros impuestos ambientales, la Ley 15/2012 de fiscalidad para la sostenibilidad energética. En su articulado, se incluye el impuesto especial de hidrocarburos, que, según la Agencia tributaria, recaudó 12.264 millones de euros en 2019, una cantidad que, por ejemplo, no alcanzó para cubrir los alrededor de 13.000 millones que costó la conservación y el mantenimiento de las carreteras.
Si, además, lo comparamos con el gasto sanitario anual causado por la contaminación —calculado por la Alianza Europea de Salud Pública— en la ciudad de Madrid (3.383 millones de euros) o Barcelona (con 2.020 millones), se advierte que los impuestos actuales sobre los combustibles fósiles son bajos, pese a la repercusión directa sobre la salud de las personas en particular y el medio ambiente en general.
Crear una Ley de Fiscalidad Verde
Para evitar lo acontecido en la negociación sobre los PGE 2021, diversas asociaciones, entre las que destaca la Fundación Renovables, han propuesto crear una Ley de Fiscalidad Verde propiciada por la propia Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Con ella, todos los cambios normativos y los nuevos planes estratégicos que afectaran a la tributación se encontrarían amparados por una figura legislativa con rango de ley que permitiría dar soporte regulatorio a la aceleración de la transición ecológica.
La fiscalidad verde supone cambiar los conceptos sobre los que hay que aplicar los impuestos o bonificaciones, sin necesidad de incrementos fiscales. Consecuentemente, no se limita exclusivamente a gravar las tecnologías y las actividades más contaminantes, sino también a bonificar e incentivar aquellas que son sostenibles (la rehabilitación energética de edificios, el autoconsumo fotovoltaico, la adquisición de vehículos eléctricos, etc.).
Además, la recaudación propiciada por la revisión al alza de los impuestos sobre los combustibles fósiles se aplicaría, con criterios redistributivos, a las actividades beneficiosas mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta exenciones progresivas y decrecientes para las familias y los sectores con mayor vulnerabilidad.
No solo lo dice la Fundación Renovables. La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) apoya el uso de una fiscalidad verde y activa, señalando numerosos beneficios en su informe de tributación ambiental. Destacan el apoyo a la potenciación e innovación tecnológica libre de emisiones de GEI, la mejora de la competitividad del sector privado, la atracción y generación de actividad económica, la electrificación de las energías más contaminantes, la creación de empleo de calidad a medio/largo plazo y el saneamiento del sistema fiscal.
De esta manera, parece que una Ley de Fiscalidad Verde como herramienta activa podría ser un elemento clave para cumplir los numerosos objetivos contemplados en el Marco Estratégico de Energía y Clima del Gobierno, ser neutros en emisiones en 2050 y aplicar el principio de ‘quien contamina paga‘.