28/04/2016 DIARIO DEL PUERTO
Tal y como adelantó Diario del Puerto, hoy jueves está previsto que la Comisión Europea anuncie el paquete de infracciones correspondiente al mes de abril de los distintos países de la Unión por incumplimiento en la transposición y ejecución de la legislación europea.
Todas las miradas del sector de la estiba se dirigen por tanto hoy a Bruselas pues, tal y como avanzó este Diario, todo apunta a que entre las infracciones podría estar este mes la nueva denuncia contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplimiento de la sentencia hecha pública el 11 de diciembre de 2014, por la cual se condenó a España al considerarse su régimen de estiba contrario al derecho de la Unión.
Como quiera que han pasado más de 16 meses desde la sentencia y España no ha comunicado formalmente a la Comisión Europea su plan concreto para cumplir la sentencia del Tribunal, cada día que pasa viene siendo más inminente que Bruselas vuelva a denunciar a España. La Administración española preveía que la segunda denuncia se hubiera concretado ya en enero, si bien la indefinición del panorama político en el país hacía albergar esperanzas de que la medida se fuera retrasando, algo en lo que ha trabajado Puertos del Estado desde el final de la legislatura pasada. Con todo, dicho panorama no se despeja sino que se enreda aún más con la inminente convocatoria de elecciones para el próximo 26 de junio, lo que dibuja un futuro incierto ante el que la Comisión Europea no parece estar ya dispuesta a esperar.
Ayer, al cierre de esta edición y según fuentes próximas a la institución europea consultadas por este Diario, el anuncio hoy de la nueva denuncia contra el régimen de estiba español se daba como muy posible, si bien no se descartaban cambios en el último momento.
La materialización de una nueva denuncia por incumplimiento de la primera sentencia ante el Tribunal de Luxemburgo implica que ahora dicha institución pasará a analizar el expediente con el fin de dictar una nueva sentencia.
Si de nuevo España fuera condenada, lo que se da por seguro pues el incumplimiento ahora mismo no ofrece dudas, el castigo se plasmaría en forma de cuantiosas multas por cada día de retraso en el cumplimiento de la primera sentencia.
Ocho meses
Se estima que el Tribunal de Luxemburgo tarda una media de ocho meses en resolver un expediente de este tipo. Este es el tiempo orientativo que tendría el sector para negociar, pactar, aprobar y aplicar la reforma de la estiba si se quiere evitar las multas, un margen muy condicionado por el hecho de que en unos días volverán a disolverse las Cortes y el actual Gobierno seguiría en funciones como mínimo hasta mediados del mes de julio.