12/07/2016 LA VANGUARDIA
La Comisión Europea (CE) ha abierto dos investigaciones en profundidad para comprobar si las exenciones fiscales a las actividades económicas portuarias que contemplan las legislaciones belga y francesa se ajustan a las normas comunitarias de ayudas de Estado.
La CE informó que pretende así determinar si estas legislaciones otorgan a las empresas de este sector ventajas sobre sus competidores en otros Estados miembros.
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, destacó la importancia de los puertos en la economía de la Unión Europea (UE), y señaló que «las exenciones fiscales no deberían distorsionar la competencia dando una ventaja injusta a algunos puertos sobre otros en Europa».
«La competencia transfronteriza juega un importante papel en el sector portuario y la Comisión está comprometida a asegurar un marco de igualdad en este sector económico tan importante», señaló el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
La actividad principal de los puertos es la transferencia de personas y cargamento, así como la provisión de infraestructuras a las compañías de transporte, las constructoras navales y otras empresas.
La institución considera que esta operación comercial de infraestructura portuaria constituye una actividad económica por la que los puertos deberían pagar el impuesto de sociedades.
Sin embargo, según la CE, otras actividades que también se llevan a cabo y que están vinculadas a el ejercicio de responsabilidades estatales esenciales (como la seguridad, la vigilancia o el control del tráfico) «quedan fuera del alcance del control de la UE de las ayudas estatales».
Una exención del impuesto de sociedades para los puertos que obtienen beneficios de estas actividades económicos supone una ventaja selectiva para estos, en comparación con sus competidores en otros Estados miembros, y por lo tanto implica una ayuda estatal conforme a las reglas de la UE», señala la Comisión.
La CE se refirió a una serie de puertos en Bélgica y Francia que están exentos en su totalidad del impuesto general e sociedades.
En enero pasado, tras una investigación sobre el funcionamiento de los puertos en los Estados miembros, la CE pidió a Bélgica y a Francia que ajustasen su legislación fiscal a las reglas comunitarias sobre ayudas estatales y abolieran esta exención.
Estas propuestas no fueron aceptadas por ambos países, lo cual motivó la apertura de estas investigaciones en profundidad.